Contratos de dos horas que se convierten en diez, pero no sobre el papel. Trabajadores y autónomos que ponen sus coches, herramientas, ordenadores y teléfonos para hacer su trabajo. Salarios de apenas mil euros, a los que muchos tienen que descontar impuestos y Seguridad Social. Miles de trabajadores de contratas y subcontratas de Telefónica –muchos, autónomos– mantienen una huelga indefinida para protestar por sus condiciones laborales y pedir la derogación del convenio marco que la multinacional acaba de renovar y que abarata el precio de los servicios que prestan estas empresas externas.
Telefónica lleva años subcontratando buena parte del trabajo de instalación y mantenimiento de líneas. Sus contratas son diez grandes empresas, entre las que se encuentran, por ejemplo, Cobra (filial de ACS), Elecnor, Cotronic o Dominion. Estas, a su vez, subcontratan muchos servicios a empresas que acaban recurriendo a otras o bien directamente a autónomos.
En esta maraña de subcontrataciones, las condiciones laborales se resienten. “Todo es precario y hay una gran falta de legalidad. Es alucinante que una empresa como Telefónica, con los beneficios que tiene, haga y permita esto”, dice Isabel Rodríguez, secretaria general de Alternativa Sindical de Trabajadores (AST), la central que amparó las primeras concentraciones y convocó la primera huelga, que se celebró en Madrid.
Desde esa primera jornada, el 28 de marzo, los trabajadores se declararon en huelga indefinida, y fue el 7 de abril cuando se sumaron las plantillas de todo el país. Este miércoles, CCOO y UGT, que cuestionaron la forma en la que AST convocó los paros, han anunciado huelga durante seis días de este mes.
Lo que ha colmado la paciencia de los trabajadores es la reciente renovación del convenio marco que fija las condiciones bajo las que las contratas prestan sus servicios a Telefónica, el llamado 'Contrato de Bucle'. Esta renovación por tres años incluye una rebaja de los baremos con los que se retribuyen los servicios: todos los trabajadores –autónomos y contratados– cobran en función del número y el tipo de instalaciones o servicios que presten. “Las contratas y subcontratas repercuten esta bajada a sus trabajadores. Telefónica delega totalmente en ellas, pero el núcleo del problema es ella”, asegura Carlos Henao, miembro del comité de huelga.
Según este trabajador, el 90% de los empleados que prestan estos servicios no llegan a cobrar mil euros al mes, una cifra que bajaría aún más al aplicar el nuevo contrato. “La situación va a ser aún peor. La cantidad de instalaciones que vamos a tener que hacer al mes para ganar mil euros es muchísima. En nuestros contratos ponen que trabajamos dos o cuatro horas pero hacemos jornadas que las triplican, muchas veces hasta altas horas de la noche”, explica Henao, que va más allá y asegura que la precariedad se agrava porque son ellos los que ponen al servicio de las empresas todo el material: “No solo tenemos que tener el conocimiento, también poner los medios: el coche, el ordenador, un teléfono, herramientas... A lo que ganamos hay que quitarle nuestra factura de teléfono o los tiques de aparcamiento”.
Fuentes de la empresa destacan que la renovación del actual contrato muestra “su compromiso” con las contratas y “evita” que este sector “entre en una espiral de competencia en precio que acabaría por precarizar la actividad y pondría en jaque la estabilidad de una industria que ha seguido creando empleo incluso en los años de la crisis económica”, ya que la compañía ha renunciado a sacar a licitación este contrato.
Otras fuentes próximas a Telefónica señalan que las contratas han aceptado las nuevas condiciones de la compañía, que responden a una simplificación de los servicios que se prestan debido a los avances tecnológicos, y que la mayoría de autónomos lo son por elección. Aseguran, no obstante, que el nuevo convenio amplía las atribuciones de estos trabajadores, que podrán percibir remuneraciones por otros servicios.
Penalizaciones a los trabajadores
Las plantillas también señalan a Telefónica por otro asunto: las penalizaciones que les impone la compañía si han cometido algún error o no han cumplido a rajatabla el protocolo. “A veces hay inspecciones y por tener un guante roto o una bota mal puede haber multas de cientos de euros. Si un cliente reclama les pueden penalizar con más dinero del que han ganado en ese trabajo”, afirma Teresa Rodríguez. “Nos pueden penalizar por no haber colocado una pegatina o una argolla en una pared. Puede haber multas de 400 y hasta 600 euros, que pueden ser casi todo el sueldo mensual de una persona”, asegura Carlos Henao.
La intención de los trabajadores que secundan la huelga bajo Alternativa Sindical de Trabajadores es mantenerla hasta que Telefónica derogue el Contrato de Bucle y se regularice la situación de todos los trabajadores. En el caso de CCOO y UGT, las centrales explican que ha sido imposible “encontrar una situación satisfactoria” para estos trabajadores y que volverán a dirigirse tanto a Telefónica como a la patronal que agrupa a las contratas para intentar buscar soluciones a la precariedad de las plantillas. Mientras, mantienen la convocatoria de huelga para seis días de abril.