La nueva categoría de bono social eléctrico para hogares trabajadores con bajos ingresos particularmente afectados por la crisis energética que el Gobierno puso en marcha el pasado octubre apenas beneficia por ahora a 2.300 familias, de acuerdo con los datos expuestos este lunes por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
Durante una rueda de prensa en la sede del ministerio para hacer balance del tercer mes de vigencia del Plan de Seguridad Energética, Ribera ha facilitado el dato de beneficiarios a esa nueva categoría, que estableció el artículo 10 del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre. A este descuento, que el Gobierno bautizó como “nuevo bono de justicia energética”, podrían acogerse, según estimó entonces el Ejecutivo, 1,5 millones de hogares.
Sin embargo, por ahora poco más de dos millares de hogares disfrutan de esta ayuda temporal, que consiste en descuentos del 40% en la factura de la luz sobre el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC) hasta finales de 2023.
Esta medida de refuerzo contra la pobreza energética está destinada a hogares cuya renta se sitúe entre 1,5 y dos veces el indicador IPREM de 14 pagas. A modo de ejemplo, este año pueden acogerse un adulto con una renta inferior a 16.800 euros anuales o una familia de cuatro miembros con una renta inferior a 27.720 euros anuales, según Transición Ecológica.
Pero el descuento hay que pedirlo, porque el bono social no es automático, aunque el Gobierno prometió que así fuera en 2019. Recientemente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estimaba que este año esa nueva categoría del bono solo van a recibirla la mitad de los beneficiarios que estima el Ejecutivo, aunque este organismo advierte de que sus previsiones “tienen un elevado margen de error”.
Ribera ha recordado que los descuentos del bono social, unidos a las medidas en vigor, como la bajada del IVA al impuesto eléctrico o el recorte de cargos, han propiciado que los vulnerables severos hayan pasado a pagar un 28% menos que en 2021 y los vulnerables, un 17%, con respecto a 2021.
2.000 comunidades
La vicepresidenta ha explicado que en diciembre se han alcanzado los 2 millones de clientes acogidos a la tarifa de último recurso (TUR) de gas, subvencionada por el Gobierno, tras sumar más de 10.000 suministros en un mes, que se unen a los 230.000 de noviembre. Los acogidos a la TUR solo para agua caliente disfrutan de un recorte del 41% respecto a lo que habrían pagado en el primer trimestre de 2023 sin el tope a las subidas. Para los acogidos a la TUR2 (de entre 5.000 y 15.000 KWh, con calefacción), el ahorro es del 37%, según el ministerio.
Por su parte, a la nueva categoría de TUR para comunidades de propietarios hay por ahora acogidos solo 2.000 colectivos vecinales, según Ribera, que ha destacado que las comercializadoras han mejorado sus servicios de atención al cliente para atender las peticiones.
La vicepresidenta ha lamentado que las grandes empresas no hayan remitido al ministerio sus planes de ahorro energético, como les invitaba a hacer el plan de Seguridad Energética aprobado en octubre, del que se han puesto en marcha 44 de las medidas que contemplaba, un 60% del total.
“No descarto que haya habido muchas que hayan ido incorporando e integrando internamente” esos planes, pero el ministerio prácticamente no ha recibido ninguno, pese a que el Gobierno ha pedido hacerlos públicos por una cuestión de “pedagogía compartida”. De momento, solo figura en la web del ministerio el que le ha remitido el operador del sistema, Enagás, cuyo mayor accionista es el Estado.
Ribera ha explicado que España ha recortado su demanda de gas natural desde el 1 de agosto hasta diciembre entre el 21% y el 23% respecto a la media de los últimos 5 años anteriores, y excluyendo el utilizado para cubrir las exportaciones de electricidad. En diciembre no ha habido un cambio “significativo” en el consumo industrial y la cogeneración ha “vuelto a niveles previos al tope al gas”, tras aceptar el Gobierno que estas plantas puedan ser incluidas en la denominada solución ibérica.
La demanda de electricidad, excluidas también las exportaciones, ha caído alrededor del 7,5% desde agosto hasta septiembre, lo que equivale a un ahorro 16 días de consumo de gas. Europa ha pasado de consumir el 40% del gas de origen ruso a un 7% si solo se cuenta el que viene por gasoducto tras la “significativa” caída de las importaciones en diciembre, cuando los almacenamientos de los estados miembros han cubierto el 28% del consumo de la UE.
Y los socios europeos han entrado en el invierno con los almacenamientos de gas al 83% el 11 de enero en el conjunto de la UE. En España, el porcentaje de llenado se sitúa en el 94%, 33TWh, a los que se suman los 17 TWh almacenados en las regasificadoras, que están al 69%. Esto resulta en unos 45-50 días de consumo nacional de gas en invierno.
Los precios del gas se situaron en diciembre en 100 euros/MWh, un 40% por debajo del pico de 164 euros de agosto. Ribera ha defendido que la caída está “directamente” vinculada con la decisión de activar un tope al precio del gas en Europa el pasado 19 de diciembre, que, junto con un invierno suave, ha propiciado que el gas se sitúe en torno a 60 euros/MWh, tendencia que ha confiado en que se mantenga.
La vicepresidenta no ha puesto fecha a cuándo espera que la Comisión Europea dé una respuesta a su petición de prorrogar el mecanismo ibérico más allá de mayo, hasta que no esté en vigor la reforma integral del mercado eléctrico en la UE. La medida “no ha generado ningún perjuicio”, no ha “alterado” el mercado ni provocado “ningún tipo de distorsión” y ha propiciado una reducción del 26% de los precios mayoristas ibéricos de la electricidad respecto a Alemania, del 35% respecto a Francia y del 41% respecto a Italia desde junio hasta diciembre, con un ahorro de 4.500 millones para los consumidores españoles.
Ribera ha repasado las cifras que ilustran la “solidaridad” de España con sus vecinos ante la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. Las exportaciones de electricidad a Francia en 2022 se han situado en 6.729 GWh en 2022, frente al promedio de importaciones de 2.165 GWh del último lustro, por la situación “insólita” de paradas en el parque nuclear galo.
Respecto a Portugal, las exportaciones han sido de 2.595 GWh frente a los 435 GWh de los últimos cinco años, como consecuencia de los efectos de la sequía en la producción hidroeléctrica del país luso.
Por su parte, las exportaciones de gas a Francia se han situado en diciembre en 4.991 GWh, más del doble que en noviembre. Y las exportaciones en diciembre han permitido cubrir un “relevante” 3,2% del consumo de electricidad en Francia, al situarse en 1.462 GWh.