Ignacio Álvarez (Madrid, 1977) es el principal referente económico de Podemos desde su fundación. En el partido ha diseñado todos los programas económicos en la multitud de las elecciones que se han sucedido en estos nueve años. Cuando se formó la coalición, Pablo Iglesias lo eligió para conducir la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, en la que agota las últimas semanas de la legislatura y desde donde ha sido un protagonista clave de Unidas Podemos en las negociaciones con el PSOE de las principales medidas económicas del Gobierno.
Hace apenas unos días, este profesor de Estructura Económica dio un salto político para incorporarse a Sumar como portavoz económico de la campaña, un papel que combinará con sus cargos en el partido que lidera Ione Belarra. En la primera entrevista que concede desde que tomó esa decisión, Nacho Álvarez reivindica el valor de una coalición que ha conseguido integrar a una quincena de formaciones de izquierdas y que, confía, logrará movilizar al electorado progresista.
Entre sus prioridades, destaca la necesidad de ir más allá en la lucha contra la inflación, e insiste en la propuesta de regular una cesta básica de alimentos que alivie los precios asfixiantes que tienen que pagar las familias en los supermercados. También anuncia que buscarán “limitar el poder de los oligopolios, combatir la concentración excesiva y promover la competencia en los mercados con una regulación y supervisión adecuadas”.
En el corto plazo, recalca que hay que atenuar el daño de las subidas de los tipos de interés del BCE y defiende un “bono de emergencia” de 1.000 euros para los hipotecados. A largo plazo, proponer luchar contra la desigualdad de riqueza con “una herencia básica universal”. Y confía en que, pese a la oposición del PSOE y la vicepresidenta económica Nadia Calviño, “como ocurrió con el SMI o con los ERTE”, acabarán siendo medidas que reivindiquen los socios de un Gobierno de coalición que espera que se reedite.
Queríamos empezar la entrevista repasando las grandes propuestas económicas con las que Sumar ha empezado esta precampaña, que han levantado mucho revuelo en la izquierda, en la derecha... incluso una clara oposición de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. Vamos con la primera, un “bono de emergencia” de 1.000 euros para los hipotecados a tipo de interés variable con préstamos para viviendas de hasta 300.000 euros. ¿Por qué debería ser la mejor medida a corto plazo ante las subidas de los tipos de interés?
Porque es eficaz. En el último año, año y medio, los tipos de interés han subido cuatro puntos, del 0% al 4%, y esto ha hecho que millones de hogares en este país vean cómo sus hipotecas suben cerca de 300 euros de media al mes. Frente a eso, hace falta una medida que rápidamente traslade un alivio, oxígeno a esos hogares, y un bono de 1.000 euros por hogar para ese millón de hogares hipotecados a tipo de interés variable que se encuentran en una situación más vulnerable nos parece una medida necesaria y eficaz. El Código de Buenas Prácticas impulsado por la vicepresidenta Calviño no ha sido eficaz.
La propia Calviño ha llegado a decir que la propuesta es lo mismo que dar el dinero directamente a los bancos. Y desde posiciones más progresistas se ha apuntado a que sería necesario discriminar por renta, y que no tiene mucho sentido redistributivo que el bono sea para todos los hipotecados por igual. ¿Cuáles son las respuestas a esas dos críticas?
En absoluto es dar el dinero a los bancos. Es darle el dinero a la gente que lo necesita en este momento. Y es además una medida que ayuda a soportar el coste de esta subida de tipos de interés. Es redistributiva. La estamos financiando con una fiscalidad progresiva y ayuda a aquellos hogares que en este momento tienen la urgencia de resolver ese problema. Yo creo que los hogares españoles tienen la necesidad de recuperar capacidad adquisitiva, de no seguir perdiéndola, y esta es una medida orientada precisamente en esa dirección.
Críticas similares han surgido con otra propuesta de Sumar estos últimos días: un pago de 20.000 euros a todos los jóvenes para reducir la desigualdad de riqueza. De nuevo, ha surgido el rechazo porque es universal y no discrimina por renta.
