La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), conocida como el club de ricos por excelencia, recomienda a España revisar el régimen de las sociedades de inversión de capital variable (sicav), así como avanzar en la ampliación de las bases impositivas, incluyendo la completa eliminación de la deducción por compra de vivienda, y redistribuir la carga de los impuestos desde el trabajo hacia la imposición indirecta con el fin de impulsar la creación de empleo.
En un informe sobre España, la institución pide que el Gobierno, junto con otros países de la UE, revise el tratamiento de los instrumentos de inversión colectiva, concretamente el que reciben las sicav, que tributan por el impuesto sobre sociedades a un tipo de tan solo el 1%, así como reforzar los controles para garantizar que este instrumento no se utilice para eludir el pago de impuestos. Preguntado en rueda de prensa, el secretario general de la organización, Ángel Gurría, ha evitado especificar más esta petición que pone en evidencia el problema para controlar este tipo de instrumentos financieros privilegiados que se han organizado en Europa.
La OCDE considera también necesario eliminar la deducción fiscal por pagos hipotecarios para quienes adquirieron sus viviendas antes de enero de 2013, que, según calcula, podría suponer un coste para las arcas públicas de 1.800 millones de euros en 2014, además de beneficiar únicamente a un grupo de hogares. Los expertos a los que el Gobierno consultó para hacer un boceto de reforma fiscal también hicieron propuestas en esta dirección, que finalmente Hacienda no ha incluido en la reforma que ya está remitida y se va a comenzar a tramitar en el Congreso como proyecto de ley.
En relación a la reforma fiscal, la institución advierte de que “el Gobierno debería controlar estrictamente estos incentivos (por ejemplo, las deducciones por aportaciones a planes de pensiones personales) dado que suelen beneficiar a los hogares con rentas más altas y en cualquier caso podrían traducirse en una mera sustitución de un instrumento por otro, en lugar de incrementar el volumen total de ahorro”. “Ampliar la base impositiva del impuesto sobre la renta haría que este tributo fuera en muchos casos más equitativo y reduciría su efecto distorsionador”, señala la institución, a la vez que sugiere que la reciente reforma tributaria del Gobierno sólo recoge parcialmente sus recomendaciones al centrarse en los impuestos sobre la renta y sociedades.
“Se podría hacer más para dar prioridad al empleo y mantener una distribución justa de la carga impositiva”, sostiene la OCDE, que considera que actualmente la recaudación tributaria depende en gran medida de los impuestos sobre el trabajo, que son menos favorables al crecimiento y al empleo que los impuestos indirectos.
Medidas regresivas del Gobierno
En este sentido, la institución recuerda que el pasado mes de marzo el Gobierno introdujo una rebaja en las contribuciones empresariales a la Seguridad Social por medio de una tarifa plana de 100 euros al mes durante dos años para todos los contratos indefinidos que se firmen hasta el cierre del año. “Si bien el impuesto se ha reducido de forma general, la tarifa plana es regresiva e implica un impuesto mayor para los trabajadores con baja retribución”, puntualiza la organización, que también señala que “no puede esperarse que medidas de índole temporal vayan a estimular plenamente la contratación a largo plazo o los planes de inversión”.
De este modo, la OCDE considera que el núcleo de una futura reforma tributaria debería contemplar una reducción permanente en las contribuciones empresariales a la Seguridad Social centrada en aquellos trabajadores con menor retribución, grupo en el que la necesidad de estimular la oferta de empleo es más acuciante y presenta la mayor elasticidad de la demanda con respecto al salario.
Esta medida, que se conoce como devaluación fiscal, fue también propuesta por los expertos consultados por el Ejecutivo y descartada en la propuesta final. La devaluación fiscal, entendida como una rebaja generalizada de las cotizaciones a cambio de una subida de impuestos indirectos (IVA) es una receta que demandan recurrentemente el FMI y la OCDE. Sin embargo, no hay consenso sobre su aplicación y los expertos españoles discrepan de esta propuesta que por eso no se ha adoptado finalmente.
En cuanto al impuesto sobre el valor añadido (IVA), la organización señala que, a pesar de que la base del tributo ya se amplió en 2012, sigue siendo “una de las más limitadas de las economías de la OCDE”. “Desde un punto de vista económico, la mejor opción sería aplicar el tipo normal del IVA a la base impositiva más amplia posible”, sostienen los autores del informe,lo que supone quitar el tipo reducido del impuesto. Sin embargo, dado el carácter regresivo del IVA, admiten la adopción de medidas que mitiguen el impacto sobre las rentas más bajas, ya sea mejorando la red de protección social o excluyendo bienes de primera necesidad como los alimentos, aunque este último aspecto “podría minorar parcialmente la efectividad de la reforma”.
A favor de la reforma laboral
En general, las recomendaciones de la organización son reiterativas con las que se han hecho en el pasado. A diferencia de otros organismos internacionales y de otras instituciones privadas, este club de ricos es más atemperado en la petición de recortes y es usual que reclame más inversión en educación y un uso racional de la sanidad pública.
Sin embargo, el organismo sí es favorable a la reforma laboral llevada a cabo por el Ejecutivo e insta a profundizarla, sobre todo de cara a reducir la distancia entre el coste de los contratos temporales y los indefinidos. También insiste en continuar con la flexibilización del mercado laboral, tanto para acogerse a convenios colectivos como para la formulación de salarios.
Aunque en general el organismo augura buenas perspectivas económicas para España, sí dice estar enfríando sus expectativas al observar el entorno internacional que se está deteriorando. Gurría se mostró especialmente alarmado con la evolución del resto de socios del euro, incluidos Alemania y Francia, y pesimista en el entorno económico.
Para el organismo el alto nivel de paro sigue siendo inaceptable y cree que la única fórmula para paliar el problema del desempleo actual es mejorar la formación, las políticas activas de empleo y la educación.