Algunos trabajadores de Unipapel se emocionaron al conocer la sentencia que anulaba el despido de 270 empleados de Delion esta semana. Ambas empresas, Unipapel y Delion, cayeron en manos del fondo suizo de capital riesgo Springwater Capital durante la crisis, como ocurrió con varias compañías españolas con problemas financieros. Las dos empresas echaron finalmente el cierre y sus trabajadores se quedaron en la calle. Esta semana se conocía que la Audiencia Nacional ha anulado el despido colectivo de Delion, denunciado por Comisiones Obreras, pero además ha respaldado la teoría del sindicato sobre las maniobras del fondo buitre: la justicia considera que Springwater vendió de manera fraudulenta Delion para “eludir las normas laborales” y condena al fondo y a su administrador único, Martin Gruschka.
La empresa Delion –de nombre completo Delion Communications– fue creada en 2013 y adquirió la gestión de la comunicación de clientes que llevaba a cabo Indra (consistente en la impresión y ensobrado de informes de banca, seguros y otros clientes). La actividad pasaba entonces a manos del fondo Springwater: “Delion está controlada al 100% por Delion Holdings Spain, controlada totalmente, a su vez, por Continuum”, recoge la Audiencia. Continuum tiene su sede en Luxemburgo y cuenta como accionista con Springwater Capital. En este entramado de empresas, confluía un administrador: Martin Gruschka, fundador del fondo de capital riesgo suizo.
Tres años después, en 2016, el fondo buitre pone a la venta Delion. La compañía es finalmente comprada el 31 de agosto de 2017 por Corelata, una empresa cuyo administrador único es Manuel Rein Redondo (empresario condenado por estafa, uno de los grandes morosos de Hacienda en 2017 y descendiente del falangista Onésimo Redondo). Menos de un mes después, Corelata vende la empresa a otra compañía, Bistango Inversiones, también relacionada con Manuel Rein. Dos meses después de esta última adquisición, Delion anuncia a sus trabajadores su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo.
La resolución de la Audiencia Nacional afecta directamente solo a los trabajadores de Delion, pero tiene una gran relevancia para muchos otros afectados por las prácticas empresariales del fondo suizo, denunciadas como fraudulentas por parte de Comisiones Obreras. “Springwater hace el trabajo sucio de empresas que quieren sanear su cuenta de resultados, desprenderse de trabajadores o quitarse un problema y no pagar finiquitos. Compran empresas y luego las estrangulan”, contaba hace un año a este medio Paloma López, economista de CCOO.
“Varios trabajadores de Unipapel lloraron con la sentencia de Delion”, explica Raúl Olmos, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO. El sindicato también considera que en el caso de Unipapel –en el que se anuló el ERTE aplicado a sus trabajadores– hubo una compraventa fraudulenta por parte de Springwater, aunque por el momento no ha sido estimado por la justicia. “Recurrimos y estamos esperando la fecha de votación del Tribunal Supremo”, añade Olmos.
Venta fraudulenta para evitar la ley
¿Qué reconoce la sentencia de la Audiencia Nacional en el caso de Delion? La resolución considera que la venta de Delion que hizo el fondo buitre a Corelata fue “un claro fraude de ley”. Los jueces ven probado que la venta de las participaciones sociales a Corelata tenía por finalidad evitar que las mercantiles del grupo de Springwater Capital “se vieran implicadas en el periodo de consultas del despido colectivo”. El fondo de inversión es titular de la agencia de viajes Nautalia y el grupo turístico Wamos y la quebrada Unipapel, entre otras compañías. Además, es coconcesionario de la plaza de Las Ventas.
La Audiencia argumenta que Delion estaba “totalmente comprometida” económicamente y entiende que sus responsables eran conscientes de que su situación conducía a una extinción de los contratos de los empleados. En este escenario, el fondo buitre vendió “artificiosamente sus participaciones sociales” a Corelata con la intención de “eludir normas laborales”. Según estas normas, Springwater debería haber aportado documentación sobre las empresas que forman parte del grupo mercantil y sobre el contrato de cash-pooling (caja única) con el que opera el fondo de capital con sus empresas.
