Con la última revisión del INE sobre al evolución de la economía de España, el PIB (Producto Interior Bruto) recuperó ya oficialmente el nivel previo a la pandemia en el arranque de este 2023. Exactamente, 13 trimestres después de que el COVID paralizase casi por completo la actividad, frente a los 35 que fueron necesarios para superar a la gran crisis financiera de 2008. “Crisis diferentes, políticas diferentes y resultados diferentes”, resume el economista Daniel Fuentes.
La economía de España fue golpeada más duramente por la pandemia respecto al resto de grandes países europeos por el mayor peso del turismo en el PIB total. Pero actualmente, avanza más que el conjunto de la UE (cuatro veces más en el primer trimestre). En pleno año récord de llegada de viajeros extranjeros. Con un sector exterior que vende más servicios de alto valor añadido que nunca. Con un máximo de trabajadores afiliados a la Seguridad Social (casi 21 millones). Y tras haber logrado la mayor bajada de la inflación, lo que directamente alivia la histórica pérdida de poder adquisitivo de las familias en 2021, y sobre todo en 2022, además de mejorar la competitividad de las empresas.
Mientras Alemania incluso ha caído en recesión técnica (dos trimestres consecutivos de contracción de la actividad) y su nivel de PIB ha vuelto a situarse por debajo del previo al COVID, España lidera las previsiones de crecimiento en 2023 y 2024 en el mundo desarrollado, según todas las instituciones nacionales e internacionales.
Esta salida a los golpes encadenados del COVID, la erupción del volcán en La Palma y la invasión rusa de Ucrania se ha conseguido protegiendo a empresas y personas con políticas económicas y sociales radicalmente distintas a las de la década pasada, tanto por parte del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos en España, como también de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo (BCE). Decisiones opuestas a la austeridad, los recortes en los servicios públicos, la extensión de la precariedad y la flexibilización de los despidos aplicados por los ejecutivos del PP y alentados por Bruselas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, el rescate bancario de 2012 y la crisis de deuda en la eurozona.
Según explica la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, el principal resultado es que “la economía española está en un crecimiento muy fuerte. Hay 20,8 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, esto es 1,3 millones más que antes de la pandemia. Hemos subido el SMI (Salario Mínimo Interprofesional) un 50%, las pensiones un 25% y hemos protegido las rentas de las familias, lo cual explica que la renta disponible de los hogares españoles esté mejorando incluso en un contexto internacional tan complejo”.
En su balance de la recuperación, Nacho Álvarez, secretario de estado de Derechos Sociales y referente económico de Sumar, resalta “las medidas ampliamente conocidas de protección de rentas como los ERTE, las sendas subidas del SMI o la creación del IMV”. También señala que buena parte de “la protección de rentas se ha conseguido gracias a una fuerte creación de empleo, fruto de la inversión de los fondos de recuperación”.
“No es el momento de parar, de volver atrás, de reabrir debates del pasado como estamos viendo en estos días, ni de derogar aquellas reformas que hemos puesto en marcha y que son buenas para nuestro país y que están teniendo ya de hecho resultados positivos sobre el terreno”, insiste Calviño.
“La que le ha tocado a este Gobierno ha sido una legislatura larga y difícil, pero en mi opinión, globalmente, bastante positiva”, opina el economista de Funcas Ignacio Ezquiaga. “Destacaría, en el capítulo de la protección del Estado a empresas y ciudadanos durante la pandemia, la inserción fiel en las políticas comunitarias desarrolladas, a la que España ha contribuido con su propio diseño de los ERTE o las líneas del ICO [préstamos públicos muy asequibles] o incluso el marco legal de las hipotecas”, explica este experto.
El Ejecutivo de coalición llegó a financiar que las empresas con poca o ninguna actividad dejarán en casa, sin trabajar, temporalmente, hasta a 3,6 millones de empleados en lo peor de la pandemia. “Los ERTE facilitaron el mantenimiento de las relaciones laborales y aliviaron los costes empresariales”, reconoce, por su parte, Judith Arnal, investigadora del Real Instituto Elcano, quien añade, “en el plano europeo y como medida de apoyo a los ERTE, el SURE, el instrumento de apoyo temporal para mitigar los riesgos de desempleo en una emergencia”. Un fondo para el que la Comisión Europea emitió deuda en nombre de todos los socios de la UE, rompiendo el tabú europeo de la mutualización del riesgo.
