Qué es un “mariachi” y por qué su nuevo límite hará desaparecer cientos de sicav

Para el imaginario colectivo, cuando se escucha la palabra “mariachi”, se piensa en músicos cantando canciones populares mexicanas, ataviados con indumentaria tradicional. Sin embargo, hay otra acepción, que no aparece en el diccionario, pero que se utiliza habitualmente en el sector financiero y en la gestión de inversiones de grandes patrimonios. Es un término coloquial, no formal, que ahora tiene sus días contados tras la entrada en vigor de la nueva ley de lucha contra el fraude fiscal, aprobada el año pasado. Su limitación en esta norma puede provocar la desaparición de la mayoría de las sicav, las sociedades de inversión utilizadas por las grandes fortunas para reducir sus impuestos, que funcionan en España.

Las sociedades de inversión de capital variable (sicav) son un controvertido modelo de vehículo que canaliza las inversiones de los patrimonios elevados con el incentivo fiscal de que abonan únicamente el 1% por el Impuesto de Sociedades, frente a un 25% general. Para poder adherirse a esas figuras, estas sociedades tenían que cumplir hasta ahora con dos principales condiciones: tener un capital mínimo de 2,4 millones y al menos 100 accionistas. En la práctica, un solo patrimonio personal o familiar acapara buena parte del capital de estas sociedades, que se completan con decenas de accionistas de paja con inversiones testimoniales para poder alcanzar el requisito. Esto es lo que se llama “mariachi”.

La nueva ley, aprobada el año pasado y que ha entrado en vigor el 1 de enero, incluye una condición añadida para estos vehículos. Cada uno de los 100 accionistas tendrán que tener al menos 2.500 euros invertidos en esa sociedad. Esto tiene un efecto inmediato, ya que buena parte de las sicav que operan en España no van a cumplir con este requisito y, por tanto, tendrán que disolverse o trasladarse a otros vehículos de inversión colectiva. De lo contrario, ya no podrán beneficiarse del 1% de impuesto de Sociedades y tendrán que abonar el 25%.

“En la práctica, un 70% u 80% de las sicav no van a cumplir con estos requisitos”, explica a este medio Carlos Marugán, socio de Analistas Financieros Internacionales (Afi). Este experto señala que la mayor parte de estas sociedades que existen en España están controladas por un gran patrimonio que crea la sicav y la completa con los conocidos como “mariachis” para poder acceder al beneficio fiscal que supone tener una sicav. “Desaparece el incentivo para crear una sicav nueva y sobre todo desaparece la figura de la sicav como la conocemos hasta ahora, al ser inviables desde el punto de vista fiscal”, añade.

La desaparición de sicav no es nueva en España. Se trata de un vehículo de inversión que ha estado envuelto de mucha controversia, al ser considerado como una herramienta de grandes patrimonios para reducir su factura fiscal. Desde que en 2015 aparecieran nuevas formaciones políticas como Podemos que reivindicaban en sus programas la eliminación de estas figuras o cuanto menos su limitación y control, muchos inversores han ido cerrando sus sicav y han dirigido sus inversiones hacia otros territorios como Luxemburgo o a otro tipo de vehículo inversor. Actualmente, a cierre de 2021, existen 2.307 sicav en España que gestionan un patrimonio de más de 29.000 millones de 362.000 accionistas, según los registros de Inverco, la patronal del sector. En estos seis años han desaparecido paulatinamente 1.100 sicavs en España y hay 124.000 accionistas menos.

Pero lo que hasta ahora era un runrún por el temor de los inversores ante el posible cambio de normas para las sicav, desde este 1 de enero es una realidad. “Es un hito relevante que va a ser un antes y un después para estas sociedades”, defiende José Luis López Hermida, director de Cliente Privado y Family Offices en KPMG España. “Ya no va a ser una paulatina desaparición, va a ser más radical”, señala, aunque se muestra cauto a la hora de aventurar cuántas se liquidarán en los próximos meses. “Que pierdan o no atractivo fiscal para los inversores dependerá de que cumplan los requisitos”, añade.

