La subida del IPREM, un indicador clave para la cuantía de subsidios y el acceso a ayudas sociales que lleva prácticamente congelado desde hace una década, deberá esperar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recordado este jueves que el incremento de este índice es un compromiso del acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos y ha concretado que se plasmará en los Presupuestos, como establece la norma que lo regula.
El Gobierno de Zapatero creó el IPREM (Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples) en 2004 para sustituir al salario mínimo interprofesional (SMI) como referencia en diferentes ayudas sociales, subsidios, becas y prestaciones, tanto a nivel estatal, autonómico y local. El objetivo era que las subidas importantes en el salario mínimo no tuvieran tanta repercusión en las cuentas públicas.
En un inicio ambas cantidades estaban próximas, pero la distancia entre ambas referencias fue aumentando hasta dispararse en los dos últimos años. Este 2020 el SMI es de 950 euros al mes y IPREM se mantiene por el momento en los 537,84 euros mensuales, la misma cantidad desde 2017, cuando subió un 1% después de seis años de congelación.
El IPREM marca, por un lado, el acceso a numerosas ayudas y, por otro, su cuantía. Por ejemplo, es la referencia para poder acceder a la asistencia jurídica gratuita y a viviendas de protección oficial, así como para determinar la cuantía de subsidios de desempleo (como el de parados mayores de 52 años que perciben más de 362.000 personas) y de rentas mínimas autonómicas, como la de inserción andaluza.
Presupuestos para “antes del fin del verano”
La ministra Díaz ha afirmado que el IPREM debe fijarse en la ley que regula las cuentas públicas y que, sin ellas, “no se puede” aprobar el incremento del indicador. El Gobierno no ha aclarado cuál es su calendario para sacar las cuentas públicas adelante, pero el presidente Pedro Sánchez ha apuntado que confía en que España tenga Presupuestos “antes de que finalice el verano”.
El decreto-ley de 2004 que creó el IPREM recoge que “anualmente, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se determinará la cuantía del citado indicador teniendo en cuenta, al menos, la previsión u objetivo de inflación utilizados en ella”.
Fuentes jurídicas y sindicales consultadas sostienen que, aunque los Presupuestos Generales son la vía ordinaria para aprobar el aumento del IPREM, si existen razones de urgencia y necesidad, podría acordarse su incremento a través de una norma con rango de ley, como un real decreto-ley. Es lo que ha sucedido este comienzo de año con el aumento de las pensiones del 0,9% y del salario de los empleados públicos, así como el año pasado con el incremento de las ayudas por hijo a cargo contra la pobreza infantil.
Estas mismas fuentes reconocen que la subida del IPREM supone un impacto en el gasto público, porque muchas ayudas y subsidios están referenciadas a ellas: “Lo suyo es que cuente con una partida específica para ello en los Presupuestos”.
El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos no concreta cuál será la subida que propondrá el Ejecutivo progresista, aunque sí establece que su idea de estudiar “objetivar los mecanismos de actualización”. Es decir, crear un mecanismo más automático de incremento que no depende de la voluntad del Gobierno de turno, como ocurre ahora.
Dos expertos en pobreza y desigualdad consultados por eldiario.es explicaban que el IPREM tiene una gran incidencia en las condiciones de vida de los colectivos más vulnerables y que su congelación es uno de los motivos del incremento de la pobreza entre los desempleados, entre otros grupos de población.
Sara Ayllón, doctora en Economía Aplicada y profesora en la Universidad de Girona, recomendaba que –antes de crear este mecanismo automático para el IPREM– es necesario un contundente aumento previo del indicador: “El punto de partida es extraordinariamente bajo”.