Pedro Sánchez lleva varias semanas con el viento de cara hacia la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que le darán oxígeno para su objetivo de acabar la legislatura en 2023. Aún mantiene el equilibrismo entre las fuerzas que apoyaron la investidura, que serán socios preferentes para la consecución de las cuentas públicas de 2021, y Ciudadanos, que sigue dispuesto a negociar con el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, pese a las resistencias de estos últimos. Con la aritmética inicialmente encarrilada, el margen para aumentar el gasto que ha llegado de Bruselas y ratificó el martes el Consejo de Ministros supone un aliciente para el acuerdo presupuestario.
A pesar de la debacle económica que sufrirá España este año –con una caída prevista del PIB del 11,2%–, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, mostró cierto optimismo al apuntar que la salida de la recesión será en forma de “V asimétrica”. La estimación del Gobierno es que el próximo año la economía crezca un 7,2%, en buena medida con el respaldo de la inversión pública. Y para eso el Ejecutivo ha aprobado un techo de gasto –el límite de gasto público– inédito hasta ahora: 196.097 millones de euros.
La cifra supone un incremento del 53%, 68.488 millones más respecto del planteamiento anterior a la pandemia. Y permitirá al Gobierno hacer un “presupuesto inédito” en palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. “La cifra habla por sí sola”, dijo la también portavoz este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete. Montero considera que ese margen “refleja muy bien la ambición de este Gobierno para que estos Presupuestos marquen un antes y un después en la configuración de nuestro modelo productivo y del tejido social”. “Permitirá abordar de forma intensa las transformaciones que necesita nuestro país para alcanzar las cotas de bienestar que este Gobierno quiere perseguir a lo largo de esta legislatura”, sentenció la ministra en la presentación de la cifras macroeconómicas que suponen la antesala de las cuentas públicas.
Montero, no obstante, reconoció que ese techo de gasto “no admite comparaciones con ejercicios pasados” en buena medida porque incluye la primera anualidad de los 140.000 millones de euros que España recibirá de los fondos europeos para la reconstrucción. Sánchez ha fiado los Presupuestos de 2021 a la consecución de esas ayudas europeas. La Moncloa va a explotarlas al máximo desde el punto de vista económico, pero también como escaparate de las políticas expansivas que, de otra forma, el Gobierno de coalición tendría más difícil llevar a cabo. De hecho, el presidente protagonizará un acto este miércoles en el que expondrá las “líneas maestras y los ámbitos prioritarios” de esos fondos. Los cuatro vicepresidentes también intervendrán.
El evento se ha organizado al milímetro en la Moncloa, que ha invitado de nuevo a patronal y sindicatos, así como representantes de la sociedad civil –empresarios, artistas o directores de medios de comunicación, entre otros. En esta ocasión asistirán, además, los embajadores de los 27 países miembros de la Unión Europea. “Todos ellos, gracias a un formato novedoso, podrán estar presentes en el acto”, expresó la Secretaría de Estado de Comunicación en un mensaje difundido a los medios el lunes. Sánchez expondrá el denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española y los cuatro vicepresidentes continuarán por la tarde con la exposición de sus correspondientes ejes de actuación.
Pero no solo los millonarios fondos europeos amplían el margen negociador del Gobierno con los grupos parlamentarios. La suspensión de las reglas fiscales para 2020 y 2021 –utilizando el polémico artículo 135 de la Constitución reformado de forma exprés por PP y PSOE en la anterior crisis para garantizar la estabilidad presupuestaria apelando a la situación extraordinaria de la crisis sanitaria– ha conseguido que los alcaldes entierren el hacha de guerra tras varios meses de enfrentamiento con el Gobierno y cumple con una de las principales reivindicaciones de PNV, EH Bildu y ERC. También los nacionalistas vascos se han llevado un buen acuerdo en la negociación de un déficit para Euskadi del 2,6%.
“Hoy, como ven en las cifras, más que nunca es el momento de sumar. Ojalá muchas formaciones políticas se animen porque nuestro país lo está esperando”, concluyó Montero, que reiteró la intención del Gobierno de sacar adelante las cuentas públicas con los máximos apoyos posibles.
La ministra de Hacienda sostuvo el martes que, tal y como estaba previsto, la negociación con los grupos llegará una vez que se zanje el anteproyecto de ley entre los dos socios de la coalición, PSOE y Unidas Podemos. Montero, quien lleva la batuta negociadora por la parte socialista, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, quien representa a Unidas Podemos, tienen de margen hasta mediados de la semana que viene para cerrar el acuerdo, ya que el 15 de octubre el Gobierno remitirá a la Comisión Europea el programa presupuestario.
Montero confirmaba este martes que la negociación entre los socios está casi concluida, pero no del todo. Todavía tienen que concretar los impuestos que se tocan y cuánto. La ministra reconocía ante los periodistas que están trabajando sobre una revisión de los beneficios fiscales y los rendimientos de determinadas figuras fiscales, así como la manera de incentivar los planes de pensiones colectivos.
El programa de gobierno acordado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias abordaba la reforma de varios impuestos. Entre ellos, el IRPF, con un incremento de dos y cuatro puntos a los tramos del salario por encima de 130.000 y 300.000 euros, respectivamente. O el Impuesto de Sociedades, esta vez con una bajada para las pymes. El documento también recoge la eliminación de ciertas bonificaciones para las grandes empresas, lo que aumentaría su aportación. De momento, el Gobierno no ha confirmado si cumplirá con lo que pactaron antes de la pandemia o si la nueva situación ha modificado sus planes. En esas está el equipo negociador.
Otra de las medidas que se han abordado es la eliminación de la bonificación en el IVA a educación y sanidad privadas, que pasarían del tipo reducido (10%) al general (21%). La medida ha provocado la reacción de ambos sectores y Hacienda no ha confirmado que se haya incluido en el borrador de los Presupuestos, sino que forma parte de las propuestas analizadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), aunque no es una recomendación. Tampoco figura en el acuerdo de la coalición. El Gobierno también contempla la reducción de bonificaciones a los planes de pensiones individuales y el incentivo de los colectivos.
En este sentido, Montero aseguró el martes que los cambios tributarios recogidos en el acuerdo programático entre PSOE y Podemos se adaptarán a las circunstancias y en función de la recuperación del crecimiento, si bien ha recalcado que el objetivo es una fiscalidad “justa, redistributiva y progresiva”. Además, recordó que el año que viene prevén un aumento de los ingresos y que en las cuentas públicas se incorporarán la recaudación de las tasas 'Tobin' y 'Google' que finalizan próximamente su tramitación parlamentaria.
Montero cree que la propuesta fiscal que presentarán al resto de grupos “para nada puede espantar a ninguna figura política ni tampoco a Ciudadanos”.
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