Junio era el mes en el que la UE tenía previsto aprobar el impuesto del 15% a las multinacionales. Pero no. En la última reunión del Ecofin, los ministros de Finanzas constataron el veto polaco, que dependía, en realidad, de que la Comisión Europea desbloqueara su fondo de recuperación –36.000 millones de euros–, cosa que acabó haciendo a condición de que Polonia abordara la descolonización política del sistema judicial.
Polonia consiguió ese desbloqueo y, a continuación, levantó el veto a la nueva imposición. Pero, ahora, el veto llega de su viejo aliado, Hungría, que también tiene bloqueado su plan de recuperación por su deriva autoritaria, que ha llevado incluso a la Comisión Europea a activar el mecanismo de condicionalidad por la corrupción detectada en la gestión de los fondos europeos.
El veto de Orbán al impuesto llega después del enfrentamiento con los 26 por el embargo al petróleo ruso y por sacar de la lista de sancionados al patriarca ruso, Kiril.
“Hungría no puede apoyar la propuesta de directiva para un tipo mínimo global en este momento, el trabajo no está listo, creo que tenemos que seguir con los esfuerzos para encontrar una solución”, ha dicho en el debate público del Ecofin el ministro de Economía húngaro, Mihály Varga.
Así, Orbán ha cumplido finalmente su amenaza de vetar el impuesto mínimo del 15 % sobre las compañías multinacionales en línea con el acuerdo alcanzado a nivel internacional en la OCDE el pasado verano.
La propuesta de la OCDE de octubre pasado consistía en dos pilares.
El primer pilar fija que el 25% de los beneficios de las empresas con una facturación superior a los 20.000 millones de dólares (unos 19.000 millones de euros) y una rentabilidad superior al 10% tendrían que pagar impuestos en los países en los que tienen su actividad. Según la OCDE, el pilar uno afectaría a cerca de las 100 mayores multinacionales –Google, Facebook, tecnológicas, etc– y generaría unos 125.000 millones de dólares (119.000 millones de euros) en ingresos anuales a los países y territorios afectados.
El segundo pilar, que se debatía este viernes en el Ecofin, introduce un tipo mínimo global del 15%, que se aplicaría a empresas con ingresos superiores a los 750 millones de euros. El Observatorio Fiscal de la UE calculó que los países de la UE podrían ingresar unos 80.000 millones de euros anuales con la reforma.