Las Big Four no son un grupo de música. Tampoco es un juego de naipes. Son las cuatro consultoras más grandes del mundo a considerable distancia del resto, lo que les ha valido el apodo en el mundo económico. Son EY (Erns&Young), PwC (PriceWaterHouseCoopers), KPMG y Deloitte. Su poder es muy grande por su capacidad de influencia en las empresas que auditan y a las que asesoran sobre esquemas de ingeniería fiscal, entre otras cuestiones. Por eso, la Izquierda Unitaria Europea ha encargado un informe que estudie la operativa de estas cuatro entidades, para confirmar sus sospechas: son tremendamente opacas.
En su investigación, a la que ha tenido acceso eldiario.es, los autores (los expertos Richard Murphy y Saila Naomi Stausholm), se han encontrado con muchos problemas para identificar y seguir a estas entidades alrededor del mundo. En primer lugar, porque operan de forma franquiciada en cada país, con estructuras legales separadas aunque los mismos procedimientos allá donde estén. Los autores creen que estas estructuras estancas tienen como fin crear parapetos legales que las protejan a ellas y a sus clientes.
En el caso de Deloitte, EY y PwC, la empresa que se encarga de gestionar la propiedad intelectual del negocio está radicada en Londres bajo la forma de mutualidad, en una estructura societaria propia del país que se conoce como “company limited guarantee”. Esta fórmula es usada por ONG o fundaciones, también por clubs o sociedades. Eso le permite, bajo la regulación inglesa, no estar obligado a dar prácticamente información de sus cuentas y a no tener que responder por las actividades fuera de las fronteras de sus miembros. Por su parte, KPMG es una cooperativa suiza, según el informe.
En total, las cuatro grandes operan en 186 jurisdicciones, algo más que países ya que algunos son territorios de ultramar conocidos por tener diferentes regímenes fiscales que los países a los que pertenecen legalmente y que son conocidas por ser paraísos fiscales. Es el caso de Bahamas o Gibraltar. Las cuatro consultoras tienen negocios en 43 de los 53 paraísos fiscales que destaca el informe por su opacidad siendo KPMG la que tiene más presencia en estos territorios según los datos del informe.
El informe señala que el tamaño, la población y la economía de estos paraísos fiscales no justifica la presencia no de una sino de varias de estas oficinas. Puesto en relación con sus habitantes, el número más desproporcionado de oficinas de estas auditoras está en Bonaire (un territorio de Países Bajos), las Islas Vírgenes Británicas o Gibraltar. En Islandia, donde apenas viven 336.000 personas hay 23 oficinas de estas auditoras.
En Bahamas cada una de las consultoras tiene dos oficinas, excepto EY que solo tiene una. Las Islas Caimán, Aruba, Guernsey, Jersey o la Isla de Man son otros conocidos paraísos fiscales en los que cada auditora tienen su oficina de representación. Los autores del informe creen que la presencia en estas jurisdicciones tiene como fin prestar servicios ligados a esquema de elusión fiscal ligados al secretismo que garantizan estos países.
El informe detalla un dato relevante: entre PWC, Deloitte y KPMG (no han conseguido los datos de EY) tienen 579 trabajadores en las Islas Cayman, lo que supone un 2% de los trabajadores del archipiélago.
El informe reclama que estas auditoras, que en Reino Unido sin ir más lejos auditan a todas salvo una de las empresas del FTSE 100, esto es, las cien mayores empresa controladas del país, sean más transparantes e integren sus negocios de forma que sean responsables solidarios de lo que la marca hace en terceros países. Recuerda que el capitalismo actual se basa en parte en la confianza depositada en estas cuatro empresas que son las que dictaminan si las cuentas de una sociedad están bien o mal hechas. Por eso pide también que su unidad de auditoría esté mucho mejor separada del resto de negocios de consultoría que desarrolla la firma.
Durante la crisis el papel de las auditoras ha sido ampliamente criticado por haber dado el visto bueno a cuentas que luego resultaron un fiasco. En España, el caso más sonados ha sido el de Deloitte con Bankia, hasta el punto que el Gobierno cambió la ley para obligar a las cotizadas a rotar entre las auditoras. En el plano de la elusión fiscal, su nombre ha salido varias veces en Los Papeles de Panamá.
Entre las cuatro firmas facturaron en 2016, 120.000 millones de euros.