El fondo de capital Springwater desembarcó en España para hacer negocio con empresas en apuros. A finales de 2013, el fondo suizo compró Unipapel al entonces grupo propietario, Adveo. Fue el comienzo del declive de esta empresa dedicada a la papelería, una situación que la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras llevó a los tribunales.
La Audiencia Nacional acaba de anular el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afectaba a toda su plantilla, unas 300 personas. La sentencia subraya que la maniobra de Springwater buscaba quitarse de encima los costes salariales y endosar ese gasto a las arcas públicas.
A pesar de que Springwater es propietario de empresas del sector de la energía, el turismo o la ingeniería, la quiebra de Unipapel, en concurso de acreedores, llevaría a los trabajadores a cobrar del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) las nóminas impagadas y las indemnizaciones. El Fogasa se nutre de las cotizaciones que pagan empresas y trabajadores, pero en los últimos años la carga que soporta ha aumentado tanto que ha necesitado aportaciones de los Presupuestos Generales.
La Audiencia Nacional subraya que la situación económica negativa de Unipapel no es coyuntural sino “estructural y definitiva”, una situación que no puede superarse con la suspensión temporal de los contratos de su plantilla. Este recurso, apunta, solo podía empeorar las cosas aún más.
“Se hace evidente que la suspensión de los contratos solo tiene por finalidad dejar de pagar salarios y cotizaciones a la Seguridad Social, endosar esos costes al Servicio Público de Empleo Estatal y esperar a que el juzgado mercantil, una vez admitido el concurso de acreedores, extinga los contratos de trabajo, cuyas indemnizaciones correrán a cargo del Fogasa, como admitió la empresa en el periodo de consultas”, constata la sentencia.
Cuando cerraron la operación, Springwater acordó con el grupo vendedor –Adveo– seguir siendo su principal suministrador de publicidad y propaganda ensobrada. “No se cumplió: entraron en una empresa donde había trabajo almacenado y sobraba papel para seguir trabajando. Lo que hicieron es trabajar con ese material pero llegó un punto en que no quedaba papel y nadie pagaba a los proveedores”, aseguraba hace unos meses la secretaria del sector papel, gráficas, y fotografía de CCOO, Joaquina Rodríguez. En septiembre del año pasado comenzó el retraso en el pago de los salarios y desde julio toda la plantilla estaba en casa afectada por el ERTE. “Springwater les ha asfixiado”, decía Rodríguez.
La Audiencia Nacional subraya que la empresa dejó de pagar los salarios en abril de 2016 y que, dos meses más tarde, la Inspección de Trabajo levantó acta de infracción por no proporcionar trabajo efectivo a su plantilla. Durante el periodo de negociaciones, asegura, la dirección ya dejó claro que no tenía obligación de inyectar fondos en Unipapel y mostró su intención de reducir los costes laborales y de explorar vías para que los trabajadores cobraran lo antes posible el desempleo.
“Ingeniera financiera”
La sentencia no estima la otra petición de CCOO: declarar fraudulenta la compra de Unipapel por Springwater. Sí la apoya la magistrada Emilia Ruiz Jarabo, que en un voto particular asegura que el fondo de capital riesgo llevó a cabo operaciones “de ingeniería financiera y societaria” con el fin de “eludir” sus responsabilidades laborales. La magistrada también considera que existió creación de empresa aparente y utilización fraudulenta de la personalidad jurídica.
“Estamos ante un claro caso de constitución de empresas ficticias o meramente formales (...) con las que se pretende la dispersión o elusión de responsabilidades laborales”, dice Ruiz Jarabo. Con estos argumentos, CCOO recurrirá al Tribunal Supremo para que declare fraudulenta la venta y declare a Adveo y Springwater responsables solidarios.