Sin embargo, pese a la huida de las sicav que se pronostica, la ley da una vía de salida a todos estos inversores. Si los propietarios de estas sociedades que no cumplen con los requisitos deciden liquidarlas, contarán con ciertos beneficios fiscales para su traspaso a otros vehículos como son los fondos de inversión. Para poder acogerse a ello, tienen todo el año 2022 para acometer el cierre de estas sociedades y hasta julio de 2023 para realizar ese traspaso a otros fondos. Previamente, la CNMV, supervisor de estas sociedades, ha solicitado a sus propietarios que le comuniquen durante este mes de enero su decisión, aunque luego la operación se realice en los meses siguientes.

“La CNMV pretende así adelantar trabajo y que no se produzca un atasco cuando concluya el periodo”, señala López Hermida, quien advierte que si las sociedades afectadas incumplen con los plazos que marca la ley tendrán “consecuencias fiscales”. Marugán, de Afi, apunta que este proceso de permitir durante un año el traspaso de este patrimonio a otros fondos busca evitar que haya una salida de capitales fuera de España. Únicamente podrán adherirse a estos beneficios si el destino es un fondo o una sociedad española. En las apenas dos semanas de año que han transcurrido son ya una decena de sicavs las que han registrado en la CNMV la convocatoria de su junta de accionistas para la disolución de las sociedades.

¿Y hacia dónde irán esos miles de millones de euros de patrimonio que van a salir de las sicav? Aunque la ley da distintas alternativas, Marugán considera que fundamentalmente irán a fondos de inversión. La diferencia, apunta, es que si un gran patrimonio controlaba una sicav, le correspondía controlar en qué invertía y cómo, pero con el traspaso perderá esa potestad. “La fiscalidad de un fondo es igual que la de una sicav y además la normativa facilita dar ese salto”, apunta. Se contempla también que una parte de este patrimonio llegue al capital riesgo, fondos que invierten en empresas que no cotizan, en pleno auge de este sector de inversión que atrae a grandes inversores frente a los bajos retornos de la Bolsa. “No sucederá a corto plazo, ya que es un proceso que lleva tiempo”, apunta Marugán.

La vía Luxemburgo

Otra opción que existe es la de Luxemburgo. Es cierto que los incentivos fiscales solo son para los traspasos a vehículos de inversión españoles pero, como asegura el analista de Afi, “hecha la ley, hecha la trampa”. López Hermida apunta que ya se ha hecho una consulta a la Dirección General de Tributos que, según apunta, permitiría que el patrimonio de un inversor que estuviera a una sicav podría trasladarse a un fondo español y, en un segundo paso, trasladarse al extranjero. “Si la sicav luxemburguesa está registrada en la CNMV, cualquiera que tenga un fondo tras cerrar una sicav, tiene la posibilidad de hacer el traspaso”, apunta el directivo de KPMG.

Luxemburgo es una plaza financiera fundamental para la gestión de fondos. Según los datos de la CNMV, a junio del año pasado, había en el ducado centroeuropeo casi 200.000 millones de euros de patrimonio de ciudadanos españoles gestionado por las entidades que están registradas en el supervisor. “Tiene estabilidad y está dentro de la normativa comunitaria, por lo que muchas gestoras se sirven de Luxemburgo para ofrecer sus productos por toda Europa”, apunta López Hermida. Marugán considera, sin embargo, que hay mucha sicav de menor tamaño en España que decidirá no salir al ducado centroeuropeo, ya que acarrea una serie de costes y de procesos administrativos que no todas asumirán. “Las sicav grandes sí tendrán esa posibilidad”, explica.

Este trasiego que se aventura sobre el futuro de este patrimonio afectará también a las entidades financieras. Las sicav son un producto habitual en las divisiones de banca privada de los distintos grupos, aquellas que dan servicios a los clientes con mayor patrimonio. Así, operan como gestoras de las inversiones de estas sociedades. En España, la principal operadora de este mercado es, con diferencia Banco Santander. El grupo que preside Ana Botín gestiona casi 5.000 millones en sicav. Le siguen BBVA y Bankinter, ambos al borde de los 3.000 millones. Banca March, Credit Suisse y CaixaBank son los otros actores relevantes en este sector. Las gestoras consultadas por este medio evitan avanzar cuál será el destino final de este patrimonio. “Los accionistas de las sicav son los que deciden qué quieren hacer y qué estrategia de inversión quieren seguir”, señalan desde Banco Santander.