Esta propuesta es una herencia universal de 20.000 euros que se cobraría a los 23 años. Es una propuesta que tiene dos patas. En primer lugar, el pago a los 23 años. Y en segundo lugar, una reforma de la fiscalidad de los grandes patrimonios, del impuesto a las grandes fortunas, precisamente para financiar esta medida. Y tiene un doble objetivo. En primer lugar, impulsar la igualdad de oportunidades, facilitar que todos los jóvenes puedan contar con un trampolín para seguir formándose después de su educación superior, para iniciar un proceso empresarial o para insertarse laboralmente. Pero, al mismo tiempo, es una medida que tiene una potente capacidad de redistribución de rentas y de riquezas. Las dos cosas.
Creo que tiene esa doble virtud y en todo caso pensamos que debe de ser universal. Precisamente porque esto es lo que hace que sea eficaz. Esto es lo que permite que no haya personas que la necesitan y que, sin embargo, no acceden a esta medida. Yo creo que hay experiencias en esta legislatura: el ingreso mínimo vital, por ejemplo, que nos demuestra que aquellas medidas que están muy focalizadas, que tienen requisitos de acceso muy burocráticos, hacen que luego haya gente que las necesita que se quede fuera. Y yo no veo contradicción en que una medida que tiene una potencia redistributiva tan grande como la tiene ésta sea al mismo tiempo universal.
La desigualdad de riqueza que Sumar enfrenta con esta medida está claramente marcada por el problema estructural de vivienda que hay en España. Y muchas de las críticas han incidido precisamente en eso. ¿Por qué no fortalecer una vivienda pública o un alquiler asequible en vez de una herencia pública universal?
Es que no son cosas contradictorias. El reto de la vivienda es evidente, pero ya hoy tenemos una ley de vivienda que ha de cumplirse y desarrollarse. Ya hoy las comunidades autónomas podrían estar legalmente desarrollando la regulación de los alquileres y, por lo tanto, el reto es abordar esa agenda de trabajo de un instrumento que ya tenemos en nuestras manos. Y esto no es incompatible con una herencia universal que permitiría, por ejemplo, cosas que para algunos jóvenes hoy serían impensables. La posibilidad de disfrutar de un año de estudios en una universidad en el extranjero. Hoy hay muchas familias que sencillamente no se pueden permitir darles a sus hijos esa oportunidad. Se nos llena la boca de igualdad de oportunidades en nuestro país. Pero, sin embargo, no se desarrollan medidas para avanzar verdaderamente en esa igualdad de oportunidades. Y yo creo que que esta medida lo es y que no es incompatible con otros elementos de reforzamiento de la protección social, como es el ámbito de la vivienda, que requiere que se desarrolle una ley que hoy es un instrumento al servicio de las comunidades autónomas.
¿Esperabais tanto revuelo, tanto debate, incluso en vuestras propias filas?
Sumar no quiere hacer una campaña electoral como las del bipartidismo. A nosotros no nos interesa una campaña del ‘y tú más’. Nosotros queremos hacer una campaña centrada en medidas, centrada en propuestas, una campaña centrada en plantear soluciones a los problemas que realmente tiene la gente y, por lo tanto, bienvenido sea el debate. Y bienvenida sea la discusión en torno a una medida que ya ha sido planteada por expertos internacionales de reconocido prestigio. Es el caso de Tony Atkinson en su día o de Thomas Piketty. Y pensamos que es una medida que abre un debate sobre la redistribución de la riqueza en nuestro país y también la redistribución de las oportunidades. Y que no se concentren solamente en aquellos hijos e hijas de la clase alta de nuestro país.
Algo que ha caracterizado a Yolanda Díaz en su forma de hacer ha sido el diálogo y el consenso. Y estas dos medidas tan ambiciosas nacen sin consenso, nacen del puro debate y con oposición hasta dentro de la izquierda...
No, yo creo que nosotros abrimos un debate que después tendrá que consensuarse, debatirse y dialogarse. Yo quiero recordar que cuando planteamos el aumento del salario mínimo interprofesional también fue una medida que fue muy discutida. Y después de una legislatura el salario mínimo se ha incrementado un 50% y esto ha sido compatible con un ritmo de fortísima creación de empleo. Por lo tanto, bienvenidos sean los debates sobre medidas novedosas que se plantean para corregir problemas que tiene nuestra sociedad.
Lo que sí que ha conseguido Sumar es que se hable de desigualdad.
En la era de la desigualdad. En la era de la incertidumbre, causada por esa desigualdad, creo que es crucial plantear medidas que efectivamente puedan resolver la desigualdad. ¿Qué soluciones están planteando otras fuerzas políticas? Yo no las veo por ningún lado.
