Diez millones y medio de personas en España llegan a fin de mes con “dificultad” o “mucha dificultad”, según el INE. Con el precio de la luz y los carburantes desorbitados, que han disparado la inflación a máximos desde los 80, las facturas suponen un roto que quiebra la economía familiar de muchos hogares. No tienen apenas de dónde recortar. Por ello, en sindicatos y ONG advierten de que el aumento del ingreso mínimo vital por la guerra en Ucrania es bienvenido, pero “insuficiente”. Insisten en que los “más vulnerables” en España son muchos más que los beneficiarios del IMV, que rondan el millón de personas. Unos seis millones de ciudadanos están en exclusión severa, advierte Cáritas.
Marga (nombre ficticio) solo está poniendo la calefacción cuando tiene a sus hijos en casa. Si están en la del padre, se abriga más y aguanta. “No puedo pagar otra factura como la del mes pasado”, dice. La mujer no es beneficiaria del IMV, tiene trabajo, pero cobra el salario mínimo interprofesional y con sus ingresos tiene que hacer encaje de bolillos para cuadrar los números a fin de mes.
Para estos hogares en dificultades, varias ONG y los sindicatos han urgido al Gobierno que amplíe el Plan nacional de respuesta a la invasión rusa de Ucrania que aprobó esta semana. El presidente Sánchez ha insistido en que este pretende proteger a “los más vulnerables”, con medidas como el aumento del IMV un 15% en los próximos tres meses y la ampliación del bono social eléctrico para que llegue a 1,9 millones de hogares. Cáritas, EAPN, CCOO y UGT, entre otras entidades, han pedido ampliar el paquete de medidas con ayudas específicas para apoyar a las rentas más bajas que pueden verse en serias dificultades ante la crisis energética.
“Las personas que ganan 1.000 euros o menos en España no se pueden apretar más el cinturón, porque si se lo aprietan más se asfixian”, ha advertido el líder de CCOO, Unai Sordo. Coincidía Pepe Álvarez, líder de UGT, que destacaba esta semana que las familias que están viviendo con el salario mínimo interprofesional (SMI) “con toda seguridad” tenían que haber sido objeto de “alguna ayuda” en estos momentos. Según los sindicatos, alrededor de dos millones de personas se ven alcanzadas por el nuevo salario mínimo de 1.000 euros mensuales.
Las estrecheces que relata Marga reflejan las de muchos hogares que viven con “lo justo”, en una cuerda floja que les puede hacer caer a situaciones complicadas ante cualquier imprevisto. Los recibos de la luz y del gas en estos últimos meses lo son. Los precios disparados por la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania alcanzan a toda la sociedad “pero no afectan a todo el mundo de la misma manera”, recuerda Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). “La inflación del 10% es un gran problema para un hogar que ingresa 600 euros al mes”, sostiene.
La Encuesta de Condiciones de Vida de 2020, la última disponible, muestra que el 35,4% de la población afirmaba no poder afrontar gastos imprevistos. Unas 16,8 millones de personas. En 2019, año de crecimiento económico previo a la pandemia, la cifra era del 33,9%. Uno de cada tres ciudadanos en España.
Estas cifras dan cuenta de lo extendidas que están distintas expresiones de precariedad o “vulnerabilidad” económica. De pobreza. En ocasiones, hay quien las pone en duda, como el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso, que reduce la pobreza a algo que no es. Ser pobre en un país rico como España no se ciñe solo a vivir en la calle, a tener que pedir ayuda para comer, a sobrevivir en la miseria. Supone también vivir con mucho menos que el conjunto de la sociedad que les rodea, que marca un nivel de vida inalcanzable para ellos, del que se ven excluidos por no tener suficiente dinero.
“Un hogar pobre es un hogar en permanente estado de decisión. ¿Compro zapatos o libros para los niños? ¿Mejoro la alimentación o compro ropa? ¿Pongo la calefacción o..? Supone decidirse por unas cosas u otras, cuando todas son necesarias. Es algo agotador, especialmente para los progenitores del hogar pero también para los niños, que continuamente reciben un 'no' a todo lo que piden”, explica Susías.
España ya tenía niveles de pobreza altos, con alrededor de diez millones de personas en riesgo, que no habían logrado retornar en muchos casos a la situación previa a la crisis financiera de 2008. La pandemia empeoró la economía de muchos hogares y, aunque aún no se conoce el impacto con exactitud (a falta de la estadística de condiciones de vida de 2021), los datos y la información de las ONG dan cuenta de un incremento de la población vulnerable.
“Por desgracia, aunque se ha mejorado el empleo y los datos económicos tras la pandemia, la recuperación aún no ha llegado a las familias. La gente sigue siendo muy vulnerable, con ingresos que no les garantizan cubrir los gastos necesarios del día a día”, cuenta Lucía Gallardo, trabajadora social de Cáritas en Alcalá de Henares (Madrid). Aunque en sus oficinas han visto reducir el número de personas atendidas por la ONG tras el pico en lo peor de la COVID, las necesidades siguen siendo elevadas. Y la economía vuelve a tambalearse por una nueva crisis internacional. En este caso, una guerra.
En la EAPN consideran que el Plan nacional de respuesta a la guerra está “bien orientado” y celebran que haya un apartado específico para colectivos “vulnerables”, con el refuerzo temporal del IMV, un veto al despido y un tope al incremento de los alquileres, pero creen que las medidas son “insuficientes”. “Tenemos que ser más contundentes, hay que salvar a las pymes, al tejido productivo, los empleos, pero también a las personas. Imaginemos tener más de 12 millones de personas en extrema vulnerabilidad. Eso sería tremendo, hay que actuar”, afirma Carlos Susías, director de la organización.
CCOO propone crear un “bono de emergencia”: un pago extraordinario único de 300 euros, que llegaría automáticamente a través de la nómina a las personas trabajadoras de salarios bajos y a través de las prestaciones a parados y pensionistas con pensión mínima o no contributiva. “Se trataría de una ayuda flexible, pues el beneficiario puede decidir gastarla en pagar la factura energética, en alimentos, alquiler, etc”. El sindicato explica que, si la medida alcanzara a 9,6 millones de personas como estiman, costaría 2.870 millones de euros.
El director de la EAPN considera también que España podría hacer uso del Fondo de Ayuda para los Más Necesitados (FEAD), ya existente, complementando sus ingresos para dar ayudas directas a la población más precaria. “Sería dinero que iría directamente al consumo de las familias, a la economía, que les ayudaría a mitigar esa gran subida de los precios”, indica Susías.
En Cáritas también han difundido varias recomendaciones para proteger a los seis millones de personas en exclusión severa, según el informe Foessa 'Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España'. Entre ellas destacan ampliar las personas a las que llega el ingreso mínimo vital modificando sus criterios de acceso, incrementar el porcentaje de la prestación por desempleo a partir del día 181 de percepción o anular la reducción del 70% de la base reguladora al 50% y desligar subsidios del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y ligarlos al salario mínimo. “Esta realidad marca una prioridad clara en las políticas que deben desarrollarse”, reclama Ana Abril, coordinadora de Incidencia Política de Cáritas Española.
Ante la llamada continua a un “pacto de rentas”, las organizaciones sociales insisten en que es prioritario proteger a las rentas más bajas por su vulnerabilidad, ya que los “esfuerzos” económicos que supondrá esta guerra no pueden ser los mismo para todos. Mientras algunos temen un recorte de beneficios, hay familias que “ya no pueden apretarse más el cinturón”.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Todas las repercusiones de la guerra de Ucrania en la economía mundial, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.