La crisis desatada por la pandemia de la COVID–19 va a tener efectos económicos devastadores y aún por cuantificar, pero que se sabe que podrían ascender a billones de euros. Oxfam estima que los trabajadores perderán hasta 3 billones en ingresos. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la mitad de los trabajadores en todo el mundo podrían perder su empleo en los próximos meses. Mientras tanto, se espera que la actividad financiera ilícita se intensifique. Todos estos efectos serán aún más profundos en los países en desarrollo.
En este contexto, las organizaciones internacionales habitualmente volcadas en la justicia fiscal han reclamado un esfuerzo extraordinario de los gobiernos para mostrar la voluntad política suficiente para acabar con la evasión fiscal, la elusión y la ingeniería financiera para reducir el pago de impuestos.
Se estima que hay entre 7 y 31 billones de euros (entre 8 y 35 billones de dólares) depositados en entramados y paraísos fiscales, según los datos manejados por la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional de las Empresas (ICRICT), Oxfam, la Coalición por la Transparencia Financiera (FTC) y la Internacional de Servicios Públicos (PSI).
En un seminario virtual celebrado este jueves se han debatido posibles soluciones. “¿Puede el dinero escondido en los paraísos fiscales ayudar a los países a pagar la factura de COVID-19? Es ciertamente posible que parte de esta enorme cantidad pudiera ser aprovechada, siempre y cuando haya suficiente voluntad política”, defienden estas organizaciones.
En los debates se han tratado medidas puntuales y extraordinarias como un impuesto sobre el exceso de beneficios o un impuesto solidario COVID-19 sobre las fortunas. También otros que se han considerado de más largo recorrido como un impuesto sobre las ventas de negocios altamente digitalizados; un impuesto mínimo de Sociedades; y acelerar la transparencia y los mecanismos de intercambio automático de información para los países en desarrollo apoyando el intercambio de información no recíproca entre los países desarrollados y los países en desarrollo.
“No se debe incrementar la competencia fiscal para salir de la crisis”, ha advertido Susana Ruíz, de Oxfam. A su juicio, los gobiernos deben centrarse en rescatar a los más vulnerables antes que a las empresas. Y poner en el punto de mira a los más adinerados. “Se les debe pedir que aporten más”, ha dicho Ruiz, para quien las soluciones deben ser nacionales, ya que no hay tiempo para esperar a que se llegue a acuerdos internacionales.
Otro de los asuntos analizados ha sido la ayuda a las empresas por parte de los gobiernos para preservar los puestos de trabajo y reactivar la economía una vez que lo peor de la pandemia haya pasado. “Pero hay un consenso cada vez mayor en muchos países de que esto no puede ser incondicional. No debería ser aceptable que una empresa que reclama ayuda estatal informe de altos beneficios en países con impuestos muy bajos, donde tiene poca actividad económica, y mientras tanto informe de pérdidas en países donde concentra el grueso de sus actividades, pero donde los impuestos son altos”, han subrayado.
Se estima que un 40% de los beneficios en el extranjero de las multinacionales de todo el mundo se transfieren artificialmente a los paraísos fiscales, según el economista y comisario del ICRICT Gabriel Zucman. Hasta la fecha, Francia, Bélgica, Dinamarca, Polonia, Gales y Argentina han anunciado medidas similares para impedir que las empresas vinculadas a paraísos fiscales reciban los rescates de la COVID-19.
“Estas loables declaraciones pueden, sin embargo, estar limitadas por lo que cada país considera paraísos fiscales. Mientras que los paraísos fiscales pueden evocar una imagen de palmeras y playas de arena blanca, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Malta y los Países Bajos son considerados por muchos como responsables de la mayor parte de la evasión fiscal en la UE”, han apuntado las organizaciones.