El Ministerio de la Seguridad Social ha situado ya las primeras reformas que negociará con los agentes sociales en esta nueva legislatura. La más destacada, la reforma de la jubilación parcial que quedó comprometida en la última fase de la reforma de pensiones, a la que se suma otra tarea pendiente de años: la revisión del retiro anticipado de las profesiones consideradas “penosas”. Además, abordará el papel de las mutuas en procesos traumatológicos pactada por patronal y sindicatos en mayo y otras reclamaciones de los sindicatos, como el seguimiento del ingreso mínimo vital.
Esta fue la hoja de ruta que salió este lunes por la noche del encuentro entre el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, y su equipo con los representantes de los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones patronales CEOE y Cepyme. “La reunión ha sido muy productiva y la mesa ha quedado en volver a reunirse en los próximos días”, apuntaron fuentes del Ministerio.
“Se ha establecido un calendario de trabajo” y los temas que negociar, a los que los sindicatos incorporaron dos materias más que el departamento de Elma Saiz se comprometió a abordar, explicó a la salida de la reunión Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO. Todavía no se presentaron “textos sobre la mesa”, concretó Cristina Estévez, secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT. La próxima reunión se prevé en principio para “la semana del 29” de enero.
Las primeras materias que ya se han fijado en la agenda son las siguientes:
Jubilación parcial y contrato de relevo
El Ministerio de Elma Saiz toma el relevo de reformar la jubilación parcial, que se había comprometido para antes del 30 de junio de 2023 en la pasada reforma de pensiones, pero no se cumplió y después llegó el adelanto electoral. El texto recogió que el Gobierno abordará “modificaciones normativas” de la jubilación parcial, tras negociar el tema en el seno del diálogo social y haber informado al Pacto de Toledo. Se puso como referencia la legislación de 2011, antes de los recortes del PP en 2013, que endureció su acceso (edad y mínimo cotizado en la carrera laboral), así como sus condiciones (reducción de la jornada o cotización).
La jubilación parcial es una opción para disminuir la jornada al final de la vida laboral de los trabajadores y cobrar parte de la pensión, que se determina en función de la reducción del horario. Cuando llega la edad ordinaria de retiro, el trabajador se jubila con la pensión completa. En ocasiones, esta modalidad está vinculada a un “contrato de relevo”, por el que otra persona queda empleada en sustitución del trabajador sénior, como una manera de renovar plantillas y hacer un traspaso de talento y de experiencia de la persona de avanzada edad.
Los interlocutores sociales se ha emplazado a acordar “la necesaria regulación de la jubilación parcial para eliminar los recortes que se impusieron en 2013 y establecer una norma homogénea para el conjunto de los sectores de actividad”, explicó Carlos Bravo. En estos momentos, desde 2018, hay condiciones más ventajosas para este retiro parcial en el caso solo de la industria manufacturera, que el pasado diciembre se prorrogaron hasta 2025.
Retiro anticipado para profesiones “penosas”
Otra materia pendiente, en este caso desde hace años, señala al acceso a la jubilación anticipada de ciertas profesiones consideradas más penosas. Con “unos 50 expedientes” de distintas profesiones atascados en la Seguridad Social desde hace más de una década, según fuentes del diálogo social, las partes se han emplazado a desatascar por fin esta materia
El Ministerio en concreto menciona “la revisión del procedimiento de los coeficientes reductores de la edad de jubilación en actividades penosas o peligrosas”, para los que “incorporarán indicadores objetivos para su determinación”. Se trata de acordar una salida anticipada más ventajosa para trabajos “penosos, tóxicos, insalubres o peligrosos”, recordaba Carlos Bravo.
“Los coeficientes reductores para la edad de jubilación por actividad es un tema que a nosotros nos preocupa. Es bastante evidente que no todo el mundo se puede jubilar con 66 años y medios, o con 67 en 2027, dependiendo de su actividad”, destacó Cristina Estévez.
Las mutuas y las bajas traumatológicas
El Gobierno abordará también “el desarrollo de los acuerdos del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, en relación con la implicación de las mutuas en la Incapacidad Temporal”, apuntaron este lunes en la Seguridad Social. Se trata de uno de los puntos pactados entre la patronal y los sindicatos el pasado mayo, en el gran acuerdo de salarios y negociación colectiva, el llamado AENC.
En concreto, los interlocutores sociales acordaron que, para “mejorar los tiempos de espera” y “reducir listas de espera del sistema público”, se instaba a las administraciones a firmar convenios de colaboración con las mutuas para “realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes de origen traumatológico”.
“Todo ello se llevará a cabo con respeto de las garantías de intimidad, sigilo, confidencialidad, consentimiento informado y coordinación con el profesional sanitario del Sistema público de salud”, añadió el acuerdo. Se trató de un punto espinoso del acuerdo ya que algunas voces advierten del fomento de la privatización sanitaria y de los recelos respecto a la atención de las mutuas, en manos de las organizaciones empresariales. Desde los sindicatos se insistió en que las altas y bajas siguen en manos del sistema público y que la medida solo pretende agilizar los tratamientos y recuperaciones de los trabajadores.
Seguimiento del ingreso mínimo vital
Además de los puntos que llevó a la mesa el Ministerio de la Seguridad Social, los sindicatos situaron sobre la mesa varias reclamaciones que han pasado a formar parte de la hoja de ruta de la legislatura, según explicaron los negociadores de CCOO y UGT.
Una de ellas es “promover un grupo de evaluación y seguimiento del ingreso mínimo vital (IMV). Ver los problemas que está teniendo esa prestación y la necesidad de mejorar su regulación”, explicó Carlos Bravo.
La escasa transparencia respecto al ingreso mínimo vital ha sido una denuncia constante de las organizaciones sociales, también de organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Social (AIReF). Por ejemplo, el Ministerio no informa de cuestiones tan básicas como cuántas personas perciben el IMV en la actualidad sino solo del dato acumulado desde 2020.
Fijos discontinuos, autónomos y becarios
Por parte de UGT, destacaron abordar “la cotización y la protección social de los fijos discontinuos, puesto que ahora es un colectivo mayor tras la reforma laboral”. “Pensamos que tienen que tener una mayor protección que la que tienen la actualidad”, indicó Cristina Estévez, que afirmó que la Seguridad Social había “recogido el guante” a la petición.
La mesa de diálogo también se comprometió a crear “el observatorio para la prestación por cese de actividad y la evolución de la cotización por ingresos reales en el ámbito del trabajo autónomo”, añadió Bravo (CCOO) y hacer un seguimiento a la nueva cotización de los becarios, que ha entrado en vigor este 2024.