El Ayuntamiento de Palma va a prohibir el alquiler de pisos a turistas. Cuando este verano se apruebe la decisión anunciada este lunes por el equipo de gobierno municipal, los propietarios de viviendas de edificios plurifamiliares no podrán alquilarlas a turistas. De esta manera, la capital balear se convierte en la primera ciudad del Estado en tomar esta decisión.
Solo podrán alquilar sus viviendas los dueños de casas unifamiliares, aunque este tipo de alquiler tendrá como excepciones las casas en suelo rústico, el entorno del aeropuerto y los inmuebles de usos no residenciales ni turísticos, como los de los polígonos industriales.
95% de plazas ilegales
El Ayuntamiento de Palma ha comentado a eldiario.es que, según sus datos, la ciudad acoge 11.000 plazas de alquiler turístico, si bien el 95% de ellas son ilegales porque no cuentan con la autorización pertinente. Es decir, no están inscritas en el registro obligatorio de la Conselleria de Turisme, organismo que ya ha tomado medidas contra el alquiler irregular en las plataformas de alquiler turístico.
De hecho, una de las principales compañías del sector, Airbnb, sobre la cual planea una multa del Govern por ofrecer pisos ilegales, ha asegurado en declaraciones a eldiario.es que “cree firmemente que las leyes deberían ayudar a repartir los beneficios del turismo entre las familias y el conjunto de la comunidad, y no a mantenerlos en manos de unos pocos”.
Al mismo tiempo, entiende que la decisión del Ayuntamiento de Palma responde “a las presiones de los grupos hoteleros” y que “va contra las familias locales que comparten su hogar para llegar a final de mes y poder seguir en sus hogares”. Han añadido que desde Airbnb quieren seguir trabajando con el Ayuntamiento de Palma y el Govern “para desarrollar una regulación progresista que permita a la gente corriente compartir sus espacios y fortalecer las Islas Baleares.”
El alquiler ha subido un 40% en cinco años
El Consistorio ha tomado esta medida motivado por el precio de los alquileres en Palma, que, según sus propios datos, han subido un 40% desde 2013. José Hila, regidor de Modelo de ciudad, Urbanismo y Vivienda diga, reconoce a eldiario.es los problemas que sufren los ciudadanos para acceder a una vivienda: “Los residentes tienen muchas dificultades para alquilar un piso o directamente no pueden hacerlo. Lo peor que le puede pasar a una ciudad es que sus habitantes no puedan vivir en ella”.
Hila explica que Baleares cuenta, desde julio del año pasado, con una Ley de Turismo autonómica que obliga a los Consells Insulars y al Ayuntamiento de Palma a establecer las zonas donde está permitido el alquiler vacacional. Hila considera que el equipo municipal ha sido “pionero” y que “ha abierto un camino que pueden seguir otras ciudades”, si bien recuerda que “la situación es muy diferente entre grandes ciudades y municipios más pequeños”.
El también exalcalde de Palma defiende que la medida que ha tomado el Consistorio es “técnica y jurídicamente viable” y que está legitimada socialmente: “La Federación de Vecinos de Palma empezó una campaña de recogida de firmas para presentar una iniciativa legislativa popular, que recogía el espíritu de la decisión que hemos adoptado. Fue la primera ILP aceptada en Palma desde el retorno de la democracia y terminó siendo aprobada en un plenario el año pasado”.
“Es una decisión muy valiente”
Marc Morell, antropólogo social e investigador de la Universitat de les Illes Balears, comenta que, teniendo en cuenta las informaciones que han sido publicadas, la iniciativa de Palma es “muy valiente”. Recalca que aún queda mucho trabajo por hacer y, por ejemplo, cree que también se tendría que prohibir el alquiler en unifamiliares porque “las viviendas no deben ser comercializadas turísticamente”.
“Estamos viviendo una turistificación y una llegada de cruceros muy importante, entre otro tipo de problemas generados por el turismo”, recuerda. Para él, prohibir el alquiler turístico “ayuda a resolver el problema de la vivienda” porque “favorecerá que haya más pisos residenciales en el mercado”. Aún así, sostiene que el problema del acceso a la vivienda es “sistémico” y que en él influyen muchos factores, como las ayudas sociales.
Según informa EFE, el propósito del gobierno municipal de Palma, conformado por PSOE, MÉS y Podemos, es que la zonificación del alquiler turístico esté aprobada definitivamente en julio, aunque si se demorara y el Govern levanta la moratoria que fijó mientras se desarrollaba la ley, la situación será la misma porque la regulación de Palma se aviene a las prescripciones generales.