El nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado al cargo con un discurso muy marcado por las rebajas de impuestos, especialmente en el contexto de la alta inflación. En las últimas semanas, tres han sido sus grandes propuestas en esta materia: dedicar parte de los fondos de recuperación a desgravaciones para instalar placas solares, reducir el IVA de la electricidad al tipo superreducido o rebajar el IRPF por la subida de precios. Las dos primeras propuestas no dependen del Gobierno, sino del aval de las autoridades comunitarias. La tercera plantea dudas sobre un posible impacto regresivo que beneficie a las rentas más altas que el propio PP ya denunció cuando anteriores gobiernos socialistas la pusieron en marcha.
Por partes. El nuevo líder de la oposición planteó la semana pasada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilizar el 7% de los fondos europeos en desgravaciones para inversiones de los hogares “conforme a los fondos”. Puso como ejemplos la instalación de placas solares o la geotermia para mejorar la calidad energética de las viviendas. El funcionamiento planteado por Feijóo sería que el ciudadano adelantase estas inversiones y que posteriormente se le devolviese con una bonificación en el IRPF, financiándolas con cargo a los fondos europeos de recuperación.
Esta propuesta nace con dos problemas. En primer lugar, las dudas técnicas que ha planteado el Gobierno sobre que sea legal que se aplique este modelo de reparto de las ayudas europeas. “En mi opinión, se puede hacer”, defendió Feijóo en una entrevista en la Cadena SER la pasada semana, en la que reconoció que el presidente es “escéptico” sobre la viabilidad.
En segundo lugar, los hogares que hagan estas reformas ya tienen acceso a desgravaciones, aunque no sea mediante fondos europeos. De hecho, en la campaña de la renta que comenzó la semana pasada ya se incluyen reducciones en el IRPF como las que plantea Feijóo si se ha hecho alguna obra para mejorar la eficiencia energética desde el 5 de octubre y se prolongará durante todo este ejercicio, por lo que también se podrán beneficiar quienes hagan estas reformas en 2022.
En concreto, se establece una deducción equivalente al 20% de lo invertido si se ha logrado que el consumo de energía se reduzca en un 7%, hasta un máximo de 5.000 euros. Hay otro escalón, con una deducción 40%, si se logra una reducción del consumo energético del 30% y un etiquetado 'A' o 'B' de la vivienda, hasta un máximo de 7.500 euros. Un tercer escalón, del 60%, hace referencia a la inversión en la reforma para la eficiencia energética integral de edificios residenciales.
La segunda propuesta del nuevo líder popular hace referencia al IVA de la electricidad y el gas. El Gobierno ya aprobó el año pasado una rebaja temporal del IVA que se aplica en la factura de la luz del tipo general (21%) al reducido (10%). El PP de Feijóo propone ahora que esta reducción se amplíe hasta el superreducido (4%). Sin embargo, esta idea que plantea al Gobierno no depende del Ministerio de Hacienda, ya que es la Comisión Europea la que debe dar su visto bueno a que se apliquen estas rebajas. El propio líder popular reconoce que precisaría de este aval para poder aplicarlo, aunque insiste en defender su viabilidad.
En repetidas ocasiones, Feijóo ha puesto como ejemplo a Polonia, un país que ha sido revindicado por la derecha en las últimas semanas por haber anunciado rebajas drásticas en los impuestos indirectos. Sin embargo, esta decisión tomada por Polonia, centrada especialmente en los impuestos a la gasolina, se hizo sin la aprobación de la Comisión Europea, que ya está analizando la situación porque se hizo “de manera unilateral”, según informó Newtral la semana pasada.
Otros países como Portugal han intentado aplicar medidas similares y han tenido que aplicar finalmente rebajas en otros impuestos donde sí se tiene capacidad estatal a la espera de que Bruselas pueda autorizar bajadas en el IVA.
Deflactar el IRPF
La tercera de las propuestas es la de la rebaja del IRPF. Feijóo plantea recuperar un concepto que lleva ya más de una década en desuso en España: deflactar los tipos de IRPF. Este término hace referencia a una rebaja del IRPF vinculada a la inflación. Se justifica en que una subida de salario inferior al IPC puede provocar un cambio en las escalas del IRPF y, con ello, un aumento en los impuestos que corresponde pagar sin que se haya tenido una mejora real del poder adquisitivo. Feijóo propone que esta medida se aplique desde el comienzo de año, de manera retroactiva, y de forma temporal. Supondría, según sus estimaciones, unos 4.000 millones de euros.