También hay otra propuesta que ha conseguido que se hable de conciliación, que es la de reducir la jornada laboral. Pero ha encontrado mucha oposición...
A mí me parece una medida crucial porque durante esta legislatura hemos resuelto quizá el que era el mayor reto que tenía nuestro mercado de trabajo: una anomalía histórica, una tasa de temporalidad muy por encima de los países de nuestro entorno. La reforma laboral de Yolanda Díaz ha sido capaz de reducir drásticamente y rápidamente esa excesiva temporalidad en nuestro país. Pero hay retos pendientes, retos que se enmarcan en el futuro de la próxima legislatura y ahí es donde se plantea esta propuesta. El reto de la conciliación es un reto que sigue teniendo nuestro país y pensamos que reducir la jornada laboral, salir una hora antes del trabajo, estar una hora antes en casa, es una medida que no solo contribuye a repartir las mejoras de productividad que durante estos últimos años no se han repartido correctamente hacia los trabajadores, sino que además contribuye a fomentar la conciliación y a facilitar esa conciliación.
Sin embargo, instituciones nacionales e internacionales y muchos economistas coinciden en que un problema estructural de nuestra economía precisamente es la productividad. Parece difícil conseguir una reducción de las horas trabajadas y al mismo tiempo una mejora de la productividad.
Yo creo que no, pero tiene que haber una política económica orientada en ambas direcciones. Necesitamos fomentar el crecimiento de la productividad y necesitamos que ese crecimiento de la productividad se reparta mejor. Esto quiere decir que haya un acuerdo de rentas que facilite una mejora, una recuperación de la capacidad adquisitiva que se ha perdido durante el último año y medio. Y esto es esencial. Pero al mismo tiempo es esencial también una política que fomente la productividad y yo diría que esto requiere de una nueva política industrial en España. Durante décadas se acuñó esta frase atribuida al ministro Solchaga, de que la mejor política industrial es la que no existe, la que hace el mercado. Y yo creo que eso es un enorme error y hoy se constata. Necesitamos una nueva política industrial. Estados Unidos la tiene. China la tiene. No podemos aspirar a competir en el contexto internacional sin esa nueva política industrial que desde mi punto de vista pasa por aprovechar la oportunidad de una energía renovable que abarata enormemente el coste energético y que facilitará el desarrollo industrial en nuestro país, en torno a ese vector de competitividad.
Seguimos precisamente en una crisis de inflación que está siendo muy dura por esa pérdida de poder adquisitivo para las familias. España ha conseguido moderar las subidas de precios más que el resto de la eurozona, pero tiene un problema gravísimo en los precios de los alimentos. ¿Hay que esperar una propuesta de Sumar que se parezca a las que ya hizo Unidas Podemos respecto a esta cuestión?
Recuperar la capacidad adquisitiva es una prioridad para Sumar. Es una prioridad en su programa. Es verdad que España ha conseguido, gracias al tope al gas, que se nos criticó tanto en su momento, una cifra de inflación por debajo del 2%, liderando la reducción de la inflación en Europa. Pero yo diría que esto no es suficiente. Hace falta ir más allá. Hace falta que también la inflación subyacente, los precios de los alimentos, caiga igual de rápido que están cayendo los costes energéticos. Y esto va a requerir de medidas que vayan orientadas a regular una cesta básica de alimentación.
Es decir, la misma medida que ya propuso Unidas Podemos.
Regular una cesta básica de alimentación es algo que ha estado en el debate de la coalición durante estos últimos meses. Y es algo que el PSOE nunca ha querido considerar. Me parece una necesidad en este momento.
La crisis de inflación también desvela una crisis de competencia y el problema de la existencia de oligopolios.
Por eso en el programa electoral incluimos limitar el poder de los oligopolios, combatir la concentración excesiva y promover la competencia en los mercados con una regulación y supervisión adecuadas. El abuso de poder de algunas grandes empresas perjudica a la democracia, al funcionamiento de la economía y a los intereses de la mayoría de la sociedad. Sus ventajas tecnológicas, productivas, comerciales o financieras no se traducen muchas veces en menores precios para sus clientes (otras empresas y consumidores), sino en beneficios extraordinarios para ellas. Además, tienen muchas veces una capacidad de influencia política que deteriora la democracia. Para evitarlo, son necesarias reglas claras e instituciones adecuadas para asegurar su cumplimiento. En este sentido, se revisarán la leyes de competencia y los organismos reguladores. Proponemos distinguir entre una autoridad transversal de competencia y autoridades reguladoras especializadas en mercados concretos. Todos sus miembros serán nombrados por el Congreso. Esto implica recuperar la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Energía y crear una comisión nacional de otros sectores con actividades en red.
