María Jesús Montero (Sevilla, 1966) volverá a ser ministra de Hacienda. Seguirá guardando la caja del tesoro público con el reto de mejorar la recaudación y el saldo presupuestario para poder financiar las políticas sociales prometidas por el gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, con quienes mantiene una buena relación. Ha sido una de las encargadas de negociar el acuerdo con el que se ha logrado pactar el primer gobierno de coalición de la democracia.
Eficaz oradora y tenaz trabajadora (fuentes cercanas a Montero aseguran que se prepara exhaustivamente cada tema que debe tratar) hace tiempo que su nombre suena como uno de los de mayor ascendente del Ejecutivo de Sánchez. Ahora asumirá la responsabilidad de explicar cada viernes ante la prensa y los ciudadanos los acuerdos del Consejo de Ministros, en sustitución de Isabel Celaá. Hasta ahora la sevillana ha mantenido una relación muy cercana y de accesibilidad con la prensa. De uno de sus habituales “corrillos” en el Congreso de los Diputados salió el célebre “chiqui” que se le “escapó” cuando estaba respondiendo a una periodista sobre el déficit y que después tanto se le ha reprochado por parte de sus críticos.
Como ministra de Hacienda debe abordar su tarea en un momento económico internacional que cada vez genera menor crecimiento del PIB y con los datos de reducción de empleo dando señales preocupantes de ralentización. Y si se quiere cumplir con Bruselas, este año el déficit debería terminar en un 1,1% del PIB (para lo que ha de cambiar el objetivo como pretenden los socialistas, porque el actualmente en vigor es del 0,5% por el rechazo del Congreso a una nueva senda).
Fuentes cercanas a Montero consultadas destacan que entre Montero y su homóloga de Economía, Nadia Calviño, no han existido nunca las tiranteces propias de compartir parcialmente responsabilidades (la ministra de Hacienda es la encargada del presupuesto, la de Economía de explicarlo en Bruselas, por ejemplo).
De hecho, una de las primeras labores de Montero será ponerse a trabajar en unos nuevos Presupuestos Generales del Estado que sustituyan a los de Cristóbal Montoro, aún en vigor. Precisamente el rechazo a las cuentas públicas que diseñó esta ministra, médica de profesión, junto a los ya entonces socios de Unidas Podemos, precipitó la convocatoria de elecciones el año pasado.
Las nuevas cuentas probablemente incluyan muchas de las medidas que ya se apuntaban en los de 2019 y que nunca llegaron a ver la luz (como la subida del IPREM o inversiones en infraestructuras). Otros puntos del frustrado presupuesto fueron aprobados a través de decretos (por ejemplo, la recuperación del subsidio para mayores de 52 años). No está claro que ya estos primeros presupuestos incluyan el ingreso mínimo vital.
Las políticas de ingresos que aparecen en el pacto que han firmado ahora PSOE y UP son iguales o muy similares a las ya acordadas entre ambas formaciones en anteriores intentos de sacar adelante un gobierno. Se cifró en 5.678 millones de euros el impacto global de las medidas fiscales acordadas. Entre ellas, la principal fuente sería la limitación de exenciones y la fijación de una tributación mínima del Impuesto de Sociedades para grandes empresas, con un impacto de 1.776 millones de euros.
La creación de un impuesto sobre servicios digitales supondría 1.200 millones de euros y el impuesto sobre transacciones financieras, 850 millones. A la nueva fiscalidad verde se achacaba un impacto de 670 millones de euros, que se corresponden con el incremento del diésel para equipararlo progresivamente a la gasolina. Subir dos puntos los tipos impositivos sobre la base general del IRPF para contribuyentes con rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos la parte que exceda 300.000 euros, medida que afectará a un 0,4% de los contribuyentes (80.000 en total) supondrá ingresar 328 millones más.
En cuanto a la financiación autonómica, pendiente de reformar desde 2014, la intención declarada es abordarla, aunque en todo caso necesitará de la colaboración de los gobiernos autonómicos, incluidos los gobernados por PP y Ciudadanos.
Paso por el gobierno andaluz
Montero militó en su juventud en el Partido Comunista y entró como independiente en el Gobierno andaluz en 2002, como viceconsejera de Salud de Francisco Vallejo, después de haber sido directora médica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Estuvo 16 años en el Consejo de Gobierno: fue consejera de Salud y de Bienestar Social en el gabinete de Manuel Chaves, cambió a la cartera de Hacienda y Administración Pública de la mano del ex presidente andaluz José Antonio Griñán, y mantuvo el cargo bajo el mandato de Susana Díaz.
Fue la responsable directa de haber negociado y sacado adelante los últimos tres presupuestos autonómicos con Ciudadanos, el partido que sustenta al Ejecutivo andaluz en esta legislatura, y también es la responsable de haber negociado las cuentas con IU, socio del PSOE en el mandato anterior, presumiendo siempre de haber intentado hacer presupuestos “de izquierdas”. También fue la artífice del cumplimiento de las exigencias económicas del Ejecutivo del PP como el objetivo de déficit que tanto discurso le ha dado a la presidenta frente a Rajoy.