El Gobierno está “ultimando” la recuperación legal de la jubilación forzosa por convenio, anulada con la reforma laboral de 2012, según fuentes de Trabajo. La medida solo podrá afectar a los trabajadores que tienen derecho a la pensión de jubilación completa y cuando se acuerde esta opción por convenio colectivo. El nuevo presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, apostó esta semana por recuperar esta fórmula de retiro obligado para fomentar el empleo juvenil. La patronal fija su objetivo para desarrollar la medida en el sector industrial, con el ojo puesto especialmente en la automoción.
“Pensamos que sería muy útil en determinados sectores, especialmente en el industrial”, explica Jordi García Viña, director de Relaciones Laborales de la CEOE, que subraya la necesidad de renovación de este tejido productivo en los próximos años. “Existe un total consenso de que necesitamos que se revitalice”, defiende García Viña, que destaca dentro del sector a “la automoción, donde tradicionalmente se ha utilizado” esta fórmula.
La ministra de Industria, Reyes Maroto, llamó la atención esta semana sobre el “problema de envejecimiento” de gran parte del sector industrial, en el que destacó que, “en concreto, el sector del automóvil tiene plantas donde el 40% de la población tiene más de 54 años”.
Jordi García Viña recuerda que la medida no es nueva, ya existía en la regulación laboral –aunque se ha anulado en los últimos años en alguna ocasión– y quedó imposibilitada durante la crisis, “porque la Seguridad Social consideró que podía ser muy cara”, apunta el directivo de la CEOE.
A quién puede afectar el retiro forzoso
La llamada jubilación forzosa consiste en la posibilidad de las empresas de retirar a un trabajador sin indemnización cuando este alcanza la edad ordinaria de jubilación (65 años y seis meses en 2018), siempre y cuando el empleado tenga derecho a la pensión de jubilación completa, con el 100% de su base reguladora, y así lo permita el convenio colectivo de referencia.
Desde el Ministerio de Trabajo subrayan que esta jubilación “será siempre en el marco de los convenios colectivos que así lo pacten, nunca por ley” y también que “estará sujeta a una serie de requisitos” como que esté “ligada a planes de empleo y objetivos coherente en políticas de empresa”.
Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras, explica que la jubilación forzosa “es una petición fundamentalmente empresarial”, pero que desde el sindicato “no tienen demasiado problema” con ella porque “el nivel de afectación es muy bajo”. Bravo argumenta que “la inmensa mayoría de las personas, de llegar con la carrera completa a la edad de jubilación, se jubila, no prolonga su carrera”.
Desde UGT explican que en la mayoría de ocasiones los trabajadores más expuestos a estas medidas están situados “en las posiciones más altas dentro de la empresa, a nivel de dirección”, apunta Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical. Así lo ha afirmaba también esta semana Antonio Garamendi, que señalaba ciertos “abusos” de trabajadores –“normalmente son puestos altos”– que no se retiran para intentar que las compañía le abone “una indemnización muy alta”. La salida obligada de estos directivos con altos salarios sería compensada por la incorporación de un trabajador más joven, generalmente con una menor retribución.
Edad media de jubilación: 64,2 años
En la actualidad, solo un reducido porcentaje de trabajadores se jubila pasada la edad ordinaria de jubilación. Según los datos de la Seguridad Social, la edad media real de jubilación en España está situada en los 64,2 años este año, la misma que hace cuatro.
De los trabajadores que accedieron a una pensión contributiva de jubilación a lo largo de este 2018, con datos de las altas hasta octubre, solo el 8% comenzó a cobrar a partir de los 66 años. Por género, hay más porcentaje de nuevas jubiladas (9,6%) que se retiran a partir de esa edad que de jubilados (6,8%).
Si atendemos solo al Régimen General, en el que están recogidos la mayoría de los trabajadores por cuenta ajena, esa cifra se reduce al 5,2% de los trabajadores que se jubilaron este año. En cambio, el dato es bastante mayor entre los autónomos: el 19,4% se jubiló con 66 años o más.
Choque con el “envejecimiento activo”
Frente a la defensa de la jubilación forzosa, la patronal también apuesta por las fórmulas de envejecimiento activo y la necesidad de ampliar la edad legal de jubilación. El anterior presidente de la CEOE, Juan Rosell, sostuvo que “con los 67 años probablemente todavía no es suficiente para que cuadre el sistema” de la Seguridad Social. Para Jordi García Viña, ampliar la vida laboral y la jubilación forzosa son medidas “complementarias”, que deben aplicarse “según el caso concreto”.
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha defendido este viernes la necesidad de que la gente se jubile pasada la edad de jubilación. “Estamos intentando buscar una forma más flexible para que la gente se jubile cada vez más tarde”, ha asegurado y ha defendido la “jubilación activa”, es decir, compatibilizar un salario y la pensión, especialmente en las profesiones más “livianas” que no requieran grandes esfuerzos.
Granado ha minimizado el impacto del retiro forzoso: “A la Seguridad Social que la norma exista o no le es indiferente, porque ahora no existe y el gasto de las pensiones sube lo mismo que lo haría si existiera”.
Compromiso de generación de empleo
El secretario de Política sindical de UGT, Gonzalo Pino, subraya que este retiro forzado va acompañado del “compromiso de contratación de los empresarios” a cambio de esas jubilaciones forzadas. “Si no pasara esto, no estaríamos de acuerdo”.
Entre las medidas que se pueden pactar en este sentido figuran “el refuerzo de empleo joven o una estructura de plantillas con más personal fijo”, explica Carlos Bravo (CCOO). Estas contrapartidas en materia de empleo son las que se negociarían en la redacción de los convenios colectivos que incluyeran estas cláusulas.
En la misma línea avanza “el contrato de relevo”, sostiene el responsable de UGT, una modalidad contractual para el rejuvenecimiento de las plantillas que el Gobierno va a facilitar mediante un decreto y que pretende cerrar en las próximas semanas. Pino recuerda que el sindicato se opone a que el contrato relevo solo se fomente en la industria, como han informado varios medios. “Ningún trabajador debe ser discriminado en su acceso al contrato relevo”, advierte.