Analizando los últimos cuatro años de Gobierno de coalición, ¿hasta qué punto han sido duros los choques entre el PSOE y Unidas Podemos? ¿Y hasta qué punto se van a repetir con mayor o menor intensidad si hay un nuevo Gobierno de coalición con Sumar?
Yo diría que este Gobierno de coalición ha sido exitoso. Seguramente nadie daba un duro por que el Gobierno de coalición, después de un año de vida, siguiese en pie. Y la realidad es que ha durado toda la legislatura y ha conseguido impulsar la que seguramente ha sido la legislatura de más avances en derechos sociales y en derechos civiles. Desde los años 80 no habíamos tenido una legislatura así. Y además yo creo que es importante constatar una realidad: aquellas cosas frente a las que el PSOE se ha rebelado en el seno de la coalición con mayor debate han sido cosas que luego el PSOE ha abrazado con mayor ahínco. Estoy pensando en la subida del salario mínimo interprofesional, estoy pensando en la reforma laboral, estoy pensando en la propia reforma de pensiones, que al final se ha planteado la reforma que nosotros veníamos señalando. Estoy pensando en el tope al gas. Es decir, ha habido debates en estas cuestiones, yo no los llamaría choques. Pero en todo caso son debates que al final han hecho que los dos socios de la coalición abracen las medidas que finalmente se han desarrollado.
Usted entró a formar parte del Gobierno como secretario de Estado, por parte de Podemos, partido en el que lleva prácticamente desde su fundación. ¿Por qué da el paso de incorporarse a la campaña de Sumar como portavoz económico?
La campaña de Sumar es una campaña de la que formamos parte 15 partidos y todos volcamos nuestros activos en esa campaña. El objetivo, lógicamente, es sumar. El objetivo es desarrollar una campaña en la que confluyamos las 15 fuerzas políticas.
Se lo pregunto porque son evidentes las tensiones que ha habido entre Sumar y Podemos durante los meses de negociaciones para formar la coalición. ¿Le costó tomar la decisión?
Fue una decisión que se discutió en los órganos de dirección del partido y yo desde luego me siento muy cómodo formando parte de Podemos y representando a Sumar como portavoz económico en esta campaña. Tenemos que darnos cuenta del paso histórico que se ha dado. Nunca antes, en democracia, 15 fuerzas políticas han ido en una misma coalición y esto lógicamente entraña negociaciones, pero no solamente entre Podemos y Sumar, sino entre Sumar y el resto de fuerzas políticas.
Se ha incorporado al equipo de campaña pero mantiene sus cargos, su militancia en Podemos, que entiendo que no va a abandonar. Pero ¿cómo va a ser su relación con Sumar y con Podemos cuando pasen las elecciones?
Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. Lo importante en este momento es la campaña electoral. Todos nuestros esfuerzos, todos mis esfuerzos personales están centrados en la campaña.
¿Hubo debate dentro de las ejecutivas sobre si Podemos debía incorporarse a Sumar?
Lo que se discute en las ejecutivas se queda en las ejecutivas. De todas formas, soy muy claro: la decisión de entrar en la coalición fue una decisión unánime y rotunda del conjunto de la dirección política.
¿A pesar de que Podemos firmó ese pacto denunciando públicamente que había habido un veto a Irene Montero? ¿Cree que el pacto habría sido mejor con Irene Montero dentro?
A mí no me cabe ninguna duda de que Irene Montero no solo es una estupenda y muy valiosa compañera, sino que es una persona con la que yo he compartido y comparto proyecto político desde hace una década. Ha sido una ministra que ha garantizado seguramente los mayores avances en derechos civiles que ha experimentado nuestro país en las últimas décadas. Y le auguro un futuro político largo, porque me parece un activo político valioso.
¿Dentro de Sumar también?
Insisto en la respuesta. Me parece que tendrá un gran futuro político porque es un enorme activo para el espacio de la izquierda.
