La negociación de los ERTE cuenta con una nueva propuesta por parte del Gobierno, que mejora el apoyo con recursos públicos a las empresas en ERTE de los sectores más tocados por la crisis de la COVID, como el turismo y su industria auxiliar. La oferta de la Seguridad Social incluye un ahorro en las cotizaciones sociales de las empresas más afectadas “superiores al 80%”, según ha adelantado El Mundo y confirman fuentes del diálogo social a elDiario.es. El Ejecutivo mantiene su visión de que hay que centrar los esfuerzos en sostener a las empresas más limitadas por la pandemia, que pese a su viabilidad no lograrán recuperarse aún en los próximos meses. Para el resto de sectores, el Gobierno dejaría la puerta abierta de los ERTE por rebrote, si les afectan las limitaciones que se están acordando para reducir los contagios de coronavirus. Las conversaciones con los sindicatos y la patronal continúan, con el principal reto de definir la letra pequeña de ambas opciones.
Los escollos en la mesa de diálogo se centran sobre todo en las competencias de la Seguridad Social, que es la que está liderando la definición de la prórroga sectorial de los ERTE que plantea el Gobierno y las ofertas en las exenciones en el pago de las cotizaciones sociales. En los asuntos que encabeza el Ministerio de Trabajo, la protección por desempleo de los trabajadores en ERTE, hay más coincidencias. Todas las partes respaldan eliminar la reducción de la prestación del 70% al 50% a partir del sexto mes en ERTE y parece haber acuerdo para evitar que decaiga totalmente el llamado 'contador a cero' a partir de octubre, con una nueva oferta de Trabajo que permitiría que los afectados cobren la prestación sin que les consuma su derecho futuro al desempleo en el caso de que acabaran en el paro este año. Por el momento, la fecha de prórroga que se impone para la nueva extensión de los ERTE es el 31 de enero.
El último planteamiento de la Seguridad Social supone que algunas empresas en ERTE pasarían a verse más apoyadas en los próximos meses en el pago de las cotizaciones sociales de sus plantillas. En la última prórroga de los ERTE, hasta septiembre, se articuló un sistema diferenciado de exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, que en el caso más elevado alcanzaban el 80% para los nuevos expedientes por rebrotes del virus. En los ERTE por fuerza mayor total, por el que las compañías siguen cerradas sin recuperar su actividad, se establecieron exenciones del 35% en septiembre para las compañías de menos de 50 trabajadores y del 25% para las que superaran ese personal.
El Ministerio que dirige José Luis Escrivá defiende que hay que mejorar la protección para las actividades más tocadas por la pandemia, como es el turismo y toda su cadena de valor (clientes, proveedores y actividades anexas que dependen del sector turístico), que no logran reactivarse ni lo harán en los próximos meses por las limitaciones derivadas de la pandemia. Para estos sectores más afectados, que aún están en discusión en la mesa de diálogo, la Seguridad Social ofrece exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social a partir de octubre “superiores al 80%”.
La patronal y los sindicatos han defendido en un primer momento la reticencia a una prórroga de los ERTE con enfoque sectorial, por temor a que deje desprotegidas a empresas que se vean afectadas por la crisis de la COVID pero de manera más indirecta o menos obvia. El rechazo a la prórroga sectorial se mantiene sobre todo en estos momentos desde las patronales de empresarios, según fuentes de la negociación.
El reto de definir los sectores más afectados
El Ministerio de Seguridad Social pone sobre la mesa estas exoneraciones más generosas en las cuotas, con el reto de definir en la mesa de negociación con los agentes sociales qué actividades podrán acogerse a ellas más allá de las obvias, como las empresas del sector turístico y el transporte aéreo, entre otras. El objetivo es que se pueda proteger a industrias relacionadas con las actividades más tocadas, incluyendo a sus proveedoras y clientes, y aquellas afectadas por la COVID de una manera menos evidente. También se negocia en la mesa la protección “generosa” de empresas que demuestren que están todavía muy afectadas en su facturación por la pandemia respecto a su actividad previa antes de esta crisis.
Además, el Gobierno plantea mantener la protección en las cuotas de los llamados 'ERTE por rebrote' y ofrece que sean interpretados de manera “más flexible”, una cuestión que también está por definir. Este tipo de expedientes se habilitó para las compañías que se vieran afectadas por nuevas restricciones para frenar los contagios a partir del 1 de julio. Dados los focos del virus activos y al alza de contagios en estos momentos en algunas regiones, los ERTE por rebrotes beneficiarían a las empresas que se vieran limitadas por nuevas limitaciones frente a la COVID. Este mecanismo es el que el Gobierno ofrece apoyar para el conjunto de sectores, sin distinciones en función de la actividad.
El Ejecutivo considera que combinando ambas herramientas, se mantendría el apoyo público a los ERTE de la mayoría de las empresas y trabajadores afectados a día de hoy por estos mecanismos articulados al inicio de la pandemia. Hay que recordar que los ERTE ya existían en la normativa laboral, pero estos expedientes por la COVID reciben un tratamiento especial, con ahorros en las cotizaciones sociales para las empresas y más protección por desempleo para los empleados afectados. Algo más de 700.000 trabajadores continúan en este tipo de ERTE, unos 600.000 por fuerza mayor y más de 100.000 por causas objetivas (los llamados ETOP), según las últimas cifras ofrecidas por el ministro Escrivá, del máximo de 3,4 millones de personas que llegaron a estar afectados por ellos.
Con la propuesta del Ejecutivo, quedarían descolgadas de las condiciones más ventajosas de los ERTE por COVID las empresas que no estén incluidas en los sectores que se definan como los “más afectados” por la pandemia y aquellas que no se vean limitadas por las restricciones contra los contagios (ERTE por rebrote). Estas podrían acogerse a ERTE si quisieran, pero en las condiciones habituales establecidas en la legislación laboral.
Fuentes de la negociación apuntan que hay empresas que tienen dificultades económicas, a las que afectó la crisis de la COVID como al resto en un primer momento, pero cuya situación ya no está tan estrictamente conectada con la pandemia. El Banco de España ha recomendado redirigir las ayudas públicas, de los ERTE pero también en otros ámbitos, de manera que los recursos públicos se focalicen en las víctimas directas de la pandemia, mientras que se vayan retirando de las empresas con dificultades más estructurales.
Otro de los puntos de conflicto, que en este caso enfrente a sindicatos y patronal de manera unida contra la Seguridad Social, son las exoneraciones más elevadas sobre los trabajadores que reactivan las empresas frente a los que mantiene en ERTE. La Seguridad Social insiste en que es un buen mecanimos para incentivar las incorporaciones al trabajo, mientras que los agentes sociales exigen centrar los apoyos en los casos en que la empresa no puede sacar del ERTE a su plantilla. En su opinión, las empresas no reactivan empleados por estos incentivos en la cotización sino en función de si tienen o no demanda, lo que penalizaría a las compañías que están en peor situación.
El Gobierno, la patronal y los sindicatos seguirán negociando la próxima semana, lo que supone ya un retraso en las expectativas iniciales, que buscaban cerrar un acuerdo esta semana. La tensión entre las partes se ha elevado en los últimos días, en los que los empresarios han llegado a acusar al Gobierno de mentir en los datos sobre el coste de los ERTE. Las partes se acercan al límite para llegar a un pacto, antes del 30 de septiembre, que es cuando caducan las actuales condiciones de los ERTE.