Quedan siete días para que el Tribunal Supremo dictamine cuál es la doctrina que debe seguirse respecto al impuesto de actos jurídicos declarados en los contratos hipotecarios y si es el cliente o el banco el que debe pagarlo. Ante esta cita, que puede suponer un cambio a más de 20 años de práctica hipotecaria, la banca comienza a moverse para defender sus intereses ante la opinión pública.
En este sentido, las tres patronales del sector, AEB (banca), CECA (antiguas cajas de ahorros) y Unacc (cooperativas de crédito), han publicado de manera simultánea un documento con preguntas y respuestas de este asunto, exponiendo su posición. ¿Son los bancos los que reciben de los clientes el dinero correspondiente al impuesto?, ¿por qué tiene que pagarlo el cliente? o ¿quién lo abona en otros impuestos?; son algunas de las cuestiones planteadas por este documento.
En este sentido, las tres organizaciones empresariales plantean sus propias respuestas a estas preguntas, descargándose su responsabilidad en este problema abierto por el Supremo y argumentando que no son ellos sino el cliente quien debe pagar el impuesto.
En el documento aseguran que “en los países europeos en los que existen impuestos similares, el sujeto pasivo del impuesto (el que debe pagarlo) es el prestatario, es decir, el cliente”. Una sentencia del 18 de octubre del Supremo aseguraba que era el banco quien debía ser el sujeto pasivo.
Además, añaden que “el interesado en el préstamo hipotecario es el cliente, que quiere financiación a largo plazo para comprar una vivienda, en unas condiciones muy favorables en términos de plazo y de tipos de interés”. De este modo, contradicen a las conclusiones de la citada sentencia, donde se aseguraba que era la entidad financiera la que era la interesada de la firma de dicha hipoteca, que certificaba la vivienda como garantía.
El sector defiende en este sentido que, sin esa hipoteca, los clientes no podrían acceder en las mismas condiciones a un préstamo para comprar una casa, ya que se tendrían que afrontar plazos más breves de devolución y mayores intereses, como ocurre en los créditos al consumo.
Entre otras cuestiones, el sector también critica la posible retroactividad de la sentencia del Supremo de la próxima semana. En esta línea, han vuelto a reclamar mayor seguridad jurídica, “en especial en las hipotecas con una vigencia más larga”. “La regulación hipotecaria debe seguir permitiendo acceder a la propiedad de la vivienda habitual a todas las capas de la población”, añaden.
Los bancos remarcan que la actual normativa “lleva vigente más de 23 años” y que siempre ha actuado de forma acorde a ella. Apunta que “el ordenamiento jurídico” siempre ha tenido al cliente como sujeto pasivo de este impuesto y que solo de este modo se entendería que haya bonificaciones según la edad o si se trata de una familia numerosa.
Las patronales se unen de esta manera a las voces de distintos directivos del sector que en los últimos días, durante las respectivas presentaciones de resultados, han defendido su posición respecto a quién debe pagar el impuesto. Una de las más claras en este sentido fue María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, quien defendió que existe una presión continuada contra los bancos y lamentó la actuación de varios políticos al respecto. En este sentido, aseguró que “en algún momento alguien nos tiene que ayudar y proteger a los bancos”.