Los cambios en la reforma laboral del PP se han salvado de la criba de Moncloa sobre las medidas que el Ejecutivo socialista no podrá sacar adelante después de que el Congreso tumbara los Presupuestos Generales del Estado para 2019. El gabinete del presidente del Gobierno difundió este miércoles por la noche un listado que daba por muertas varias de las iniciativas y reformas legislativas en tramitación en el Parlamento y otras propuestas del Ejecutivo. Entre ellas, la derogación de la Ley Mordaza y la eliminación del voto rogado. Las prometidas modificaciones de “elementos clave” de la legislación laboral del Gobierno de Rajoy no se encuentran entre estos ‘descartes’ y desde el Ministerio de Trabajo sostienen que “no se renuncia a nada”, aunque reconocen que la fecha de los comicios marcarán lo que se puede hacer y lo que no.
La proximidad de la fecha de las elecciones (que en el núcleo duro del presidente dan por hecho que será el 28 de abril) complica mucho el calendario para cumplir este compromiso. El escaso margen ante un adelanto electoral en abril es un hecho por los propios tiempos de la actividad parlamentaria. Nada más pulsar el botón nuclear de la convocatoria de los comicios, las Cortes quedan disueltas (54 días antes del domingo electoral) y, con su disolución, desaparecen todas las leyes que están ahora mismo en tramitación.
Al Gobierno le quedaría la baza de aprobar decretos ley que tendrían que convalidarse en la Diputación Permanente del Congreso –el órgano representativo que asume las competencias del Parlamento en periodos inhábiles como el de elecciones–, pero tendría que justificar la “extraordinaria y urgente necesidad” ante una Mesa pilotada por PP y Ciudadanos. “No suele suceder. El PP con el gobierno en funciones en 2016 aprobó dos”, recuerdan fuentes parlamentarias sobre el uso del decreto ley en precampaña.
Pedro Sánchez quería acelerar las negociaciones en materia laboral con Unidos Podemos, tras el acercamiento a PDeCAT en este tema para llegar a algún entendimiento antes de los comicios autonómicos, municipales y europeos del 26 de mayo. Con la devolución de las cuentas públicas al Gobierno, las negociaciones se han quedado en suspenso hasta que el presidente anuncie la fecha de las elecciones generales.
La idea del Ejecutivo socialista es intentar sacar adelante alguna iniciativa en este sentido en las semanas que les quedan antes del fin de la legislatura. Preguntada el miércoles por este tema, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, no renunció a modificar la reforma laboral de 2012 pese al adelanto electoral. Tampoco aseguró que pudiera salir adelante. “No se renuncia a nada, pero hay que esperar a la fecha de elecciones para hacer calendario realista y priorizar”, apuntan fuentes próximas a la ministra.
Cae el plan A del Gobierno
La titular de Trabajo recordó que el “plan A” del Gobierno era aprobar varios “cambios sustanciales” en la reforma laboral a través de una proposición de ley del grupo socialista sobre subcontratación, que está en fase de ponencia en el Congreso de los Diputados. La intención del Ejecutivo es corregir tres medidas concretas, pactadas con los sindicatos: recuperar la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, restablecer la ultraactividad de los convenios colectivos (su prórroga automática cuando no se pacte uno nuevo) y aprobar el registro obligatorio de la jornada laboral. Si no era posible esta primera opción, Trabajo no descartaba la posibilidad de recurrir al real decreto ley.
El escenario de unas elecciones en abril inhabilita el “plan A” del Gobierno, que solo tendría la vía del decreto para dar salida a estos cambios. Y aun así su aprobación no estaría garantizada: aunque el Ejecutivo sacara de inmediato el decreto, este necesita de su convalidación en el Parlamento y estos apoyos no están asegurados. A día de hoy los dos grupos parlamentarios con los que se ha centrado la negociación, PDeCAT y Unidos Podemos, todavía mantienen diferencias en esta materia. Si se llegara a la disolución de las Cortes, este decreto se encontraría con la dificultad de ser considerado de “extraordinaria y urgente necesidad”.
La ministra Valerio se decantó el miércoles por apurar la legislatura. “Este Gobierno en el tiempo que tenga va a seguir, aunque sea por la vía del real decreto ley, recuperando derechos”, sostuvo. Mencionó como ejemplo tres medidas específicas que podrían ver la luz por esta vía: la ampliación de los permisos de paternidad a ocho semanas, la recuperación del subsidio para desempleados mayores de 52 años y la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales. Las dos primeras figuran en el documento difundido por Moncloa como medidas que “los españoles pierden” con el rechazo de los Presupuestos.
