Es política ficción, más con un Gobierno sustentado en un partido con solo 84 diputados y que tendrá que bregarse en el Parlamento para sacar adelante cualquier iniciativa. Pero, tras el sorprendente desembarco de Pedro Sánchez en Moncloa, con Mariano Rajoy amortizado y conocido ya el grueso del gabinete de nuevos ministros, toca recordar las medidas económicas que los socialistas han planteando a las Cortes o a sus electores en los últimos años, cuando estaban en la oposición.
Al negociar sin éxito su fallida investidura en febrero de 2016, el hoy presidente del Gobierno apostaba por una “recuperación económica justa y medioambientalmente sostenible”; una “auditoría del gasto público”, “estabilidad presupuestaria”, y derogar de manera “urgente” algunos aspectos de la reforma laboral. Propuestas que podrían interpretarse como una hoja de ruta del nuevo Gobierno y que ya han propiciado las primeras advertencias desde algunos sectores.
La más madrugadora, la de la patronal CEOE y la Cámara de Comercio, que horas después de prosperar la moción de censura de Sánchez le pidieron que mantenga la reforma laboral de Rajoy y evite “la tentación de ceder a incrementos de gasto que pueden poner en riesgo la senda de la consolidación fiscal”. El lunes, el presidente de CEOE, Juan Rosell, insistía: derogar una reforma “tan complicada y compleja” como la laboral es “prácticamente imposible”.
El nuevo Gobierno comprometido a aplicar los Presupuestos Generales del Estado que pactaron PP y Ciudadanos, con lo que el margen presupuestario de Sánchez para abordar nuevas medidas con impacto en las cuentas públicas será escaso. Además, deberá aplicar compromisos del Gobierno de Rajoy como la subida de las pensiones, el aumento de los salarios públicos o la rebaja del IRPF.
Junto a este compromiso se añade la obligación de cumplir con el objetivo de déficit impuesto por Bruselas, un mandato al que Pedro Sánchez ha respondido con un mensaje de estabilidad con el nombramiento de la directora general de Presupuesto de la Comisión Europea, Nadia Calviño, como ministra de Economía.
De cara a los Presupuestos de 2019, el PSOE podría plantearse, si sigue en el Gobierno para entonces y logra tejer apoyos parlamentarios para ello, rescatar las propuestas de los presupuestos alternativos que presentó hace un par de meses: entre otras, subir al 15% el impuesto mínimo sobre el resultado contable de los grupos multinacionales en España para poner fin a la caída de la recaudación en Sociedades; elevar el IRPF hasta el 52% a las rentas superiores a 150.000 euros o subir el impuesto al diésel para equipararlo con la gasolina.
Otras propuestas que ha planteado el PSOE son aplicar un ingreso mínimo vital al que dedicaría 2.400 millones, mejorar la cobertura de parados de larga duración con una partida de 1.200 millones anuales, y la creación de dos nuevos impuestos para lograr la sostenibilidad del sistema de pensiones: uno a las transacciones financieras, y otro de carácter extraordinario que gravaría los beneficios de la banca.
Una iniciativa de los socialistas que no generaría gasto público y que plantearon en varias ocasiones en el Congreso (la última, en 2017) fue la de modificar la Ley General Tributaria para dar a poder conocer los nombres de los más de 30.000 defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal inconstitucional de Cristóbal Montoro.
Igualdad
En materia de igualdad, el PSOE ha propuesto recientemente que las empresas de más de seis trabajadores deban informar de los sueldos de mujeres y hombres y que se les sancione en caso de incumplimiento; e instaurar los permisos de paternidad obligatorios e intrasferibles.
En política de vivienda, la formación de Sánchez propuso en marzo un paquete de medidas que incluía desgravaciones para los propietarios de hasta el 100% para fomentar el alquiler estable, una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para volver a elevar de tres a cinco años la duración de los contratos y referenciar las subidas de las rentas al IPC.
En 2013, este partido llegó a proponer la expropiación “temporal” de pisos a los bancos y en el programa electoral de 2016 planteó una “tasa transitoria sobre las viviendas desocupadas que mantienen las entidades financieras” fruto de los desahucios para incentivar su oferta como viviendas en alquiler.
En energía, la elección de Teresa Ribera al frente de un 'súperministerio' que coordine la lucha contra el cambio climático ha levantado grandes expectativas en el sector. Una medida que podría tener respaldo mayoritario en el Congreso sería la derogación del decreto de autoconsumo que contiene el famoso impuesto al sol para instalaciones de más de 10 kilovatios (kW). Un gesto que además sería gratis, porque el denominado “peaje de respaldo” que ideó el PP nunca llegó a aplicarse por la falta de desarrollo reglamentario.
Otra cuestión es el apagón nuclear. El PSOE ya planteó en su programa de las generales de 2015 cerrar progresivamente los reactores una vez cumplan, a lo largo de la próxima década, 40 años en funcionamiento. Contaría con el respaldo de Podemos y, quizás, del PNV, toda vez que Iberdrola (con sede fiscal en Euskadi) ha dado un giro en esta cuestión y ahora asegura que la nuclear ya no es rentable.
Como contrapartida y ante el mayor coste que supondría la gestión de los residuos derivados de un desmantelamiento anticipado, el Gobierno de Sánchez podría dar una solución definitiva a la espinosa cuestión del almacén nuclear. La propia Teresa Ribera se ha mostrado partidaria de prescindir de carbón y nuclear para 2025.
En lo relativo a las energías renovables, que el PSOE ha prometido impulsar, esta formación planteó sin éxito durante el trámite de enmiendas a los Presupuestos no tocar la rentabilidad de estas instalaciones, que actualmente está fijada en el 7,5% y que el PP había prometido revisar a la baja en 2020.
La nueva ministra de Economía tendrá que decidir el futuro de la cuestionada Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que el PP decidió crear en 2013 (sin apoyo del PSOE) y que luego los populares se comprometieron a trocear. Calviño fue la artífice de la Ley de Competencia de 2007, que para muchos marcó una breve edad de oro en un asunto en el que España tiene escasa experiencia histórica.
Por fin, una de las últimas propuestas que llevó el PSOE al Congreso fue la de crear una autoridad europea al estilo del FMI que cuente con fondos propios y pueda emitir eurobonos.