La reforma para que los autónomos coticen según sus “ingresos reales” ha entrado en la recta final, sin que se vislumbre un desenlace inmediato. Perduran las diferencias entre los negociadores mientras se agota el plazo para aprobar la norma que se fijó con Bruselas: el primer semestre de este año, que ya se va a superar. Se supone que hay consenso sobre que los trabajadores por cuenta propia deben cotizar según sus ganancias, no por aquello que eligen, como sucede hoy y que hace que la inmensa mayoría (85%) cotice por la mínima posible. Pero llevar esto a la práctica no está siendo fácil.
Después de meses discutiendo sin éxito la reforma, que se proyecta para aplicarse de manera progresiva en un máximo de nueve años, la Seguridad Social decidió intentar un pacto que alcanzara solo el inicio de la transición. Los primeros pasos del cambio del actual sistema electivo al futuro según las ganancias de los trabajadores, entre los años 2023 a 2025.
Esta semana se ha conocido la última propuesta del Ministerio que dirige José Luis Escrivá, con cuotas entre un mínimo de 250 hasta 550 euros al mes, según los rendimientos netos de los trabajadores. Por el momento, la oferta no convence a los negociadores, ni tampoco en el colectivo Lucha Autónoma, que se ha formado durante el debate de esta norma, según explicaban este martes en un programa temático sobre la reforma de Carne Cruda.
A continuación, repasamos algunas claves de la larga negociación y de su estado actual, para tratar de explicar cuáles son los principales escollos en la reforma.
1) Un consenso teórico, pero se complica en la práctica
La reforma del sistema de cotización para que los autónomos contribuyan a la Seguridad Social según sus ganancias, en lugar de por aquello que decidan, se supone que es un consenso desde hace años. Tanto a nivel político, con declaraciones como la de la gran mayoría de partidos en el Pacto de Toledo, como también social, con las principales organizaciones de autónomos que aceptaron hace años este cambio, recomendado también por organismos internacionales.
El fondo de la reforma está claro: que los autónomos coticen por sus ganancias, como sucede con los asalariados. Esto les dará una protección social (bajas, permisos por nacimiento, pensiones) acorde a sus rendimientos y, además, supondrá una contribución más justa al sistema de protección común de la Seguridad Social, por la que los trabajadores con ganancias más elevadas aportan más.
Pero esta idea compartida genera muchas diferencias a la hora de llevarla a la práctica: ¿cómo de rápido cambiar a este nuevo sistema desde el actual? ¿Quiénes pagarán más? ¿Y cuánto más? ¿Quiénes pagarán menos? ¿Y cuánto menos? ¿Cómo queda la protección social con este nuevo sistema?
2) ATA rechaza que los que más ganan coticen más
Las declaraciones públicas dan cuenta de un consenso para alcanzar la cotización del colectivo según ingresos, pero lo cierto es que la organización de autónomos dentro de la patronal CEOE, ATA, en la práctica intenta frenar la medida en la mesa de negociación. Lo hicieron durante la pandemia y también ahora, pero lo justifican con la inestabilidad económica por la guerra en Ucrania. El argumento, aunque la reforma se proyecte para la próxima década: “No es el momento”.
Si se va a lo concreto, ATA se opone a “un aumento de las cotizaciones”, por lo que en la negociación se está centrando en evitar que estas se concreten y en reducir las planteadas por el Ministerio. La organización presentó una propuesta con las patronales CEOE y Cepyme, con la cuota más alta de 400 euros al mes en 2025 para los trabajadores en el tramo más alto de ganancias.
La cuestión es que una subida de las cuotas para parte del colectivo, los que más ganan, es una pieza fundamental de la reforma, ya que muchos trabajadores con rendimientos altos están cotizando muy poco, por ganancias inferiores al salario mínimo. Solo hay que detenerse en el dato de que el 85% de los autónomos, casi 9 de cada 10, cotiza por el mínimo posible.
Según el Ministerio de la Seguridad Social, “un tercio del total de autónomos” verán subir su cuota con la reforma mientras que los otros dos tercios verán disminuir o mantendrán su cotización como hasta el momento.
3) Los colectivos progresistas se centran en los que menos ingresan
Al contrario que ATA, las organizaciones progresistas de autónomos, UATAE y UPTA, vinculadas a los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT, respectivamente) defienden que la reforma es “urgente” y que hay que desplegarla “lo antes posible”. Ambos colectivos centran sus intereses en los trabajadores con ingresos más bajos, aquellos para los que se prevé que bajen las cuotas y que por tanto se verán aliviados cuando estas reducciones se apliquen.
UATAE y UPTA reclaman que el sistema tenga efectos notables ya, al ser una tarea pendiente desde hace años, con la disminución de las cuotas para los que menos ganan y el aumento de la aportación de los trabajadores con mayores rendimientos. Esta subida la consideran “justa” porque se aplicará a trabajadores con beneficios más altos y permite que los autónomos contribuyan de manera equitativa al sistema público de la Seguridad Social, como sucede con los asalariados.
4) Es impopular decir a la gente que debe pagar más
Es fácil defender (en abstracto) una cotización en función de los ingresos, pero cuando se ponen los números sobre la mesa, hay quien teme la popularidad de llevarlo a la práctica. Como ocurre con otras cuestiones, en este debate hay una dificultad de fondo: que no es fácil decirle a la gente que debe pagar más. Sobre todo, cuando no lo hacían y estaban acostumbrados a ello. Es impopular.