No es una propuesta nueva. Ciudadanos la llevó al Congreso en marzo y el PP la apoyó, aunque decayó con los votos en contra de PSOE, Unidas Podemos, EH-Bildu, Junts, Más País, la CUP, Teruel Existe y Compromís. Se trata de una medida que, sobre el papel, busca evitar que un contribuyente pague más impuestos sin haber ganado poder adquisitivo.
Sin embargo, una aplicación general —Feijóo no ha detallado la letra pequeña de esta propuesta— supondría un mayor beneficio para aquellos que más cobran, en detrimento de los de rentas más bajas. Es decir, sería una medida regresiva, beneficiando a quienes más ganan frente a los que menos.
Esta idea es la que utilizó el PSOE para rechazar la proposición presentada por Ciudadanos. “La propuesta tiene muy buena música pero muy mala letra”, aseguró en el Congreso el diputado socialista Antonio Hurtado. “Es una medida regresiva, porque a los que cobran 12.000 euros no les afecta, ¿a quién beneficia?, a los que cobran 60.000 y 300.000 euros”, subrayó.
Esta idea de la regresividad fue empleada, de hecho, por el propio PP cuando en 2004 el PSOE propuso para los Presupuestos del año siguiente deflactar el IRPF. Fue una de las últimas veces que se hizo. En sus siete años en el Gobierno, el PP nunca vinculó el IRPF con el IPC.
El Gobierno cierra la puerta a rebajas
El Gobierno, a través de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha zanjado en repetidas ocasiones la idea de añadir rebajas fiscales en España pese a las propuestas del principal partido de la oposición. “No siempre las rebajas fiscales, casi nunca, son una respuesta adecuada a la situación que se vive en el país porque afecta de forma desigual a los ciudadanos”, señaló la ministra en una entrevista en la Sexta este lunes.
“En esta materia hay que ser serio y riguroso. El Gobierno en aquello que ha entendido que puede contribuir ha bajado los impuestos”, añadió. “Recuerdo las palabras de mi homólogo, el señor Montoro, diciendo que evidentemente no era una política que compartía ni era una política económica ajustada cuando había incrementos de la inflación”, ironizó sobre la propuesta de deflactar el IRPF.
Estas tres propuestas y su complicada aplicación no han sido los únicos titulares que ha dejado Feijóo desde que decidiera emprender su viaje hacia la dirección del PP. Uno de los más llamativos fue cuando acusó al Gobierno de “forrarse” con la subida de los precios de la luz y la gasolina. Omitió en aquella ocasión, en un mitin previo a las primarias del partido, que la subida de recaudación que obtiene el Estado con la subida de precios repercute también en las autonomías, como la propia Xunta de Galicia que él mismo sigue presidiendo.
En concreto, las comunidades autónomas perciben el 58% de los impuestos especiales sobre hidrocarburos y el 100% de los impuestos especiales sobre la electricidad, así como el 50% del IVA. Repreguntado por esta cuestión la semana pasada en la SER, el todavía presidente gallego acusó al Gobierno de “quedarse” la recaudación durante dos años antes de dársela a las comunidades, obviando que los gobiernos autonómicos recibirán este año las entregas a cuenta sobre la previsión de ingresos que les corresponde este año y que ya contemplaban un aumento del 6%. “Nosotros lo recibiremos en dos años, mientras se lo gasta en lo que considera oportuno”, insistió Feijóo.
Al mismo tiempo que el PP ha acusado al Gobierno de no querer bajar los impuestos, ha criticado el elevado déficit y la deuda pública del Estado, presagiando recortes obligados por Bruselas en el futuro, una situación que una rebaja de impuestos agravaría. España cerró 2021 con un déficit del 6,76% —muy por debajo del 8,4% previsto— y confía en alcanzar al cierre de este año un recorte hasta el 5%, que estaba presupuestado para este año y que el Ejecutivo prevé cumplir pese a las ayudas del plan de choque contra las consecuencias de la guerra.
Aunque las reglas fiscales que obligan a tener un déficit inferior al 3% están suspendidas en Europa y no se sabe cuándo ni cómo se volverán a aplicar, el Estado todavía tiene que acometer un importante reequilibrio de las cuentas en los próximos cursos. De abogar por un recorte importante de ingresos —Feijóo cifra en 4.000 millones su propuesta de rebaja del IRPF y las bajadas defendidas por su partido en los combustibles restarían unos 20.000 millones—, sería necesario un profundo recorte del gasto público –que se destina en su inmensa mayoría a gasto social– que el principal partido de la oposición no ha detallado.