Los nuevos esclavos de Europa, en el campo español

La agricultura española ha sido señalada desde Alemania como ejemplo de un sector donde se atenta los estándares socio-laborales europeos. La consultora berlinesa Löning, especializada en derechos humanos y negocios responsables, analiza el caso en una nota titulada “Cómo las compañías pueden lidiar con la explotación laboral en el sector de la agricultura”. España e Italia aparecen como países donde la actividad agrícola presenta claros casos de condiciones laborales, como mínimo, indignas de Europa.

“Cuando hablamos de esclavitud y de malas condiciones, a menudo pensamos en países que no están en Europa, pero ahí están, por ejemplo, España e Italia”, dice a eldiario.es Markus Löning, director de la consultora berlinesa.

No es casualidad que su firma se haya fijado en las grandes economías del sur de Europa. A finales del año pasado, sin ir más lejos, Alemania había adquirido una cantidad récord de casi 2.000 millones de kilos de frutas procedentes de España. Ese montante, registrado entre septiembre de 2016 y el 31 de agosto de 2017, representa unos 8,3 millones de euros, una cifra histórica para el sector.

“Alemania es el principal mercado de destino para las exportaciones de España e Italia en el mercado de comida procesada, especialmente en lo que respecta a frutas y verduras”, escriben la asesoras Cecilia Barral y Lisa Szeponik, quienes firman el articulo de la organización que dirige Löning. Ambas ponen a España, junto a Italia, de contra-ejemplo en materia de respeto de derechos laborales.

Aluden, por ejemplo, a casos de explotación como los denunciados por organizaciones sindicales como el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) o a ese reportaje del diario británico The Guardian sobre el trabajo en el campo andaluz que hace unos años señalaba que, en España, “los cosechadores de ensaladas son los nuevos esclavos modernos”.

También figuran en las referencias de Barral y Szeponik al caso de los 59 inmigrantes a los que se daba trabajo el año pasado en los campos de ajo de Cuenca en condiciones laborales deplorables, con largas jornadas de sol a sol y salarios y alojamientos de miseria. Puso fin a este caso una operación de la Guardia Civil llevada a cabo junto a las autoridades rumanas – había nacionales de ese país entre víctimas y responsables de esos abusos. Sin embargo, este tipo de situaciones no son excepcionales, ni en España ni en Italia.

Barral y Szeponik dan cuenta de casos con salarios de 6 euros al día, o de 25 euros al mes. También aluden a condiciones de vida que imponen algunos responsables de explotaciones agrícolas, metiendo “hasta 20 personas en apartamentos insalubres”, se lee en el informe de Löning.

En Italia, ha llegado a registrarse el caso de un grupo de mujeres rumanas a las que se daba trabajo en los campos de Sicilia bajo degradantes condiciones. A las “doce horas de jornada laboral sin agua pese al calor extremo” pagados con salarios que podían terminar no llegando había que sumar abusos sexuales, según Barral y Szeponik.

Medidas que deben tomar los empresarios

Este tipo de casos dan cuenta de la existencia de un colectivo, en buena medida formado por inmigrantes y otras personas en situación de especial vulnerabilidad, que lucha por sobrevivir trabajando en el viejo continente. A ellos, el semanario de izquierdas alemán Der Freitag los llama “los nuevos esclavos de Europa”. “Los políticos y las empresas tienen que saber que este problema existe y tomar las medidas que hagan falta para combatirlo. Algunas empresas lo hacen, y otras no tanto. Pero para nosotros es importante que las empresas sepan que tienen que hacer algo”, según Löning.

Él sabe, como señalan desde la Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que “la explotación no es un fenómeno marginal” y que “los consumidores pueden entrar en contacto con los resultados de explotación severa cuando compran patatas o carne en el supermercado, cuando se quedan en un hotel o comen en un restaurante o pasan junto a unas obras”.

Desde esa agencia europea, allá en 2015, incidían en la relevancia que tiene para las víctimas de estas formas de explotación el acceder a la justicia, a la regularización de la residencia y al mercado de trabajo. Para Löning, sin embargo, su foco está puesto en el otro extremo de la cadena. El último trabajo de Barral y Szeponik, presentado la semana pasada, está destinado a interpelar a las empresas y consumidores germanos que se exponen a productos surgidos de la explotación de los “nuevos esclavos”.

“En cualquier supermercado o empresa alemana, uno encuentra muchos productos españoles e Italianos, aunque el artículo que hemos escrito también se podría haber dedicado al fenómeno [de la explotación, ndlr.] en otro país Europeo”, conviene en afirmar Löning. “Porque, en general, en Europa, con la llegada de los refugiados en los últimos dos o tres años, la tendencia es que el fenómeno de la explotación se ha agravado. Ahora hay más trabajo ilegal”, abunda Löning.

Interés, tecnología e implicación

Para luchar contra la explotación laboral en el campo, Löning invita a los consumidores a “preguntar” sobre el modo de producción de los productos que se les presentan. También invita a hacer lo mismo a los comerciantes, incluidas las grandes empresas.

“La solución pasa porque las empresas se aseguren de que los acuerdos en sus cadenas de distribución son respetuosos con los estándares europeos e internacionales”, sostiene Löning.

Para luchar contra la explotación, también puede resultar crucial el mapeo de las cadenas de distribución de los productos. Pero esto ha de tener lugar desde el primer proveedor, “y especialmente y antes que nada, haciendo crecer la visibilidad del productor agrícola”, pues “es ahí donde tienen lugar la mayoría de las violaciones de derechos humanos”, escriben Barral y Szeponik. Las expertas de la consultora berlinesa también recomiendan, junto a Löning, la implicación de las empresas con sus distribuidores, “requiriendo el respeto de estándares sociales y medioambientales”.

El uso de nuevas tecnologías, como el blockchain, también pueden contribuir a la trazabilidad de los productos. De ahí que Löning y compañía no lo pasen por alto, como tampoco se olvidan de la necesaria mayor atención de las empresas compradoras de productos agrícolas en los procesos de contratación de empleados en las explotaciones del campo.

“Casos como los de Italia o España muestran que el trato de explotación laboral tiene lugar desde el momento de la contratación, operada por intermediarios que se aprovechan de trabajadores en una situación vulnerable”, según Barral y Szeponik.

La búsqueda de “partenariados” con actores locales, como pueden ser sindicatos, asociaciones y ONG's dedicadas a la defensa de trabajadores también constituye una idea a considerar. Barral y Szeponik subrayan, por ejemplo, el caso de SOS Rosarno, una organización de representación de inmigrantes surgida en 2010 en el marco de unas protestas en Italia donde se reivindicaba la mejora de las condiciones laborales de este colectivo.

En último término, desde Löning, apuntan incluso a la necesidad de las empresas de replantearse su modelo de negocio. “Las empresas tienen que tener en mente que ejerciendo su poder comercial y negociación precios y términos comerciales con sus proveedores, tal vez – o tal vez no – están generando las condiciones en las que emerge – o permanece – la explotación laboral”, se lee en el artículo de Barral y Szeponik.

En su despache berlinés, Löning, por su parte, prefiere insistir en una idea básica, pero no por ello menos necesaria: “lo fundamental es que las empresas sepan que el problema de la explotación laboral existe o puede existir”.