¿Es legítima la deuda que ha contraído España? ¿Debe pagarla? ¿Qué pasaría si España no lo hiciera? ¿Hay alternativas? ¿Son democráticas las reglas por las que se rigen los llamados mercados? En medio de una crisis que arrasa la zona del euro y que tiene a España entre la espada y la pared del rescate y los recortes, surgen las voces que reivindican la ilegitimidad de la deuda y que ponen sobre la mesa alternativas.
“Desde hace décadas la deuda se ha usado como mecanismo de colonización. Si colocas una deuda a alguien que sabes que no la puede pagar, y que tiene además que pagar unos intereses abusivos mientras el acreedor está ganando miles de millones en su cuenta de resultados, esa deuda es ilegítima”, sostiene Sergi Cutillas, miembro de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, formada para, como su propio nombre indica, auditar la deuda que España ha contraído y sigue contrayendo, y para abrir un proceso que analice el mecanismo de endeudamiento mundial.
La Plataforma considera que este propio mecanismo de endeudamiento es ilegítimo. El Banco Central Europeo (BCE) da líneas de crédito a las entidades privadas a un interés bajo, en lugar de financiar directamente a los estados. A su vez, estos bancos compran la deuda de los estados, a los que piden un interés mucho mayor que el que ellos obtuvieron del BCE. Es así como los países se financian -colocando su deuda a bancos o fondos de inversión que les compran los bonos de deuda- y los bancos hacen negocio. No obstante, muchos de las entidades y fondos que compran los bonos soberanos son extranjeros (o países de la UE que no pertenecen al euro) y no se han beneficiado, por tanto, de las líneas de crédito del BCE.
Cuantas más dificultades económicas tenga un estado, más caro le resultará colocar su deuda puesto que los mercados pedirán que se les garantice el pago de unos intereses mayores. Es por eso que países como Grecia, Portugal, España e incluso Italia tienen que pagar ahora unos intereses muy elevados a los inversores que compran su deuda.
En el caso de España, los intereses de la deuda se han convertido en la partida presupuestaria que más crece: este año gastará unos 38.590 millones de euros sólo en pagar los intereses de los bonos que ha colocado. “Es un 105% más que en 2007. España va a sufrir el mayor incremento del gasto en intereses de la deuda de toda la zona del euro”, señala Sol Sánchez, que forma parte del movimiento ATTAC, que apoya la Plataforma. Para Sánchez, una deuda es legítima “si responde para lo que legítimamente se ha adquirido y desde luego ahora no se está utilizando para reforzar el gasto público ni los servicios públicos”.
Otros economistas dudan de estos argumentos sirvan para declarar la deuda ilegítima. “El Gobierno es quien tiene el mandato, en ese sentido la deuda es aceptada y legítima. Si hay algo que se sale de la ley, entonces habría que ir a los juzgados”, dice José Carlos Díez, analista jefe de Intermoney.
“La deuda que tenemos la estamos pagando demasiado, en exceso”, asegura Paco Álvarez, analista financiero que desempeñó cargos en la Bolsa de París y en la de Valencia. Álvarez reclama transparencia sobre “quienes han comprado y compran la deuda” para entender, por ejemplo, cuáles son los intereses que hacen que países como Francia o Alemania (cuyos bancos poseen una cantidad importante de deuda española) presionen sobre el momento y forma en que se rescata a España. “Es dinero de la gente. El dinero que da el BCE a los bancos no es dinero privado, sino público y a nosotros no nos han pedido permiso para hacer eso. La deuda actual no es para hacer infraestructuras, sanidad o educación, sino para pagar los intereses de la deuda anterior. El sistema económico actual es un depredador de dinero público que pertenece a la ciudadanía”, dice.
La Plataforma señala otros motivos que, a su juicio, pervierten la forma en la que España ha contraído la deuda, por ejemplo, los productos financieros altamente especulativos permitidos por la Comisión Europea, cuyos expertos -denuncian- “proceden en un 80% de la industria financiera”. Es el caso de los CDS, unos seguros contra impago: si alguien compra deuda española puede comprar también estos seguros, que le devolverán una cantidad de dinero si España finalmente no le paga. Sólo que en el caso de los CDS, cualquier inversor, tenga o no deuda española, puede hacerse con ellos, es decir, que le interesará presionar para que España no pague y ganar así dinero.
“La Comisión, a quien no hemos votado, permite que los bancos usen instrumentos financieros que generan burbujas. Por otro lado, el BCE tiene el monopolio de la generación del dinero, si los Estados no tienen otra opción están expuestos al chantaje y a acciones coordinadas para atacar países y ganar dinero”, explica Cutillas.
Pagar o no pagar
Sol Sánchez, de ATTAC, cree que lo primero es establecer la legitimidad o no de la deuda para después llevar a cabo quitas (acuerdo en el que deudor y acreedor pactan eliminar una parte de la deuda) “por imposibilidad de pago”.
“Se pueden llegar a acuerdos razonables en los que se diga a los acreedores que se les va a devolver menos de lo que ellos consideran que se les debe. Es lo que hizo Islandia; dejar de pagar durante un tiempo hasta que valoraron la situación. Después, negociaron con los bancos sobre cantidades y plazos, y estos aceptaron, porque los acreedores prefieren cobrar menos pero cobrar, y saben que si quiebras no van a ver el dinero”, afirma Paco Álvarez.
La Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda aboga directamente por no pagar la deuda, aunque advierten de que los primeros momentos serían duros. “Dejaríamos de tener acceso a los mercados por un tiempo y tendríamos que reenfocar nuestra economía al consumo interno”, reconoce Cutillas. La salida del euro, elegida o impuesta, sería prácticamente segura. También la salida de capitales, que quizá tendría que frenarse con una “congelación de capitales”, es decir, impedir que las grandes sumas de dinero se fueran de España. Uno de los riesgos sería la creación de un 'corralito', como el tuvo lugar en Argentina.
Para el analista jefe de Intermoney, José Carlos Díez, las consecuencias de no pagar la deuda serían “muy feas” y advierte de que en ocasiones el ejemplo de Islandia se ha idealizado: “Su consumo interno se ha contraído un 25%”. En todo caso, si otros países comienzan a realizar impagos y reestructuran su deuda “quizá sí habría que replantearse qué hacer”. También Álvarez advierte de que no pagar ninguna parte de la deuda podría tener consecuencias “tremendas”. Por ejemplo, uno de los principales inversores en deuda española es el Fondo de Reservas de las pensiones, por lo que un impago afectaría enormemente a las cuentas de la Seguridad Social.
En cualquier caso, desde los colectivos críticos apuestan por convocar un referéndum en el que la ciudadanía pueda decidir si pagar o no la deuda.