Otro tabú cayó “en una segunda fase”, incide Judith Arnal. “Como medio para facilitar la reconstrucción de la economía tras los efectos de la pandemia, la medida estrella ha sido el programa 'Next Generation EU'. Un paquete de estímulo que se ha plasmado en los respectivos Planes Nacionales de Recuperación [y que también conlleva emisión de deuda conjunta de la Comisión Europea]”, incide Judith Arnal.
La economista acentúa, por otra parte, que una de las medidas del Gobierno más relevantes “para resistir los efectos más inmediatos de la pandemia fueron los avales ICO, que permitieron que el tejido productivo siguiera teniendo acceso al crédito”, y añade “las moratorias bancarias, que dieron un respiro en el pago de las cuotas de préstamos a hogares y empresas”.
“Más estructural ha sido la prohibición de contratar temporalmente para trabajos no temporales, incluida en la consensuada reforma laboral [aprobada en 2021]”, continúa Ignacio Ezquiaga. “El pacto salarial alcanzado por los agentes sociales para la post pandemia, fruto de este ambiente de concertación social, también me parece muy positivo”, finaliza.
“En cuanto al impacto de la guerra en Ucrania, destacaría las medidas que se han adoptado a nivel de la UE en el plano energético: obligaciones para la reducción de la demanda de gas, facilitación del despliegue de energías renovables, y el 'Plan RepowerEU', con 20.000 millones de euros adicionales para financiar la transición ecológica. A nivel nacional, despuntan medidas como la llamada excepción ibérica o las ayudas directas a empresas intensivas en energía y electricidad”, observa Judith Arnal.
Nacho Álvarez va más al detalle y, junto al mecanismo ibérico o tope al gas [un inesperado límite de precios en el mercado energético que ha bajado más rápido la inflación general en España que en el resto de la UE y que ha roto otro tabú económico], enumera “el límite a la subida de los alquileres, la reducción del impuesto en el IRPF para rentas medias-bajas (aquellas inferiores a los 21.000 euros), la gratuidad del transporte público, la subida del 15% de las pensiones no contributivas y del IMV y la subida del 8% en el resto de las pensiones en el último año”.
Miguel Ángel García, investigador de Fedea, tiene un postura diferente: “No tiene sentido económico comparar la crisis de 2008 (burbuja inmobiliaria y financiera) que destruyó tejido productivo de forma estructural, con la pandemia que hibernó la actividad hasta superarla. Las consecuencias y las políticas aplicadas tenían que ser diferentes”. Pero, por su parte, el economista José Moisés Martín Carretero, preguntado por las grandes diferencias entre las respuestas de política económica y monetaria de una crisis y de otra, sitúa la decisión del BCE de realizar compras masivas de deuda desde 2020 y “la suspensión de las reglas fiscales” en la Unión Europea.
Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y pese a la crisis de deuda que afectó duramente a países como Grecia, Portugal o a España desde 2010, el banco central tardó todavía años en desplegar un programa de adquisición de bonos importante, condenando a las economías a una lenta y precaria recuperación. En abril de 2020 lo hizo casi de forma automática, lo que ha permitido que los estados hayan financiado todas las políticas de respuesta al COVID y de apoyo y protección de empresas y familias a un coste mínimo.
En el mismo sentido, mientras que las reglas fiscales ahogaron la soberanía de los países europeos con más problemas en la crisis de deuda, su suspensión en 2020 ha permitido que España y el resto de socios hayan podido hacer política económica con mayor libertad, en el caso concreto de nuestro país, con un sentido más social.
Desde julio de 2022, el BCE volvió a endurecer las condiciones de financiación para luchar contra la inflación. Hasta ahora. Y, por eso, Calviño se detiene en que “todos los indicadores económicos nos muestran que hay una economía que crece con fuerza, y estamos aprovechando este crecimiento económico para bajar lo más rápidamente posible y absorber lo más rápidamente posible la deuda pública extraordinaria que hubo que emitir precisamente para responder a la pandemia, para financiar los ERTE, la prestación de los autónomos, para proteger las empresas, los puestos de trabajo, las rentas de las familias y proteger una base de la economía que nos permitiese tener un crecimiento económico tan fuerte como el que hemos registrado desde entonces”.
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