El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha afirmado hoy que los aplazamientos de pago de IVA de menos de 30.000 euros para autónomos y pymes es un sistema implantado desde hace 20 años y “sobradamente conocido” por lo que “no hay motivo para cuestionarlo”.
Montoro ha comparecido en la Comisión de Hacienda del Congreso para explicar, entre otros asuntos, la instrucción a la Agencia Tributaria (AEAT) que permitirá realizar de forma automática los aplazamientos tributarios de menos de 30.000 euros sin necesidad de presentar garantías de cobro.
El ministro ha explicado que de esta forma se flexibiliza el decreto ley del pasado 2 de diciembre que eliminó la posibilidad de aplazar deudas tributarias derivadas del impuesto de sociedades y el IVA, salvo que en este último caso se justifique que las cuotas repercutidas no han sido cobradas.
Montoro ha explicado que con la nueva instrucción se lleva a cabo la automatización masiva de las deudas tributarias menores de 30.000 euros a través de un procedimiento ágil en el que no es necesario acreditar dificultades de tesorería, ni garantías del impago de las cuotas repercutidas.
Los aplazamientos serán de 12 plazos mensuales para los autónomos y de 6 para las pymes.
El ministro ha afirmado que a estos empresarios se les da el beneficio de la duda y es una presunción legítima que forma parte del ordenamiento jurídico y ha recordado que el importe de estos aplazamientos ya se elevó de 18.000 a 30.000 euros.
Para los aplazamientos de deudas tributarias superiores a 30.000 euros, Montoro ha incidido en que habrá que presentar garantías y avales y será la AEAT la que tras analizar la situación, decidirá si se concede o no el aplazamiento que podrá ser de 12 a 36 meses y en supuestos excepcionales hasta 48 meses.
El titular de Hacienda también ha avanzado que el 1 de julio entrará en vigor el nuevo sistema de suministro inmediato de información para la facturación del IVA y que afecta a más de 60.000 contribuyentes, que suponen el 80 % de la facturación.
Por otra parte, Montoro ha defendido el cambio en el impuesto de sociedades que afecta a las grandes corporaciones y que busca acercar el tipo efectivo al tipo nominal después de que las grandes empresas hayan tributado entre el 7 y el 8 % en vez del 25 %.
“Esto no se puede aceptar y para eso estamos los legisladores y hemos cambiado las condiciones, que no significa cambiar la seguridad jurídica”, ha dicho, al tiempo que ha recordado que en 2012 el tipo efectivo de las grandes empresas estaba incluso en el 3 %.
“A los grandes grupos les conviene tributar más”, ha dicho Montoro al argumentar que es necesario que haya cohesión social.
En este sentido, ha desmentido que el gasto social haya disminuido y ha afirmado que “nunca ha habido tanto gasto social como en 2016”.
Ha dicho que el gasto total del conjunto de las administraciones públicas desde 2011 a 2016 ha descendido en 15.000 millones de euros mientras ha subido el gasto social.
Asimismo, Montoro ha indicado que próximamente el Ejecutivo traerá a la Cámara el nuevo impuesto sobre las bebidas azucaradas y otros medioambientales y ha señalado que, aunque no tendrán una gran potencia recaudatoria, “hay que promocionar fiscalmente que no se consuman productos que perjudican la salud”.