País Vasco y Murcia: las dos caras de las rentas mínimas en España

“No es que no lleguemos a fin de mes, es que no llegamos a mediados de mes. Luego vives de la caridad. Tienes que empezar a tirar de amigos, de familiares, o agachar las orejas e irte a la Cruz Roja a pedir comida”. V.M., guipuzcoana y a quien pertenecen estas palabras, es una de las beneficiarias de la Renta de Garantía de Ingresos (Renta Mínima de Inserción) en el País Vasco, la Comunidad Autónoma con la mayor cuantía media de esta prestación en todo el país. 662,51 euros al mes es el mínimo establecido por esta Comunidad, una cantidad que puede ascender hasta los 945,20 euros según complementos.

Con los 870 euros que le han asignado al mes, V.M. subsiste junto a su marido y sus dos hijas, de 7 y 10 años de edad. Los dos están en paro y la RGI es su única fuente de ingresos. “Cobro el día 30, intento pagar las facturas, pago la ikastola, pago el coche, hago una compra de comida muy grande, y el día 10 ya no tenemos un duro. 870 euros para una familia de cuatro personas... Me ha llegado una carta de la luz diciéndome que me llevan a juicio porque no he podido pagar una de las facturas. Si la pago no doy de comer a mis hijas. ¿Comemos o pagamos? ¿Qué hacemos? (…) Si llamo a mi madre y le pido 7 euros que me faltan para pagar la factura de la luz y ella me lo ingresa, me lo cuentan como ingreso y se descuenta de la ayuda”, señala la afectada. “En nuestra casa no entra carne ni pescado todas las semanas. Entra una vez al mes. Decimos: ‘¡Hemos cobrado! ¡Hoy vamos a comprar carne!”.

A. vive en San Sebastián con su hija de 11 años y desde finales de 2012 recibe 850 euros al mes de la RGI, una ayuda que se le acabará en octubre. Procedente de Ecuador y asentado en España desde hace dieciséis años, A. ha trabajado cuidando ancianos y de vigilante en varias empresas, y lleva los últimos tres años en paro. Actualmente está realizando un curso de formación sanitaria ofrecido por una asociación de trabajo social. Al preguntarle acerca de cómo se las arreglan para llegar a fin de mes, responde: “Mal, ya te imaginas… Una cosa se paga, la otra no, y así va uno tirando”.

El perfil de las personas solicitantes de la prestación ha cambiado a raíz de la crisis, según explica Coro Amunarriz, presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Guipúzcoa. A los beneficiarios habituales, como los pensionistas, las personas con discapacidad, individuos con escasa cualificación, o familias monoparentales, se están sumando ahora personas a las que se le está acabando la prestación por desempleo y que sólo tienen el subsidio o contratos con salarios muy bajos con los que no pueden hacer frente a los gastos mensuales ordinarios.

En este momento, J.G. tiene trabajo pero su salario no llega a los 1000 euros, por lo que necesita recurrir a las ONG. Con él viven sus dos hijos menores de edad y una hija que empezará la universidad el próximo curso. Este guipuzcoano fue beneficiario de la RGI, pero al tener una hipoteca consideraron que su patrimonio era muy alto y le asignaron 300 euros mensuales.

“No estoy conforme [con la cuantía], pero soy una persona muy agradecida”, señala A., “y pienso que todo el mundo necesita como yo. Me da cosa molestar más y más”. Por su parte, V.M. apunta: “Gracias que tenemos esto, si no tuviéramos esta ayuda todavía sería mucho peor. Si fueran los 420€ que dan en el resto de España, nos morimos del asco”.

Murcia, donde los pobres lo son aún más

En Murcia se ha establecido una Renta Básica de Inserción (como se denomina allí esta prestación) de 300 euros mensuales, con complementos que pueden llegar a incrementar la ayuda hasta los 682 euros. Es la Comunidad Autónoma con la Renta Mínima más baja de España.

A la diferencia de cuantía se suma el lento procedimiento que supone solicitar esta ayuda allí. La ley establece un plazo de dos meses para que se conceda, un plazo que llega a alargarse hasta un año y medio. “La RBI en la Región de Murcia llega tarde, y muchas veces antes de que llegue la persona se ha tenido que buscar alternativas, como ir a un centro de acogida u otras formas de solventar las necesidades básicas, porque al esperar para recibir la ayuda sin tener ningún tipo de ingresos durante un año y medio se acaba perdiendo la vivienda y cualquier manera de mantenerse con una mínima calidad de vida”, explica Eva León, Vocal de Inclusión de EAPN Región de Murcia. “Hay un período de carencia entre cada RBI de al menos seis meses [se exige ese período sin haber recibido ningún tipo de prestación]. Si luego le sumas el año o año y medio que suelen tardar en tramitarla, estamos hablando de que al final a las personas que están en exclusión social les das doce meses de una ayuda que está muy por debajo de lo que dice la ley y luego pasan en torno a dos años hasta que vuelven a tener esa ayuda. Es una barbaridad, básicamente”, denuncia León.

