Las principales organizaciones agrarias, Asaja, COAG y UPA han acordado “retomar el calendario de movilizaciones para reclamar un ambicioso plan de choque que recoja medidas tanto a nivel de UE, como de Gobierno de España y de las Comunidades Autónomas”. Así lo indican en un comunicado tras reunirse este martes un contexto de protestas del campo en toda Europa, sobre todo en Francia que han logrado bloquear las carreteras.
“Inicialmente, los actos de protesta se desarrollarán en el ámbito más regional durante las próximas semanas”, explican las organizaciones.
La escala de la movilización aún tienen que concretarse, según explican fuentes de una de las organizaciones, ya que se tendrá que decidir en cada territorio. “Serán a escalas locales y regionales, pero no está sobre la mesa una movilización en Madrid”, añaden.
“El sector agrario en Europa y en España está sumido en una frustración y malestar creciente debido a las difíciles condiciones y asfixiante burocracia que generan las normativas de la UE”, aseguran las organizaciones.
“Los agricultores luchan frente a un mercado desregulado que importa productos agrarios de terceros países a bajo precio que presionan a la baja los de la UE y a los producidos en España. Estas producciones extracomunitarias no cumplen las normativas internas de la UE y representan una contradicción e hipocresía en la actuación política de la UE, entre la política comercial y la política agraria común propia. Una competencia desleal que pone en jaque la viabilidad de miles de explotaciones en España y Europa”, subrayan.
Entre sus peticiones, citan, la paralización de las negociaciones de acuerdos como del Mercosur, la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda y que se paralicen las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia.
También, que el Gobierno de España, con la supervisión de la Comisión Europea, aumente los controles en la frontera con Marruecos para garantizar que los productos agrícolas marroquíes importados cumplen con las normativas internas de la UE y las cantidades arancelarias establecidas en el acuerdo de libre comercio. “Es vital recuperar la preferencia comunitaria para recuperar y garantizar nuestra soberanía alimentaria”.
Cambios en la Ley de la Cadena
Además, las tres organizaciones piden cambios en la Ley de la Cadena, que lleva algo más de un año en vigor pero no sería suficiente para solucionar gran parte de los problemas de los productores. Un año donde saltarse la norma ha conllevado sanciones.
En concreto, “reclaman la modificación y ampliación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria para prohibir las prácticas desleales para que los precios de los agricultores cubran los costes de producción. Asimismo, la AICA [Agencia de Información y Control Alimentario] debería de aplicar sanciones económicas más acordes a la infracción sometida y que se amplíen sus recursos de control”.
“En España, la Ley de la Cadena Alimentaria se debe reforzar para conseguir su máxima aplicación”, aseguran. “El Observatorio de la cadena debe publicar los índices de precios y costes; además se deben actualizar todos los estudios de cadena de valor realizados hasta ahora. La AICA debe actuar más a través de los indicios y por lo tanto con inspecciones de oficio. Se debe recuperar en los indicios la temática de los 'precios anormalmente bajos', como es el caso ahora mismo del limón”.
Asimismo, indican “se va a exigir al Ministerio de Agricultura un observatorio sobre las importaciones y que se refuerce la batalla en Bruselas para exigir reciprocidad, mediante cláusulas espejo, en todos los productos agrícolas y ganaderos que entren al territorio UE. El Ministerio de Agricultura también debe trabajar con la AICA para que se facilite de forma sencilla, que los agricultores y ganaderos puedan demandar un resarcimiento en sus ingresos cuando estén las sanciones publicadas”.
Por otro lado, a las comunidades, en el ámbito de sus competencias, se les demandan reformas urgentes en cuanto a la simplificación de los trámites burocráticos que ahogan a los profesionales del campo. A ellas y al Gobierno estatal también se le “exige un reforzamiento real de los mecanismos de incorporación de jóvenes para propiciar el relevo generacional”.