Despedidos, inquilinos y pequeños (y conservadores) inversores en bolsa son las tres figuras más penalizadas por la eliminación de regalos fiscales en la reforma fiscal presentada por Hacienda. Aunque la reforma se anunció como una propuesta para mejorar la eficiencia recaudatoria del sistema y todos los expertos recomendaron acabar con el colador que supone el ramillete de exenciones, reducciones y deducciones por los que se escapan ingresos al Estado, son básicamente estos tres colectivos (además de la limitación a las aportaciones de los planes de pensiones) los que pagan la necesidad de taponar parte de la sangría de ingresos que conllevará la rebaja de tipos del IRPF del sistema.
Es más, buena parte de la bajada de impuestos anunciada se hace por la vía de más regalos fiscales, en especial a familias, a personas con discapacidad y a sectores concretos como el cine. Pese a lo bien intencionado que suena el propósito de estas medidas, hay un consenso por parte de los expertos en que esta no es la forma de incentivar o premiar políticas sociales de Estado. En primer lugar, porque se hace sin discriminar renta o nivel de ingresos. Algunas comunidades autónomas sí ponen un tope de renta a la hora de dar parte de sus beneficios sociales por la vía de los impuestos, pero la propuesta del Estado es la misma sin límite.
Por la forma en la que están instrumentados estos beneficios sociales hay expertos que discrepan sobre su regresividad o no. Ignacio Conde Ruiz, subdirector de Fedea, cree que son regresivos ya que, por ejemplo, los mínimos exentos exigen que tengas suficiente renta para beneficiarte de estas supuestas ventajas fiscales. Las personas con muy pocos ingresos o que directamente no tienen empleo no percibirán esta política profamilia que asegura defender Cristóbal Montoro mediante estas decisiones. Conde Ruiz es partidario de utilizar el gasto como forma de redistribución de la riqueza, y no los ingresos.
Santiago Díaz de Sarralde, experto fiscalista, cree que sí que hay progresividad en algunas de estas deducciones. Sin embargo, ambos concuerdan con que esta no es la mejor forma de instrumentar ciertas políticas públicas de asistencia, como también coincide el catedrático de Hacienda Ignacio Zubiri.
Premiar el número de hijos o la discapacidad por la vía del IRPF limita este tipo de transferencias sociales solo a los que tengan una nómina, lo que potencia el riesgo de exclusión de ciertos colectivos que no están insertados en el mercado de trabajo. Desde el ámbito de la asistencia social, siempre se ha criticado con dureza que las transferencias sociales en España están muy ligadas al empleo, tanto a tenerlo como a perderlo. No se hace una política social alejada del mercado de trabajo y supone una sangría de recursos a la caja del Estado que podría responder por otras políticas más eficaces, y selectivas, con esa recaudación. Cabe recordar que para beneficiarse de los descuentos por descendiente o ascendiente con discapacidad hay que trabajar o recibir una pensión. Si se ha tenido que dejar el empleo precisamente para cuidar de ese dependiente, de poco valen estas deducciones fiscales.
Con todo, el Gobierno ha decidido apostar por este tipo de lo que llaman “beneficios sociales” en lugar de dotar de recursos a leyes ya existentes, como la Ley de Dependencia, o hacer realidad la educación gratuita de 0 a 3 años, una de las herramientas que se ha demostrado más eficaces para incorporar a la mujer al mercado de trabajo después de dar a luz y para fomentar la natalidad. En este sentido, el sistema conserva todo el sesgo de desigualdad de género del que se lamenta el colectivo feminista.
Al final, la reforma solo incide en la rebaja de la tributación de los que menos ganaban, para liberar a los mileuristas de pagar IRPF, y deja más o menos el resto del sistema como estaba, revertiendo en parte el llamado “recargo temporal de solidaridad” impuesto en 2011. Pero para revertir aquella rebaja, el Ejecutivo opta por complicar aún más la declaración de la Renta, haciendo una distinción entre la reducción de las rentas del trabajo por encima y por debajo de los 14.450 euros. “Han optado por esta vía porque es más barata pero más compleja”, apunta Díaz de Sarralde coautor del libro Qué hacemos con los impuestos. “Hubiera sido más sencillo quitar el gravamen temporal que se creó en 2011”.