C.V., residente en Totana, Murcia, comparte su situación. Recibió la RBI durante tres años alternos con una cuantía de 426 euros, una cifra por encima de la media debido a que percibía un complemento por haber sido víctima de violencia de género. En este momento podría volver a solicitar la ayuda, pero el papeleo y su situación familiar se lo impiden: necesita presentar el DNI de su hijo, de 24 años y en paro, pero éste se niega a dárselo por diferencias entre ellos. Actualmente está separada y vive con sus dos hijos menores de edad en un piso de alquiler social. Tiene también una hija de 20 años, madre de una niña de tres años. Trabaja limpiando casas y sobrevive de la ayuda que le da Cáritas. “Mis hijos, como los otros niños, me piden que les compre unos zapatos, que les compre no sé qué cosa, que quieren ir al polideportivo, a la playa. No paran de pedir y yo no tengo nada”, expresa. “No tienes ni para lo básico. Si tienes que pagar agua, la luz, comida, el butano, detergente… Es que no, no te da”, cuenta sobre la RBI que recibió en su día. “Si te están dando la ayuda y ven que sigues en la misma situación, no tendrían por qué cortarla”.

S.C., murciano de 41 años residente también en Totana, recibió la ayuda hace dos años pero se le ha denegado la renovación: “Sin trabajo, sin casa, buscándome la vida como puedo… No tengo palabras para describirte cómo vivo”. Vendió el coche y con lo que obtuvo ha aguantado los últimos cinco meses. No tiene ningún tipo de ingresos, y este mes no podrá pagar la habitación que comparte con una mujer ecuatoriana: “Ya tengo que empezar a pedir favores”.

Las consecuencias

“Si no llega a ser porque nuestra familia nos ayuda, mis hijas irían descalzas. La ropa sí va ‘rulando’ entre la gente, pero el calzado no”. Sus hijas van a clase “no al 100% en todas las condiciones”, señala V.M., “¿Cómo pretenden que mande a mis hijas así al colegio? ¿No saben lo que es el bullying? Algunos niños son muy malos cuando son pequeños. Mis hijas no tienen necesidad de pasar por esto (…) Mis hijas están aprendiendo un valor demasiado grande, porque está bien que aprendan a valorar las cosas, pero hasta cierto punto. Otra cosa es que cuando me digan qué hay de cenar no sepa qué decirles. Un colacao, o...”.

La desigualdad social y económica puede tener efectos crueles e inesperados sobre los niños, como señala Gonzalo Fanjul, investigador y co-fundador de porCausa. “Uno de estos efectos es precisamente el del acoso escolar”, apunta el investigador. Un estudio realizado con más de 590.000 niños en 37 países ha llegado a la conclusión de que la intensidad del acoso escolar en las escuelas está directamente relacionado con los niveles de desigualdad. El nivel de acoso escolar es el doble en los países más desiguales frente a los que no lo son, como podrían ser los países nórdicos.

“Estos casos [refiriéndose al de V.M.] ilustran perfectamente el tipo de hilos conductores que circulan la pobreza y la desigualdad con un asunto tan básico para la felicidad de los niños. La pobreza es mucho más que simplemente la carencia de objetos materiales, es frustración, vergüenza, ansiedad, miedo, y el acoso escolar es un ejemplo de ello”.

El clima social es cada vez más negativo, acuciado por una xenofobia que va en aumento. “Se está generando una guerra entre pobres y no tan pobres, que también viven con lo justo”, subraya V.M., denunciando que en una ocasión un desconocido llegó a llamarla parásito por la calle, con sus hijas delante.

“Se está divulgando una idea peligrosa de racismo, diciendo que ‘ellos cobran la ayuda y nosotros no’, que se está asignando de forma incorrecta…” denuncia Coro Amunarriz desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Guipúzcoa, y continúa: “Creo que si realmente se viera lo que está pasando, esos comentarios no los harían. Las personas tienen una dignidad y hay que garantizar unos mínimos”.

Salir del círculo de la pobreza

Uno de los objetivos de estas prestaciones es evitar que el beneficiario caiga en la pobreza o la exclusión social, pero su efecto es muy a corto plazo. “Lógicamente, de no tener nada a tener 300 euros mensuales algo mejora la situación”, explica la Vocal de EAPN Murcia. “Necesitan que esa prestación económica que sirve para cubrir necesidades básicas vaya aparejada de un programa de acompañamiento social e integral de incentivo, pero esto todavía no existe. La ley de Rentas Mínimas reconoce un doble derecho, el de la prestación económica y el de los apoyos personalizados, pero no está desarrollado reglamentariamente [en Murcia], no hay un programa puesto en marcha, no hay nada”, añade. “Esas personas mejoran su situación económica, pero la mejoran durante doce meses. Cuando son personas que vienen de largos periodos de exclusión, que llevan años y años en la misma situación… Los procesos de intervención social no pueden ser a corto plazo, no podemos ver cambios reales en un año”.

Sucede también que las personas en mayor riesgo de exclusión o incluso ya en una situación de pobreza se ven privadas de solicitar la prestación económica por la burocracia que la acompaña. La ausencia de certificados de empadronamiento u otros documentos suponen la imposibilidad de acceder a la ayuda. “En esos casos hemos pedido que se levantaran algunos requisitos, o que hubiera alguna documentación que pudiera sustituirse por certificados de personal de las administraciones públicas o de las entidades sociales, pero sin resultados. Vemos que la gente que está en peores condiciones o que más dificultades tienen se queda fuera”, relata León acerca de la situación en Murcia.

Los beneficiarios de la prestación ven lejos la solución a su realidad: “¿Expectativas? No veo. Y lo poco que veo, es que vas a trabajar por cuatro duros y seguir dependiente de la RGI. Mucho tiene que cambiar, no sólo en el País Vasco sino en todo el resto, para que podamos mantenernos. Por el sueldo de uno ahora trabajan dos, y por lo tanto, siempre vas a estar vendido, siempre vas a necesitar la ayuda social”, declara V.M., y añade: “Pero seguimos llevándolo con alegría. La sonrisa es lo único que nos queda”.