La última reforma laboral acabó con la indemnización por despido de 45 días por año trabajado, impuso la de 33 días y facilitó el despido por causas objetivas, es decir, con 20 días de indemnización. Sin embargo, a la OCDE le parece que el coste del despido sigue siendo excesivo y ha instado al Gobierno a que rebaje su coste, aunque no ha especificado cuál debería ser. El organismo ha presentado hoy su informe de evaluación de la reforma laboral, que consideran va “en la buena dirección”, aunque hay margen de mejora.
En opinión de la OCDE, hacen falta ajustes que animen a las empresas a hacer contratos estables. Por un lado, recortar las indemnizaciones de los indefinidos y cerrar la brecha entre estables y temporales; por otro, alargar el periodo de prueba de estos contratos, que consideran insuficiente para que una empresa valore si un trabajador es válido o no para el puesto, y fijarlos en una media de seis meses.
No obstante, el organismo sí cree que las medidas contenidas en la reforma laboral de Rajoy han contribuido ha aumentar la contratación indefinida, a pesar de que, según los datos que el propio Ministerio de Empleo ofrece cada mes, los contratos estables suponen solo cerca de un 8% de todos los nuevos contratos. Según estimaciones de la OCDE, la reforma ha hecho que se creen unos 25.000 contratos indefinidos más de media cada mes de los que se hubieran creado sin la nueva norma. Esta creación se habría concentrado en las pequeñas y medianas empresas y, según la interpretación del organismo, gracias a que disponen del contrato de emprendedores, que cuenta precisamente con un año de prueba y, por tanto, de despido gratis durante ese periodo. Eso sí, admiten que el efecto sobre la contratación temporal “es aún limitado”, es decir, aún hay mucha contratación precaria.
El Director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, Stefano Scarpetta, ha sido el encargado de entregar el informe a la ministra de Empleo y de presentarlo ante la prensa. Scarpetta ha alabado dos efectos de la reforma laboral: el aumento de la flexibilidad interna en las empresas con la posibilidad, por ejemplo, de descolgarse de los convenios; y la moderación salarial. “Es muy dolora para los trabajadores pero es algo que lleva a mejorar el crecimiento económico y si esto ayuda a proteger empleos es algo que hay que hacer a corto plazo”, ha asegurado sobre este segundo aspecto.
Menos trabas a los despidos colectivos
Otra de las recomendaciones de la OCDE tiene que ver con la forma en la que se llevan a cabo los despidos colectivos. En su informe, asegura que la eliminación de la autorización administrativa previa para hacer un ERE ha creado “incertidumbre”, pero también los procesos judiciales posteriores. Es una interpretación similar a la que hace la CEOE, que se queja de que los tribunales tiene demasiado margen para interpretar en los casos en los que tienen que decidir si un ERE es nulo o no. En este caso, el organismo internacional recomienda aplicar el despido nulo y la posterior readmisión de los trabajadores solo en casos extremos. “Hay una discrecionalidad a la hora de readmitir a un empleado, ocurre además muy tarde en el proceos y es costoso para la empresa”, dicen los expertos de la OCDE.
Stefano Scarpetta ha hecho especial hincapié en la necesidad de reforzar los mecanismos de mediación y conciliación para evitar que los despidos lleguen a los tribunales. De hecho, ha mencionado como buena práctica los cambios que el Gobierno introdujo en los despidos colectivos el pasado agosto y que dificultaban la posibilidad de acudir a los tribunales. El organismo también recomienda reforzar la vinculación entre las prestaciones de desempleo y las políticas activas, de formación y orientación.