Además, Díaz de Sarralde señala que la bajada de impuestos se fía en gran medida a la voluntad de las comunidades autónomas que deben adaptarse a los nuevos tramos de IRPF que marcan desde el Gobierno central pero que afectan también a sus tramos. Sin ir más lejos, el tramo más bajo que pone el Estado es del 10% y el de las comunidades un 12%, si sumamos queda un 22% frente al 19% que ha comprometido el Ejecutivo. Definitivamente, sin la ayuda de las CCAA, que pedirán una compensación, esta bajada no es factible.
Los paganinis de estas rebajas de IRPF son entre otros los beneficiarios de las deducciones de alquiler, así como los arrendatarios, a los que se limita la exención por alquiler hasta el 50%, incluso para jóvenes menores de 30 años. El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, se escuda en que el mercado de la vivienda ya no necesida de incentivos “distorsionantes” para alquilar, aunque se conservan el régimen fiscal que permite a las socimis, es decir, a los grandes fondos tener pisos arrendados a precio de ganga fiscal.
Otros que cargan con el mochuelo de las rebajas son los inversores en bolsa que pierden la exención de los 1.500 euros en el reparto de dividendo. Zubiri recuerda que esto perjudica precisamente a los pequeños ahorradores, ya que la fiscalidad del ahorro mejora lo que beneficia a los grandes inversores. Pérez Boga coincide en lo poco apropiado de eliminar esta exención.
Los expertos entienden que podría ser razonable poner un límite a la exención sobre las indemnizaciones por despido, pero el nivel de 2.000 euros por año trabajado parece demasiado escaso y penalizará con fuerza a largas carreras laborales que sean despedidos al final de su vida laboral.
Minas ocultas en el texto
El presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, Ransés Pérez Ponga, percibe también cómo se acrecienta con este tipo de estrategias “la complejidad” del sistema actual. “Hay muchas minas ocultas en el texto”, lamenta este inspector de Hacienda. Al menos, el inspector se felicita porque finalmente hay una propuesta en el borrador de la Ley General Tributaria que plantea una estrategia de lucha contra el fraude, algo que con la escasa información del viernes parecía que no se iba a cumplir.
Entre otras medidas, la Agencia Tributaria propone volver a meter en la lista de paraísos fiscales a los países que no cumplan con su compromiso de intercambio de información, o mejorar la claridad de la ley en cuanto a prescripción de los ejercicios investigados.
Pero otras iniciativas muy demandadas por los inspectores para luchar contra el fraude, como la eliminación del régimen de módulos, se han quedado prácticamente en agua de borrajas. Solo se ha excluido el sector de la construcción, en un claro éxito de sectores como el taxi y la hostelería con su labor de lobby.
Los inspectores también temen que se obstruya su capacidad de inspección con decisiones como la de quitar un plazo para que las empresas se puedan deducir sus créditos fiscales. Esto es, las pérdidas que se tienen un año y que ayudan a pagar menos impuestos en los años que se tienen beneficios. Hasta ahora la limitación era de 18 años y ahora se hace sin plazo, lo que puede provocar usar estos beneficios fiscales generados en años ya prescritos y de difícil comprobación por los inspectores.
Además, se hace una distinción entre la banca y todos los demás sectores a la hora de usar estos créditos fiscales, ya que la banca seguirán tributando al 30%, para descontarse el máximo de las pérdidas generadas en la crisis, mientras que el resto de los sectores empresariales lo harán al nuevo tipo, que aterrizará al 25% en 2016.
En general, los expertos creen que la reforma falla en los principales objetivos que se había marcado el Gobierno: simplicidad, equidad y eficiencia recaudatoria. El apoyo de la recaudación se fía al crecimiento de la economía y Bruselas ya ha sacado tarjeta roja con la posibilidad de cumplir con el objetivo de déficit con la ruta marcada por esta reforma que se ha hecho sin consulta. “Es errática, no corrige ninguno de los defectos anteriores”, lamenta Conde Ruiz.