En el último Consejo Ciudadano Estatal, la ministra de Derechos Sociales, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, dijo que Podemos iba a tener un papel secundario en la campaña electoral. No sé cómo se imagina el papel de Podemos a partir del 23 de julio dentro de Sumar y en general dentro del espacio de la izquierda. ¿Cuál cree que debe ser el papel de Podemos dentro de ese espacio político?
Podemos es una fuerza que durante la última década ha jugado un papel crucial en nuestro país. Ha sido motor de enormes transformaciones. Creo que hoy todo el mundo es consciente de que no estaríamos donde estamos, no tendríamos el salario mínimo que tenemos en este país, no tendríamos los avances en derechos sociales que hemos tenido en este país, el escudo social que hemos tenido en este país, de no haber sido por la existencia de Podemos como fuerza política. No me cabe duda de que Podemos va a seguir jugando un papel crucial durante la próxima década en nuestro país. Habrá que ver cómo se realiza después del 23 de julio la configuración de ese papel transformador, de esa capacidad de empuje de nuevos derechos sociales, de nuevos derechos civiles. Pero no tengo dudas de que esa capacidad de movilizar nuevas voluntades políticas Podemos la va a seguir ejerciendo.
¿Pero cómo se imagina el espacio de la izquierda alrededor de Sumar? Unidas Podemos nunca llegó a desarrollar una estructura orgánica como coalición que luego se haya prolongado en el tiempo, como se ha visto, al contrario que ha pasado con los comuns, por ejemplo, que sí que han logrado consolidar esa estructura orgánica de toma de decisiones. ¿Cree que eso debería existir? ¿Se está trabajando para eso?
Me parece sin duda un debate interesantísimo pero que en todo caso habrá que tener después de las elecciones. En este momento el 100% de los esfuerzos de la coalición están puestos en las elecciones y están puestos en estas próximas semanas de competición electoral.
Hablando de esa campaña, hay algunas fuerzas que han manifestado previamente que quizá la forma de hacer campaña de Podemos no interpelaba de la manera correcta a la sociedad o creían que se debería hacer de otra manera. No sé si se siente más cómodo con el tipo de campaña que está desarrollando Sumar, más centrado en las propuestas que las anteriores campañas que ha realizado Podemos, por ejemplo la última, la de las autonómicas y municipales.
Creo que ya no estamos en las últimas campañas electorales. Lo que toca no es pensar en lo que pasó, sino en lo que tenemos en este momento. En este momento tenemos una campaña de claro corte propositivo, una campaña en donde queremos hacer propuestas. Yo recuerdo que en campañas anteriores Podemos fue una fuerza que de forma continua y reiterada planteó propuestas para debatir los grandes problemas de la sociedad. Volvemos a estar en un escenario electoral en donde en este caso a Sumar le corresponde hacer esas propuestas y es lo que estamos haciendo.
¿Cómo está viendo estos primeros días? ¿Cuál es el objetivo que se marcan? ¿Creen que van a poder superar a Vox, que parece un primer objetivo necesario para reeditar el Gobierno de coalición, o por lo menos hacerlo con una fuerza suficiente para llegar al 15% de los votos que les permita tener los escaños suficientes para reeditar la coalición?
Estos primeros días de campaña han visibilizado ya algo que era un objetivo claro nuestro, que es la movilización del electorado progresista. Ha cambiado la conversación política en el país y en buena medida el cambio de la conversación política responde a la conformación de esta coalición, Sumar; a la aparición de esta nueva fuerza política, que permite de alguna forma movilizar al electorado progresista. Esto es quizá la principal novedad que tenemos en esta contienda electoral. No hay novedad en el campo del Partido Popular. Sabemos lo que nos encontramos. No hay novedad en el campo de la extrema derecha. Sin embargo, hay una novedad importante en el campo de la izquierda y es una nueva fuerza política y una candidata, Yolanda Díaz, que atesora la capacidad de entender la política con mayúsculas para construir una candidatura que realmente pueda atraer esa movilización del electorado progresista.
Muchas de las medidas de las que hemos hablado (los ERTE, el aumento histórico del salario mínimo...) han sido muy bien valoradas por los ciudadanos, pero se da una paradoja, que es que parece que no se trasladan a las expectativas electorales. Vosotros habéis defendido siempre que por esas medidas estaba justificado estar en un Gobierno de coalición, pero eso no se traduce en una expectativa electoral mejor, ni siquiera en mantenerse electoralmente. ¿Por qué?
