Los cortafuegos a la libre circulación de mercancías y capitales que se levantan en el renovado y convulso orden económico mundial están fracturando el ya tenso negocio de chips y semiconductores. Hasta el punto de poner en alerta a las tres grandes superpotencias económicas: EEUU, China y Europa han revisado sus estrategias en torno a la industria de estos componentes cruciales para segmentos productivos tan variados como el de los vehículos eléctricos, los misiles balísticos o la Inteligencia Artificial. Todos ellos de especial transcendencia para afrontar los riesgos y desafíos geoestratégicos que emergen en medio de episodios de alta conflictividad comercial y empresarial y que los expertos definen como los primeros estadios de una reeditada Guerra Fría, que amenaza con fragmentar la globalización y alterar los equilibrios del poder multilateral.
En las primeras estribaciones de esta disgregación de mercados surgen cada vez más evidencias de que Washington y Pekín se aprestan a liderar dos bloques económicos antagónicos con aliados industriales, emergentes y en desarrollo.
EEUU ha empezado a forjar una coraza protectora en su estructura económica que no solo pone el epitafio a décadas de deslocalización de sus industrias y empresas hacia latitudes con mejores ratios competitivos –especialmente, el abaratamiento de los costes laborales–, sino que financia sus procesos de reconversión. Es como una especie de cruzada genuinamente americana para la que Joe Biden ha liberado 52.700 millones de dólares y que, de puertas adentro, cuenta con el apoyo bipartidista de los republicanos. En el discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente sacó a colación la futura fábrica de semiconductores “más avanzada del planeta” de la firma Intel, en Ohio, de la que dijo que era “el campo de los sueños” y el fruto de la unidad política. Todo un guiño proteccionista para labrarse el apoyo del Congreso.
El complejo costará 20.000 millones de dólares a la multinacional, que recibirá fondo federales para reavivar la producción de chips made in US y rebajar la elevada dependencia importadora de componentes asiáticos, en general, y chinos, en particular. Este es uno de los negocios con los que el régimen de Xi Jinping pretende convertir a su país en la superpotencia tecnológica del planeta.
La de Ohio es el primer gran proyecto de semiconductores en EEUU en 40 años, aunque la idea de la Casa Blanca es construir una decena más de ellos en esta década. Empezará a funcionar en 2025 y empleará a 3.000 trabajadores, sin contar con los 7.000 que levantarán el centro, según cálculos de la compañía. Firmas de ingeniería como Bechtel creen, incluso, que “la sofisticación tecnológica” que Intel pretende incorporar a su cadena de valor exigirá profesionales con altas cualificaciones que tendrán que contratarse en otros estados, sin descartar que haya problemas para confeccionar la plantilla en el futuro.
Este botón es solo una muestra de los proyectos industriales que se han acogido a las exenciones fiscales y facilidades laborales de la Chips and Science Act de 2022. Honda Motor también está impulsando una planta para sus vehículos eléctricos y Facebook estudia ampliar su centro de datos en este estado. “Es como un tsunami de trabajos” explicaba hace unas fechas Mike Knisley, del Consejo Comercial de Ohio a Bloomberg.
Las tres superpotencias económicas velan armas
La Chips Act ya ha aprobado una cuarentena de planes y movilizado más de 200.000 millones de dólares adicionales de inversiones privadas, admite la patronal de firmas de semiconductores. La secretaria de Comercio, Gina Raimondo, cifra en más de 100.000 las ofertas de trabajo para técnicos que se necesitarán y que se sumarían a los 277.000 empleos que alberga esta industria. Intel ha reservado 50 millones de dólares a programas formativos en habilidades técnico-profesionales con universidades y academias tecnológicas del área.
Otra parte de los incentivos inversores emanan de la Inflation Reduction Act (IRA), que ha puesto en liza 465.000 millones de dólares de ayudas directas a iniciativas verdes energéticas o al coche eléctrico. Es una porción más del Programa de Infraestructuras dotado de 1,2 billones de dólares y aprobado en 2021 por el Congreso para estimular el ciclo de negocios post-covid y que ahora acelera sus despliegues financieros para reanimar una economía que se asoma de nuevo a la recesión.
Pero, de igual modo, todos estos fondos conforman una estrategia conjunta con la prohibición decretada por Washington desde el pasado otoño para vender tecnología, semiconductores y chips con altos niveles de innovación a China. Bajo el amparo de la Sección 301 de la Trade Act, la norma a la que acudió Trump para instaurar la guerra arancelaria contra Pekín en 2018.
Xi Jinping ha reaccionado a este veto de Biden con más de 143.000 millones de dólares para elevar su capacidad productiva de chips, en lo que ha denominado el mayor esfuerzo de “autosuficiencia industrial” de la historia reciente del gigante asiático. Es una estrategia nacional dirigida a “contrarrestar los avances tecnológicos occidentales”, reconocen fuentes diplomáticas de EEUU. Sin menoscabar amplios estímulos fiscales dentro del revisado Plan Quinquenal 2021-25, al que se han añadido mayores fondos en investigación para incentivar la fabricación doméstica con la construcción de nuevas plantas que estarán subsidiadas hasta en un 20%.
