El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la Ley de Empleo, que ahora afrontará la tramitación parlamentaria para su aprobación definitiva. La regulación, incluida en los compromisos de reformas del Gobierno con Bruselas dentro del Plan de Recuperación tras la pandemia, pretende “modernizar” los servicios públicos de empleo para que estos sean más eficaces, con atención y asesoramiento “individualizado” a la población, ha explicado la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz. La norma supone el adiós al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) que se transformará en la 'Agencia Española de Empleo'. Un cambio que se llevará a cabo en un periodo de “seis meses”, ha dicho Díaz.
“Si hay un servicio publico conocido en nuestro país, es el SEPE, y es una de las grandes demandas de los ciudadanos de nuestro país”, ha dicho la ministra de Trabajo, que ha añadido que la transformación de los servicios públicos de empleo incluirá su mayor digitalización, modernización e incorporación de nuevas tecnologías, como el Big Data (cruce masivo de datos) para ofrecer ofertas de empleo más ajustadas a los perfiles de los solicitantes de empleo.
Mejor 'mapa' de las vacantes
Aunque en un inicio Trabajo quería que todas las empresas estuvieran obligadas a comunicar sus puestos vacantes al nuevo SEPE, el proyecto de ley finalmente obliga solo a las “empresas usuarias”, indican en el Ministerio de Yolanda Díaz. Es decir, aquellas que recurran a los servicios públicos de empleo.
La idea de Trabajo es mapear mejor los puestos de empleo vacantes, unos 133.000, según los últimos datos del INE. La idea es que, mediante el uso de nuevas tecnologías, se facilite una mejor oferta de todas estas oportunidades de empleo en los servicios públicos a través de un gran portal público de empleo, gracias también a un mejor perfilado y conocimiento individualizado de los ciudadanos que acudan a la nueva Agencia Española de Empleo.
La vicepresidencia segunda ha mencionado que se reforzarán los servicios públicos de empleo, con nuevos perfiles de trabajadores más variados, pero no ha concretado en cuánto aumentará el personal. El actual SEPE adolece de falta de efectivos, como se ha visto en la pandemia y denuncian los sindicatos y han reconocido en el Ministerio, por lo que este cambio y la modernización del sistema son vistos con cierto escepticismo a la espera de que se materialice en los recursos necesarios para llevarlo a cabo.
Yolanda Díaz ha apuntado que la nueva Ley de Empleo “cambia la mirada”, de forma que no se dirigirá únicamente a los demandantes de empleo, sino también a trabajadores en activo que quieran mejorar su posición en las empresas y favorecer su vida laboral. Por ejemplo, a través de la formación de trabajadores. El Consejo de Ministros también ha dado luz verde hoy a la convocatoria de subvenciones públicas por valor de 300 millones de euros para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, entre este año y 2024.
La ministra ha explicado que hay novedades en los colectivos “prioritarios” en la atención de los servicios públicos de empleo, que con la ley englobarán a “personas con capacidad intelectual límite, personas con trastornos del espectro autista, personas LGTBI, víctimas de la violencia de género, personas en exclusión social, personas mayores de 45 años, personas migrantes, personas beneficiarias y solicitantes de protección internacional, personas gitanas, o pertenecientes a otras minorías étnicas y personas trabajadoras provenientes de sectores en reestructuración”, desglosa el Ministerio.
A la espera de cambios en los incentivos
Yolanda Díaz ha destacado la importancia de la renovación de la Ley de Empleo, dado que en España se ha comprobado cómo las políticas activas de empleo no son muy efectivas, con incentivos y ayudas públicas que actúan como “peso muerto”. Es decir, que no incentivan realmente la contratación y son simplemente absorbidas por empresas que ya iban a contratar igualmente. Por ejemplo, la Autoridad Fiscal (AIReF) ha cuestionado la eficacia de los 6.500 millones de euros que se gastan en políticas de empleo y subvenciones.
Sin embargo, la actual legislación no aborda todavía todas estas deficiencias, con la reforma de los incentivos en la contratación aún pendiente de “otra ley”, precisan en Trabajo. Esta regulación debe ver la luz también este año, para cumplir con los tiempos de las reformas prometidas en el Plan de Recuperación.
El Consejo Económico y Social (CES), que tiene el mandato de analizar la legislación, coincide con el Ministerio de Trabajo en los objetivos de la nueva Ley de Empleo, pero ha considerado que resulta “insuficiente en tanto en cuanto se centra fundamentalmente en las políticas activas de empleo y las instituciones que las gestionan, pero sin poner en funcionamiento herramientas igualmente necesarias y más adaptadas a las necesidades”, considera el organismo dirigido por Antón Costas.
El CES también critica la falta de diálogo social en la elaboración de la norma, al contrario de lo sucedido en otras muchas regulaciones, como también sostenía hace unos días en este medio la secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, Cristina Estévez. “Necesitamos mejorar, y mucho, la nueva Ley de Empleo”, indicaba Estévez, que advertía de que aún se estaba a tiempo “de arreglar la Ley en la tramitación parlamentaria”. En CCOO reconocen que no ha habido una negociación “al uso”, pero precisan que el Ministerio ha mantenido contactos bilaterales y que han inlcuido aportaciones del sindicato. Además, recuerdan que la norma también se tenía que discutir con las Comunidades Autónomas, “que son quienes tienen la competencia” en políticas activas de empleo.