Un informe del Parlamento Europeo critica el papel del Banco de España en las reclamaciones sobre cláusulas suelo
El sistema bancario español y su supervisor, el Banco de España, tendrán un importante protagonismo este martes en un debate del Parlamento Europeo sobre los desmanes del sistema financiero europeo y los errores en la protección al consumidor. El debate estará centrado en cinco informes que la comisión de Economía del organismo encargó hace más de un año a petición, entre otros, del grupo de los Verdes. Dos de esos documentos tienen una destacada presencia del caso español.
En concreto, los informes hacen referencia a los incumplimientos regulatorios en materias como las cláusulas suelo o las participaciones preferentes. En el primero de los casos, el estudio, redactado por el catedrático de la UC3M Fernando Zunzunegui, subraya que España ha sido el país con una mayor comercialización de hipotecas con cláusulas suelo, que impedían que los intereses bajaran de un límite mínimo aunque los tipos se situaran por debajo.
El documento critica la falta de transparencia de las entidades financieras que comercializaron estos productos. Pero también dirige su mirada al papel que ha tenido el Banco de España en los procesos de reclamaciones y en la supervisión en este campo. El informe, citando a su vez críticas por parte del FMI, señala que ha actuado de “manera lenta” y que ha impuesto “solo” una multa de 150.000 euros en tres años.
El escrito añade sobre el Banco de España que “tiene sus esfuerzos enfocados en proteger la estabilidad financiera”. El informe apunta, ya en un plano general europeo, que la experiencia muestra que es “cuestionable” la eficacia de una autoridad financiera única que supervise el sector y controle los incumplimientos en materia de defensa del consumidor.
Por otro lado, critica su posicionamiento respecto a los modelos en los que se incluían dichas cláusulas en los contratos hipotecarios cuando en 2010 se afrontó este tema en el Senado. “Su visión era opuesta a lo que concluyeron el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo español”, subraya el informe.
Pero el documento que se presenta este martes en el Parlamento Europeo pone también en el foco al Gobierno y la regulación en cuanto a la defensa de los consumidores del sector financiero. En concreto, critica la creación en 2017 de un sistema de reclamaciones de cláusulas suelo “controlada por la banca” y que “no cumple con los estándares de la Unión Europea”. En este sentido, añade que no sigue los principios de eficacia y equivalencia y que limita los derechos de los consumidores en el proceso, además de no ser transparente, ni más rápido que otras vías de reclamación.
Por último, respecto a los contratos hipotecarios, el informe subraya que España “ha superado la fecha límite para transponer la directiva comunitaria de contratos hipotecarios” y que “es el último país en dar pasos hacia ello”. El escrito señala además que el proyecto de ley que existe al respecto va más allá de las reformas que incluye dicha directiva y que “se desvía del objetivo de protección a consumidores” de la normativa europea. Si bien, este proyecto no ha sido aprobado por el Congreso y el cambio de Gobierno puede suponer modificaciones.
“Agresivas tácticas de venta” de las preferentes
El segundo informe que hace referencia a España es el dedicado a las emisiones de preferentes. Aparece citado junto con Portugal e Italia como los países donde este tipo de productos alcanzaron un mayor relieve. En este caso, el documento es un análisis de cómo las cajas de ahorros optaron por estos activos para captar capital.
Este documento, redactado por Pierre-Henri Conac, de la universidad de Luxemburgo, señala las “agresivas tácticas de venta” que tuvieron las entidades financieras para colocar estas preferentes entre los inversores minoristas, pese a que la CNMV había advertido de la necesidad de informar de los riesgos. El informe pone de relieve que se comercializaron a menores, jubilados, viudas, analfabetos y enfermos de alzhéimer.
Concluye de este modo que las entidades no cumplieron con la regulación Mifid I, que era la normativa comunitaria vigente entonces, y que establecía los modelos de comunicación y de estudio de la idoneidad de un cliente para productos financieros complejos.
El escrito analiza que estos productos provocaron “pérdidas enormes” para los inversores minoristas debido al estallido de la burbuja inmobiliaria. Destaca también a los consumidores que acudieron a las ampliaciones de capital de Popular en 2012 y 2016, un año antes de que la entidad fuera finalmente resuelta.
El estudio critica lo prolongado de los procesos para la reclamación de los importes por las participaciones preferentes, especialmente en España. Por ello, defiende el refuerzo de la vía administrativa para agilizar los trámites, así como la mejora de la regulación en materia de demandas colectivas. Además, apunta que en caso de que el banco responsable haya desaparecido, el dinero debería ser devuelto por parte de los Estados, sirviéndose del cobro de tasas al sistema financiero.
El informe considera que la tendencia a la consolidación del sector financiero, especialmente en España, ayudará a que estos problemas no vuelvan a producirse. Sin embargo, señala que el Parlamento Europeo debería proponer a los diferentes Gobiernos la creación de procedimientos de arbitraje independientes y gratuitos para agilizar las reclamaciones de los inversores minoristas.
