La banca se libera de responsabilidad al vender productos de riesgo
Los bancos no tendrán responsabilidad en la comercialización de los productos de riesgo que ofrecen. En cambio, los clientes deben asumir la tarea de informarse adecuadamente y la obligación de cumplir los contratos que firmen a la hora de adquirir productos financieros. Por otra parte, se obliga a los notarios a ser los encargados de comprobar que así sea. Esta es la principal conclusión de la propuesta que ha salido de la subcomisión de Transparencia Financiera del Congreso y la que ha motivado que el texto presentado por el Partido Popular no cuente con el apoyo de ningún otro partido político.
Tras meses de trabajo, el martes se dio el visto bueno a una nueva normativa que pretende fortalecer la seguridad de los ahorradores, pero que no parece conseguirlo. De las 13 medidas enunciadas, sólo dos son nuevas. La primera: implantar un periodo de reflexión obligatorio de entre 24 y 48 horas antes de contratar un producto financiero. La segunda: la necesidad de identificar el riesgo de cada producto o hipoteca con un código de colores, una especie de semáforo de advertencia, en el que el verde sería la seguridad completa del capital invertido y el rojo indicaría que la posibilidad de perder dinero es elevada. Es decir, los depósitos llevarían un verde, mientras que un producto como las preferentes debería ir identificado en un rojo intenso.
“Dejar un tiempo para la reflexión antes de firmar es fundamental para evitar abusos. Ésta, junto con la propuesta del semáforo de colores, son dos demandas que llevamos años haciendo y que ya se presentaron en el informe del Defensor del Pueblo relacionado con este tema. En ese sentido sí es un avance”, asegura el abogado especializado en estos temas Fernando ZunzuneguiFernando Zunzunegui.
Pero más allá de estas dos novedades, el texto no convence ni a políticos ni a expertos. “Es un mero trámite burocrático en el que el Partido Popular ha vuelto a hacer uso de su mayoría parlamentaria para no aceptar propuestas”, comenta Joan Coscubiela (ICV), representante de la Izquierda Plural. Más contundente incluso ha sido el socialista Antonio Hurtado. “La subcomisión ha sido un paripé. No se comprometen a nada. Con este texto se da pie a que vuelvan a repetirse engaños como el de las preferentes”, asegura. Una afirmación que, por supuesto, negó rotundamente el portavoz económico del PP, Vicente Martínez-Pujalte, en declaraciones a Europa Press en las que aseguraba: “Con una regulación como la que ya ha aprobado el Gobierno en lo que va de legislatura y reforzada con las propuestas del informe, no habrían sucedido los problemas ni de las participaciones preferentes ni de las hipotecas que hoy sufren muchos ciudadanos”.
La realidad es que el resto de las 13 conclusiones es un compendio de una nueva redacción de exigencias que ya estaban de una u otra forma en la legislación estatal. Por ejemplo, se insta a ampliar la formación financiera de los ciudadanos a través de la web finanzasparatodos.es, que ya lanzaron la CNMV y el Banco de España en mayo de 2010. También se insiste en la necesidad de formar a los trabajadores de banca para que conozcan los productos que tienen que vender y se pide, algo que los sindicatos llevan años demandando, que se cambie el sistema de incentivos a los empleados de banca. El actual, enfocado a la venta/colocación de productos y campañas, en lugar de intentar satisfacer las necesidades de los clientes busca maximizar los objetivos económicos de la propia entidad.
Tampoco suena a nueva la demanda de que “la CNMV, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y el Banco de España elaboren cláusulas tipo y advertencias para aquellos contratos cuyo contenido pueda entrañar riesgo para el cliente”, puesto que es una exigencia que lleva años en funcionamiento, incluso antes de que se comercializaran las preferentes. Ni la demanda de ofrecer información periódica a los inversores del valor razonable de los productos que han contratado o la necesidad de indicar, antes de la contratación, el posible valor que estos podrían adquirir en el mercado. Exigencias, todas ellas, a las que ya obligan organismos internacionales como el Banco Internacional de Basilea o el organismo de supervisión de los mercados europeos ESMA.
El arbitraje, también para las hipotecas
El arbitraje, también para las hipotecas
En el marco de las hipotecas una de las propuestas es la implantación de un sistema de resolución de conflictos alternativo a la vía judicial. Es decir, se insta a adoptar el ya conocido sistema de arbitraje que se está utilizando para las preferentes y que la mayoría de los abogados desaconseja a sus clientes. Además, se define la obligación de que el prestatario reciba el dinero prestado, esto es, la obligación de pagar el crédito, y se insta a que sean los notarios los que salvaguarden estos derechos de las entidades financieras.
En realidad todo esto se resume en una conclusión que recoge la propuesta socialista y que no se ha incluido en el texto aprobado: “No es cuestión de leyes, sino de hacer que éstas se cumplan”. El motivo de esa falta de efectividad, según Fernando Zunzunegui, es que “se ha cedido a la presión de los lobbys de banca”. “El documento publicado rezuma de argumentos que son exactos a los que utilizan los abogados de la banca cuando nos enfrentamos a ellos en los tribunales. Y hay que recordar que muchos jueces están fallando en contra de esos argumentos”, asegura el experto. E insiste: “Lo que se necesitan son medidas que obliguen a cumplir lo que llevamos años teniendo en las leyes”.
De momento, el texto ha quedado visto para la presentación de nuevas sugerencias hasta el 5 de noviembre y después pasará a la Comisión Parlamentaria de Economía, que lo debatirá el 13 de noviembre.
