El desvío de fondos en un emblemático geriátrico para mineros arroja el último escándalo de corrupción en Asturias
El sobrecoste de la residencia geriátrica y spa de Felechosa, perteneciente al Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana y ubicada en el concejo de Aller ha sido esta semana objeto de una operación contra antiguos responsables del SOMA UGT-Asturias, que se ha saldado con cuatro detenciones más posterior puesta en libertad con cargos.
Los presuntos delitos de que se les acusa son blanqueo de capitales, falsedad de documento oficial, fraude de subvenciones, tráfico de influencias, delito societario por apropiación indebida, prevaricación y cohecho, entre otros.
Este inmueble inaugurado en 2013 con fondos públicos del Estado para compensar la reconversión del sector hullero, los denominados Fondos Mineros, pasó de figurar como ejemplo de establecimiento para mayores (vinculados a la minería) a convertirse en un foco de corrupción del sindicato minero del SOMA-UGT. La ejecución de esta obra fue ofertada en 25,3 millones de euros y finalmente costó 32,5.
El Montepío de la Minería gestiona residencias geriátricas y destinos vacacionales, con apartamentos y hoteles en propiedad por distintos puntos de España (Roquetas del Mar, los Alcázares del Mar Menor...) para mineros jubilados y prejubilados.
Este desvío de capital es lo que intenta aclarar estos días, con detenciones y registros, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los presuntos implicados: José Antonio Postigo, expresidente del Montepío de la Minería, quien impulsó y contrató las obras, Juan Antonio Fernández, dueño de la constructora Alcedo de los Caballeros, quien ejecutó la construcción de la residencia, y José Manuel Fernández, exasesor fiscal del Montepío de la Minería, deberán acudir al juzgado los días 1 y 15 de cada mes. No así el arquitecto Manuel Sastre.
Los cuatro fueron detenidos el pasado martes en el marco de la “operación Hulla” y puestos en libertad la noche del jueves. Para los tres primeros, los fiscales anticorrupción habían pedido cárcel, eludible con fianzas de un millón de euros para los dos primeros, y de 400.000 euros para el tercer detenido. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, Belén Fernández, no estimó la petición de los fiscales Anticorrupción, Carmen García Cerdá e Ignacio Stampa, al entender que no había riesgo de fuga.
El quinto presunto implicado, el exsecretario general del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, es el único de los cinco principales investigados que todavía no ha declarado ante la magistrada. El pasado jueves fue sometido a un examen para determinar si está en condiciones de hacerlo dada su mermada salud y deterioro físico. En los próximos días está previsto hacerle nuevas pruebas médicas.
Quienes sí estaban también citados a declarar el pasado jueves eran los familiares del exsindicalista. Tanto su esposa, María Jesús Iglesias, como sus hijos, Rolando y Ángela Fernández –quienes trabajaron para el Montepío- se negaron a responder a las preguntas de la fiscalía, alegando una situación de indefensión, igual que hubieran hecho con anterioridad en el cuartel de la Guardia Civil. Este viernes han sido citadas a declarar en el juzgado las hijas y exmujer de José Antonio Postigo.
La UCO trata de aclarar el trámite urbanístico de este polémico geriátrico. Y el presunto “desvío, apropiación y ocultación” de fondos, tanto públicos como privados, pertenecientes al Montepío en la ejecución de esta obra ofertada.
La fortuna de Villa
Los dos procesos judiciales en los que está inmerso el exlíder sindical José Ángel Fernández Villa parten de la regularización que hizo en 2012 de 1,4 millones de euros, lo que dio lugar a la apertura de una investigación por parte de Anticorrupción, para ver si el origen de ese dinero estaba en el sindicato. El caso se dio a conocer a finales de 2014 y el SOMA expulsó entonces al que había sido su secretario general durante 35 años.
Previamente, en 2013 Villa ya había abandonado la secretaria general del SOMA, advertido seguramente de la investigación a la que estaba siendo sometido tanto él, como Postigo, quien también aprovechó la amnistía fiscal del PP de 2012 para regularizar 300.000 euros. Una vez que el escándalo salió a la luz, el SOMA presentó una querella, en octubre de 2015, por apropiación indebida de más de 400.000 euros, en concepto de dietas, gastos sin justificar y uso indebido de tarjetas del sindicato.
Desde que se presentó esta querella, la otra causa judicial que tiene pendiente el exlíder sindical y por la que se le pide hasta seis años de prisión, la defensa de Villa se ha basado en que su presunto deterioro cognitivo le impedía declarar y le hacía inimputable. No obstante, un informe forense del pasado mes de marzo no constata tan alto el deterioro que dice padecer y al que se agarra nuevamente en la causa del geriátrico para evitar declarar.
PP y Podemos exigen explicaciones al PSOE
Tanto el secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa, como la presidenta del Partido Popular en Asturias, Mercedes Fernández, han exigido explicaciones al Gobierno asturiano, en manos del socialista Javier Fernández, ante los acontecimientos de esta semana, ya que entienden que el exsindicalista “dominó” el PSOE asturiano durante décadas y ahora “no basta con que el gobierno asturiano se haga el sorprendido”, con el desvío de dinero de obras de los Fondos Mineros para otros intereses personales.
A este respecto, el Gobierno regional dice que el control de las obras del geriátrico de Felechosa era competencia del Gobierno central, por aquel entonces en manos de José Luis Rodríguez Zapatero.
Durante años, Fernández Villa controló no sólo el sindicato minero, sino que influyó decisivamente en la Federación Socialista Asturiana y en los gobiernos del Principado. A la fiesta anual del sindicato, en Rodiezmo, iban dirigentes del PSOE nacional, y en múltiples ocasiones acudió el que por entonces era presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Su poder también le hizo mantener buenas relaciones políticas con el exministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, con el que negoció los fondos mineros y con el que fuera alcalde de Oviedo durante dos décadas, Gabino de Lorenzo, ambos con gran peso en el Partido Popular.