Es una de las grandes preguntas que hay que hacerse en esta legislatura. Por qué políticas que están siendo tan bien acogidas por la ciudadanía, no solo por la ciudadanía progresista, todas las encuestas dicen que hay una parte importante de la ciudadanía que vota a partidos conservadores que aprueba mayoritariamente los ERTE, la reforma laboral, que aprueba la reforma de pensiones, que aprobó el escudo social en el contexto de la pandemia y que por lo tanto aprueban el grueso de la política económica en particular y de la política social de este Gobierno, y sin embargo se percibe una cierta contradicción después con la orientación de voto. Esto nos habla de que la política y las políticas públicas no siempre circulan por el mismo carril y que es necesario tener en cuenta los dos carriles, de las políticas públicas, mejorar la vida de la gente, pero al mismo tiempo un carril político, un carril de comunicación que de alguna forma traslade continuamente y visibilice esta mejora en las condiciones de vida de la gente. Creo que seguramente esto es necesario reforzarlo.
¿Qué siente el secretario de Estado de Derechos Sociales cuando se conocen los datos de bajas peticiones del ingreso mínimo vital? ¿Qué falla?
Este Gobierno de coalición ha sido capaz de hacer nacer una medida que ha sido crucial y que faltaba en nuestro país, que es un suelo de ingresos. Ese ingreso mínimo vital que garantice ese mínimo para el conjunto de los hogares en situación de vulnerabilidad cuando uno no tenga un subsidio por desempleo o no pueda encontrar otras prestaciones. Ahora bien, nosotros ya advertimos en su momento que si nacía con el diseño con el que estaba naciendo, tendría las consecuencias de dificultar la entrada a mucha gente en la prestación. Parte de esas advertencias se tuvieron en cuenta y se fueron corrigiendo; otra parte, no.
Lo que hoy tenemos es el resultado de un laberinto burocrático que hace difícil precisamente a los hogares más vulnerables entrar a la prestación y que debe corregirse y se puede corregir. En España tenemos ejemplos de políticas de rentas mínimas que tienen un acceso más fácil a la prestación, que por ejemplo tienen en cuenta los ingresos del año en curso y no los ingresos del año pasado para conceder la prestación. Es el caso de Navarra o del País Vasco y por lo tanto este camino también debería ser seguido por el ingreso mínimo vital en las próximas legislaturas.
Veo por el tono que no haber corregido esas trabas burocráticas que han impedido el éxito más amplio del ingreso mínimo vital, por ejemplo, es una espina que queda del Gobierno de coalición.
Es un tema que advertimos en repetidas ocasiones. Es un tema que reiteramos, del que no solamente hablamos desde el Ministerio de Derechos Sociales y desde el espacio de Unidas Podemos, es un tema que muchos expertos en la materia han venido reafirmando. Insisto, se ha dado un paso adelante. La creación de ese ingreso mínimo vital es una tarea titánica, que después de 40 años de democracia estaba pendiente en nuestro país, pero debe ser completada y mejorada.
No sé si otra espina grande ha sido no abordar una reforma fiscal más ambiciosa. O si salen contentos del Gobierno de coalición con el impuesto extraordinario a la banca y a las energéticas que sí que han celebrado…
Las dos cosas deben de ser tenidas en cuenta. Por un lado está pendiente la reforma fiscal en profundidad que tiene que hacer nuestro país. [La ministra de Hacienda] María Jesús Montero decidió meter en un cajón el informe de los expertos cuando yo creo que en esta legislatura podríamos haber abordado el reto de una reforma en profundidad de nuestro sistema fiscal o al menos de algunas figuras tributarias. El impuesto de sociedades hoy sigue teniendo un agujero fiscal de más de 20.000 millones de euros. Los beneficios empresariales con relación a 2007 son un 50% superiores, pero las bases imponibles del impuesto de sociedades siguen todavía un 10% por debajo de su valor en 2007. Ahí tenemos un agujero que debe de ser abordado.
Siendo esto verdad, al mismo tiempo se han dado pasos importantes. Se ha creado el impuesto para las grandes fortunas, se ha creado un impuesto extraordinario para las empresas eléctricas y para la banca, se desarrolló el impuesto a las transacciones financieras. Son figuras tributarias que han permitido dotar de mayor progresividad a nuestro sistema fiscal y hacer que tributen más aquellas personas y aquellas empresas que tienen más capacidad de tributar. Y al mismo tiempo hemos reducido la tributación de las pymes, por ejemplo, del 25 al 23% para ponérselo un poco más fácil a quien tiene más dificultades.
