El juzgado 15 de Madrid ha rechazado las medidas cautelares que Real Madrid, FC Barcelona y Athletic de Bilbao presentaron contra el acuerdo alcanzado entre La Liga y el fondo CVC, ratificado por amplia mayoría por los clubes el pasado mes de diciembre. La jueza rechaza aplicar las medidas cautelares y congelar el acuerdo ya que, explica en un auto, “supondría la paralización de efectos ya iniciados o ejecutados, acogiendo y sobreponiendo el criterio de una minoría frente a la elección llevada a cabo y consentida por la mayoría”.
El acuerdo entre el organismo que dirige Javier Tebas y el fondo CVC Capital Partners fue aprobado por la mayoría de los clubes en una asamblea extraordinaria el pasado mes de diciembre, con 37 equipos a favor del total de 42. El acuerdo incluye un desembolso de 1.994 millones de euros por parte del fondo en diferentes pagos, a cambio de más de un 8% de los beneficios que genere la comercialización de la competición durante los próximos 50 años. Esto incluye derechos audiovisuales y digitales y otras ramificaciones del negocio.
Real Madrid, FC Barcelona y Athletic acudieron a los juzgados de Madrid y solicitaron la paralización cautelar del acuerdo adoptado por la asamblea de La Liga, medida rechazada por la magistrada María Vilma del Castillo. La jueza entiende que los tres clubes apoyan una opción muy minoritaria sobre lo acordado en la asamblea de La Liga y que, además, “el principio de mínima injerencia deberá prevalecer hasta la decisión definitiva” cuando se dirimen asuntos sociales. Es decir, que habrá que esperar a que dicte sentencia sobre el fondo del asunto.
El acuerdo ratificado en diciembre y que cuestionan estos tres equipos de primera división ha supuesto un terremoto económico en el fútbol español. Los casi 2.000 millones de euros que CVC Capital Partners repartirá entre los equipos serán destinados, sobre todo, a proyectos de digitalización e infraestructuras de los equipos pero también, en menor medida en teoría, para reducir sus deudas y subir sus límites salariales. A cambio, el fondo británico de capital riesgo se lleva algo más de un 8% de un negocio que mueve miles de millones de euros al año: los derechos de las retransmisiones.
Las cifras hablan por sí solas: el pasado mes de diciembre, el organismo que preside Javier Tebas adjudicó los derechos audiovisuales de LaLiga Santander de primera división a Movistar y DAZN por 4.950 millones de euros desde 2022 hasta 2027. Unos derechos que sólo abarcan el mercado residencial de España y Andorra.
Los tres clubes que han acudido a la Justicia, sin éxito por ahora en la fase de medidas cautelares, han puesto varias alegaciones encima de la mesa del juzgado 15 de la capital: que los acuerdos son “contrarios a la Ley” y que era necesario tomar medidas urgentes para evitar que “se consume la expropiación parcial de los ingresos” a favor de CVC. Previamente habían presentado ante la asamblea de La Liga, también sin éxito, una propuesta para acceder a la misma cantidad de dinero pero con el respaldo de entidades financieras como HSBC o JP Morgan.
La magistrada rechaza las medidas cautelares que pedían los tres equipos, lo que en la práctica da vía libre al acuerdo y el caudal de millones desde el fondo de capital riesgo a los clubes hasta que, al menos, se dicte sentencia sobre el fondo del asunto, aunque es un auto recurrible ante la Audiencia Provincial de Madrid. Para la jueza, suspender la efectividad de los acuerdos “supondría la paralización de efectos ya iniciados o ejecutados, acogiendo y sobreponiendo el criterio de una minoría frente a la elección llevada a cabo y consentida por la mayoría”.