Springwater Capital afirma que va a recurrir la sentencia y que presentará acciones legales contra los compradores de Delion, “por sus graves incumplimientos contractuales”. El contrato con Corelata incluía unas obligaciones de mantenimiento de la actividad y reflotar la empresa. Fuentes del fondo de capital defienden a este medio que la venta se realizó “en condiciones del mercado”.
Los jueces, sin embargo, llaman la atención sobre varios elementos que hacían intuir el final de incumplimientos y cierre: las empresas Corelata y Bistango tienen capitales sociales de unos 3.000 euros, “tan pobre que permite concluir, sin gran esfuerzo, que nunca tuvieron otra intención que promover el despido colectivo”.
Además, los magistrados consideran que los movimientos con los que el fondo buitre amplió el capital de Delion en varias operaciones, “en su mayor parte, ampliaban el capital con préstamos participativos, por cuanto dichas operaciones tenían exclusivamente la finalidad de hacer presentable y creíble la venta de participaciones sociales”, pero no inyectaron “efectivo real”.
Todo ello hace que la Sala condene solidariamente a varias compañías del conglomerado Springwater y a su administrador único, Martin Gruschka, “porque se ha acreditado cumplidamente, a nuestro juicio, que todos ellos promovieron la operación fraudulenta reseñada”.
Reconocimiento de grupo laboral
Otra de las cuestiones clave de la sentencia es la consideración de las empresas del universo de Springwater como un grupo laboral, una reclamación de Comisiones Obreras en sus batallas judiciales. “Se consigue la responsabilidad solidaria, por lo que otras empresas del grupo mercantil que sí tienen dinero deben asumir responsabilidades”, explica Raúl Olmos, por ejemplo en referencia a la readmisión de trabajadores y al pago de salarios e indemnizaciones pendientes.
Los jueces no entran a valorar si las empresas forman un grupo a efectos laborales, pero asumen que es así en los hechos probados gracias a sentencias previas de los tribunales de Euskadi en varios casos de particulares y a una resolución de Inspección de Trabajo.
Esto supone un cambio sustancial entre los casos de Unipapel y Delion. La Audiencia Nacional declaró nulo el ERTE que afectó a los 300 trabajadores de Unipapel, pero no condenó solidariamente a Springwater porque la Sala entendió que no podía entrar a discutir este tema si el sindicato no había justificado suficientemente que existía un grupo laboral durante el periodo de consultas del expediente de regulación. En el caso de Delion, CCOO abordó este tema de manera más extensa en el periodo de consultas del ERE.
En la práctica, los trabajadores de Unipapel no han podido ser readmitidos, por ejemplo, aunque la justicia ha dictado que deben serlo, ya que la empresa no está operativa. En el caso de Delion, aunque la compañía haya cerrado, los trabajadores deben ser readmitidos en otras compañías de grupo de empresas, que deben responder en cuestiones laborales. “Si acreditan que no pueden readmitirlos, les deben despedir con una indemnización correspondiente a un despido improcedente y la posibilidad de añadir una indemnización adicional”, explica Olmos.
Desde CCOO presentarán la sentencia de la Audiencia al Supremo, donde recurrieron la consideración de grupo laboral en el caso de Unipapel. Esperan que el tribunal aborde la cuestión teniendo en cuenta esta nueva sentencia y que las resoluciones judiciales impidan ciertas prácticas de estos fondos. El Estado y las arcas públicas son también víctimas de estas maniobras, ya que las empresas que compra el fondo dejan de pagar en muchas ocasiones a Hacienda y la Seguridad Social y el Fogasa tiene que hacerse cargo de pagar las indemnizaciones y salarios pendientes en los casos de empresas insolventes.
“Springwater debe millones de euros al Estado, tanto a la Seguridad Social como a Hacienda, según la investigación del sindicato, pero es el Gobierno quien tiene la obligación y los recursos para poner freno a este fondo buitre”, concluye Olmos.