Cuando aprobaron los nuevos tributos dijo que, si se miraba históricamente qué había ocurrido con los impuestos extraordinarios o temporales, era de facto una reforma fiscal porque acababan todos permaneciendo a lo largo del tiempo. ¿Sigue manteniendo que estos impuestos se mantendrán?
Yo pienso que estos impuestos extraordinarios, el impuesto a las eléctricas o el impuesto a las grandes fortunas que se han legislado, tienen que mantenerse como impuestos estructurales. Es más, el impuesto a las grandes fortunas debe ir más allá, en la línea que plantea el programa de Sumar para abordar una reforma que realmente grave los grandes patrimonios de este país. Yo sigo defendiendo que esto tiene que ser así y quiero recordar que el impuesto de patrimonio en España nació como un impuesto con carácter extraordinario y temporal y desde hace muchos años lo tenemos en nuestro sistema tributario.
Hasta ahora hemos hablado del marco nacional, pero hay un marco europeo en el que se están debatiendo las nuevas reglas fiscales y se están subiendo los tipos de interés más agresivamente que nunca. ¿Están amenazadas las políticas sociales por mucho que se consiga un Gobierno de coalición renovado que tenga entre sus prioridades esas políticas sociales? ¿El marco europeo hoy amenaza las políticas sociales en la eurozona?
No amenaza las políticas sociales, pero sí que creo que se están cometiendo errores. Un rápido aumento de los tipos de interés, como se ha realizado durante el último año, de 4 puntos, es un error de política monetaria desde mi punto de vista por parte del Banco Central Europeo, sobre todo porque lo que está haciendo es matar moscas a cañonazos en un intento de frenar la inflación. Y a lo que está llevando al conjunto de la eurozona es a una recesión. Y esto ya lo hemos visto en el caso de Alemania, en el conjunto de la eurozona.
España no está en esa situación, sigue creciendo por encima del 2% en este momento y España, de hecho, es un ejemplo de que se puede reducir la inflación, pero no con la política de austeridad monetaria que está imprimiendo el Banco Central Europeo, sino con un tope al gas que vaya al origen de esa inflación, porque la inflación en este momento no tiene su origen en la demanda, tiene su origen en el incremento de los costes de la energía. La política económica debía de centrarse como ha hecho el Gobierno de coalición en reducir la inflación a partir de topar ese precio del gas y de reducir la factura eléctrica y no con con una subida de tipos de interés que está llevando, a España no, pero al resto de países de la eurozona sí, a una situación de recesión técnica preocupante.
Sobre las reglas fiscales, ¿qué expectativas manejan en Sumar? ¿Les asusta que vuelva un marco austericida?
Esta legislatura, el periodo de pandemia en particular, ha dejado una lección aprendida, no solo en España, yo diría en el conjunto de Europa. Y es que es posible una alternativa a la vía muerta que fue la austeridad de hace una década. Hemos demostrado en España, pero también en el conjunto de los países europeos, que es posible dar una salida a una crisis gravísima como fue la crisis de la pandemia con medidas distintas a los recortes. A diferencia de lo que hizo el Partido Popular hace una década, en lugar de recortes, lo que hemos tenido es una inyección de fondos sin precedentes en la sanidad, en forma de plan de recuperación en sectores estratégicos clave como es el de las renovables, el de la rehabilitación inmobiliaria, el de los microchips, que han ayudado a una rápida recuperación.
En solo año y medio hemos alcanzado ya el nivel de empleo que teníamos antes de la crisis. Esto deja un poso en Europa, no solo en el Gobierno en España. Y es que no tiene ninguna posibilidad de volver a reeditarse la lógica de la austeridad y de los recortes. Volveremos a tener un pacto de estabilidad, pero debiera garantizar la flexibilidad y la autonomía de las políticas nacionales para que en momentos de crisis los Estados miembros puedan aplicar políticas anticíclicas, políticas expansivas que nos saquen de la crisis con crecimiento económico, con creación de empleo y no, como vimos hace una década, con recortes, hombres de negro y austeridad. Yo creo que esa lección está aprendida y no volveremos a ver hombres de negro en los próximos años, afortunadamente.
Entrevista completa a Nacho Álvarez:
Vídeo: Nando Ochando