Según los cálculos de la Seguridad Social, hay alrededor de 1,1 millones de autónomos que pasarían a cotizar más tras la reforma y en algunos casos –los de personas con beneficios más altos que están cotizando por la mínima– ese incremento es muy cuantioso. Ese tercio del colectivo requiere de explicaciones, un ejercicio didáctico para explicarles por qué se hace y por qué se defiende este cambio de modelo.
5) Mucho desconocimiento sobre qué es cotizar
Ese ejercicio de didáctica siempre es preciso en las reformas, pero en este tema si cabe más, ya que muchas personas no saben qué es la cotización. No es un impuesto, como algunos creen, y por lo tanto pagar más sí tiene una traducción directa beneficiosa para las personas trabajadoras. Cotizar más se expresa en pensiones más elevadas, así como mayores prestaciones por bajas e incapacidades y permisos por nacimiento más altos. Una mayor protección social, en definitiva.
También es relevante poner cifras al debate, para los que denuncian que la reforma supone un enriquecimiento de la Administración Pública a costa del colectivo. Si en el pasado la Seguridad Social apenas protegía a los autónomos, lo que hacía entendible una aportación mínima de los trabajadores, en las últimas décadas se les ha dado derecho a prestaciones por incapacidad, permisos de paternidad y maternidad, entre otras mejoras en su protección social. En estos momentos, el régimen de los autónomos es muy deficitario, con un gasto de la Seguridad Social muy superior a los ingresos. Los últimos datos anuales indican que se gastó en prestaciones 22.000 millones de euros, mientras que se ingresó unos 11.000 en cotizaciones.
También conviene poner cifras a lo que cotizan los asalariados, que en muchas ocasiones tampoco se conoce. Cotizan bastante más que los autónomos. Por ejemplo, con un salario de unos 1.300 euros brutos, la cotización mensual de un empleado es de unos 500 euros, entre lo que aporta la empresa y el trabajador. En estos momentos, la propuesta de Escrivá sitúa la cotización de los autónomos con estos rendimientos netos en los 294 euros al mes en 2025.
6) Hasta dónde puede bajar la cuota mínima
Pero no solo hay quejas de los que van a pagar más. También hay muchos trabajadores autónomos de ingresos bajos que creían que la reforma bajaría mucho más la cuota mínima actual –de unos 300 euros al mes– y que se han visto defraudados por las propuestas del Ministerio. La última oferta sitúa la cuota más baja en 250 euros mensuales de cara a los próximos tres años. Cuando se negociaba la reforma completa, en los nueve próximos años, el mínimo ofertado llegó a caer a unos 180 euros al mes al final del periodo.
La pregunta de fondo es: ¿cuánto puede bajar la cuota mínima? Aunque no se ha explicado, este interrogante está afectado por múltiples factores. Uno de ellos es la voluntad de mantener la protección social al colectivo, de manera que no se puede reducir mucho la cotización porque las cuentas de la Seguridad Social agrandarían –más aún– sus números rojos. Por ejemplo, ya hoy los trabajadores autónomos acceden a la misma pensión mínima que los asalariados, aunque cotizan bastante menos. También son los que más necesitan que sus pensiones sean complementadas por el Estado (a través de impuestos) para llegar al mínimo: casi un tercio del total de sus pensiones, respecto a algo menos del 20% de los asalariados. Reducir las aportaciones de los autónomos acrecentaría esta diferencia y no se quiere plantear una reducción de la protección.
Para bajar más la cuota a los que menos ganan también influye cuánto paga el resto, los que tienen ingresos superiores. La imagen completa del RETA que permita sostener sus cuentas en el tiempo y no hacerlas aún más deficitarias.
Por otro lado, el control del fraude es otro factor que se valora en el debate. Bajar las cuotas mínimas puede ser utilizado por algunos para declarar menos ingresos y, de esta manera, reducir sus costes laborales.
7) Después de 2025, ¿qué?
Otro de los puntos de fricción entre los defensores de la “urgente” cotización por ingresos y la patronal pasa por cómo se recoge en la ley lo que sucederá a partir de 2025. Aunque la Seguridad Social ya solo está trabajando en definir las cuotas y letra pequeña de la transición para los próximos tres años, la norma se referirá a qué pasará después. La clave es cómo.
Los sindicatos quieren que quede claro que no hay marcha atrás posible en la cotización según ingresos y que la reforma se va a completar en la próxima década. En el lado contrario, hay otras partes que están más cómodas posponiendo el tema y dejando este asunto para más adelante.
8) La reforma no son solo cuotas: ojo a la protección social
Por último, hay un elemento que mantiene las reticencias a un acuerdo incluso entre los mayores partidarios de la reforma. Los sindicatos y las organizaciones progresistas de autónomos exigen al ministro Escrivá que, al mismo tiempo que se modifica el sistema y se exige que parte del colectivo aporte más a la Seguridad Social, se mejore también la protección social de estos trabajadores.
En concreto, UATAE y UPTA se centran en facilitar el acceso a subsidios para autónomos sin empleo a edades avanzadas, como existe el paro para mayores de 52 años entre los asalariados. También que se mejore el acceso al cese de actividad ordinario (el 'paro de los autónomos'), que comprometió el ministro de la Seguridad Social en el pasado. Desde los sindicatos precisan, no obstante, que tal vez habría que replantear las cifras de la aportación de los autónomos al cese de actividad: pagan un 0,9% de la base de cotización, mientras que los asalariados pagan entre un 7 y un 8% en concepto de desempleo.