En paralelo, Pekín ha activado, además, su mano invisible en el exterior, la nomenclatura con la que se conoce a sus inversiones masivas en infraestructuras y recursos naturales, especialmente en África y América Latina. El objetivo es garantizarse el abastecimiento de materias primas y minerales raros, muy necesarios de la industria de semiconductores, a través de un uso habitual de la exigencia de los intereses de demora que, por lo general, ocasionan sus líneas crediticias en unos países con crecientes niveles de endeudamiento con Pekín.
La diplomacia americana ha tomado cartas en el continente africano, donde visibiliza su descontento por la influencia china. Una extensa delegación de los departamentos de Estado Comercio y Energía se desplazó a Ciudad del Cabo en febrero para ofrecer ayuda estadounidense a Sudáfrica, cada vez más predispuesta a inclinar su balanza hacia la alianza geoestratégica entre Rusia-China en un hipotético decoupling de bloques comerciales.
A la Casa Blanca –señala The Economist– le preocupa la interrupción del flujo de los “50 minerales que considera esenciales para su transición energética” y que África posee en un 30% según sus recursos conocidos. Entre otros, litio, grafito, níquel y cobalto. Aunque también por la presencia de China en las cadenas de valor de los minerales raros, ya que acapara el 68% del refino global de níquel, el 40% de cobre, el 59% de litio y el 73% de cobalto, asegura un informe de Brookings Institution, un think-tank americano.
Europa, en cambio, busca ejercer su contrapeso a China en América Latina con acuerdos para el acceso a estos minerales críticos que sirvan de alternativa a las posibles interferencias de Pekín en el control de los suministros mundiales. Es el objetivo prioritario de la reciente visita de Margrethe Vestager, vicepresidenta responsable de Competencia y Era Digital a Chile, Colombia y Brasil. Todos ellos, con nuevos ejecutivos a los que sugerir tratados estables con empresas europeas que les ayuden a diversificar sus sectores exteriores, a los que les trasladó un mensaje de enjundia: “No hay problema en comerciar con China, pero puede ser un obstáculo que vuestras empresas solo operen con el gigante asiático”.
La iniciativa de la poderosa comisaria crea, además, uno de los colchones de seguridad en el exterior de más espesor para la industria de chips europea, que contará con 45.000 millones de euros para aspirar a producir el 20% del mercado global de componentes. La intención declarada es “cambiar nuestro mapa inversor, regulador y estratégico en un negocio trascendental”, admite Ursula Von der Leyen, para lo que se cuenta con recursos de la milmillonaria línea de financiación Next Generation EU.
Taiwán: epicentro del tsunami comercial de chips
La isla que reclama China para su soberanía muestra a la perfección la batalla geoestratégica por los chips. Taiwán es la casa de TSMC, el mayor fabricante internacional de chips y uno de los enclaves neurálgicos para que funcionen las cadenas de valor. También es el sensor de la escalada belicista de EEUU y China, al margen del conflicto ucranio. Cualquier fuego puede encender la mecha. Desde la amenaza de bloqueo comercial por parte de Pekín, al rearme de la alianza militar AUKUS, forjada entre Australia, Reino Unido y EEUU –de ahí su acrónimo–, que está creando una flota de submarinos nucleares.
Xi ha advertido que se avecinan “tormentas peligrosas” si Taiwán cae bajo “unas influencias externas que interfieran” en su gobierno. Mientras los observadores internacionales inciden en la afrenta que para el nacionalismo chino supone el Tratado Indo-Pacífico. La unión económica y aduanera de trece mercados del litoral oceánico asiático más EEUU es considerada por Pekín como la primera pica de un decoupling y el primer clavo que Biden pone en el ataúd de la globalización.
Taiwán no es miembro de este pacto, pero gana influjo comercial con un mercado integrado como el Indo-Pacífico, para el que Biden ha pedido un incremento de 15.000 millones de dólares en “armamento de intervención rápida” para preservar la seguridad de la isla y poder cortocircuitar la producción china de chips. Taiwán ostenta el poder empresarial de la logística de componentes y “el 92% de la capacidad manufacturera de chips de tecnología avanzada”; el 8% restante, alerta la Semiconductor Industry Association (SIA), está en manos de Corea del Sur.
EEUU acaba de impulsar, con éxito, una ronda de negociación con estos dos países más Japón, para fijar hojas de ruta que fortalezcan las cadenas de valor y aseguren las pasarelas marítimas por donde transitan, así como un sistema de alerta temprana sobre cualquier incidencia logística o productiva.