Además, Valerio defendió la “urgencia” de regular el registro obligatorio de jornada, dada la imposibilidad de la Inspección de Trabajo de comprobar irregularidades en este sentido, como los abusos en las horas extra.
La reforma laboral centra la presión de los sindicatos
Un fin de la legislatura próximo condena las negociaciones abiertas entre los agentes sociales y el Ejecutivo socialista. Los sindicatos, que ya habían elevado la presión en los últimos meses para que el Gobierno llevara al BOE los cambios en la reforma laboral, ahora concentran en este tema todos sus esfuerzos.
Pese a la dificultad, las organizaciones sindicales insisten en sus comparecencias y comunicados públicos que Pedro Sánchez apruebe por decreto ley los cambios acordados en la normativa laboral de manera lo antes posible. Fuentes sindicales reconocen en privado que son conscientes de que “es potencialmente posible aunque políticamente altamente improbable” que los cambios vean la luz.
Desde los sindicatos subrayan también la necesidad de que la legislatura no concluya sin que se revierta otro de los recortes del Gobierno de Rajoy en materia sociolaboral: la recuperación del subsidio para desempleados mayores de 52 años. Restablecer esta ayuda era una de las prioridades de los sindicatos con la llegada de los socialistas a la Moncloa, pero no ha llegado a hacerse realidad por la devolución de las cuentas públicas. Un decreto con esta medida, apuntan en las organizaciones de trabajadores, sí podría contar con el apoyo de la mayoría de la Cámara y cumple en su opinión son el criterio de urgencia, dada la vulnerabilidad del colectivo.
Se complica la reforma de las pensiones
Junto con el desmantelamiento de la reforma laboral, la derogación de la reforma de las pensiones que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy de manera unilateral era la segunda prioridad de los sindicatos en esta legislatura. La regulación de 2013 aprobó el índice de revalorización de las pensiones (IRP), artífice de las subidas anuales del 0,25%, y el factor de sostenibilidad, que liga la esperanza de vida a la pensión inicial. La reforma sacó a miles de jubilados a las calles y provocó la muerte de la norma solo en la práctica: las pensiones han vuelto a revalorizarse de manera temporal según el IPC y se retrasó de 2019 a 2023 la entrada en vigor del factor de sostenibilidad. Pero para ello se han tomado medidas de carácter temporal y la legislación de 2013 sigue vigente.
Los sindicatos exigen la derogación de la reforma, pero la ministra de Trabajo ha defendido que la nueva regulación se haría con consenso político y social. Para ello, primero la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo debía concluir con sus recomendaciones, en las que trabaja desde hace más de dos años y medio.
El adelanto electoral también complica que la comisión parlamentaria pueda emitir su valoración, según reconocen varios portavoces, pese a que los trabajos están “muy avanzados”. Aunque solo queda en principio pulir los detalles, los tiempos del Parlamento sitúan su aprobación en pleno “como mínimo dentro de un mes”, explica Aina Vidal, portavoz de Unidos Podemos en el Pacto de Toledo, lo que supera el plazo de disolución de las Cortes.
El portavoz de Ciudadanos, Sergio del Campo, confiaba este miércoles en que el Pacto pudiera cerrar sus recomendaciones antes del adelanto electoral, aunque reconocía que todo dependía de la fecha de los comicios, porque “no se puede sacar de cualquier manera”. Tras dos años de trabajo, “sería una lástima que no saliera”, sostenía el diputado. Fuentes consultadas temen que el problema no sea solo una cuestión de tiempos, sino que el consenso alcanzado sea destruido por decisión de Pablo Casado. “No sé si los grupos querrán una foto de consenso entre todos los partidos en estos momentos”, apunta otra fuente parlamentaria.
Con acuerdo o no en el Pacto de Toledo, en Unidos Podemos consideran que el Gobierno sí puede aprobar una medida parcial: la vinculación de las pensiones al IPC de nuevo. Aina Vidal apunta que todos los grupos han cerrado su acuerdo en este punto y el Ejecutivo debe utilizar ese consenso para que las pensiones no vuelvan a subir el 0,25%. “Me pregunto por qué no hay ya un decreto que blinde esta cuestión, sería muy frustrante que el Gobierno no lo aprobara cuando hay un acuerdo cerrado”, afirma la diputada.
Fuentes del Ministerio reconocen que la reforma de las pensiones “es más complicado” que salga adelante en un escenario de adelanto electoral próximo, “se seguirá trabajando, pero la voluntad es que la reforma sea de consenso y eso se queda un poco cojo de tiempos”. La Seguridad Social acumula un importante déficit, por lo que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha pedido que se tomen medidas ya del lado de los ingresos que permitan la sostenibilidad del sistema.