Dos leyes de Mariano Rajoy que preserva el Gobierno de coalición y rechazan los empresarios. Este escenario poco habitual suma una extrañeza más: los sindicatos apoyan a la patronal. Se trata de la Ley de Desindexación de la Economía del entonces ministro Luis De Guindos y la Ley de Contratos Públicos que impiden repercutir los incrementos salariales a los contratos de licitaciones públicas. En la práctica, están llevando a una situación “muy complicada” a las empresas, pero también a “miles de trabajadores” subcontratados por las administraciones públicas, muchas mujeres y muy precarias, explican desde los agentes sociales.
La pelea para reformar ambas legislaciones ha resucitado ante la inminente subida del salario mínimo, para la que España aún tiene abierta la negociación cuando en Europa la mayoría de países ya ha elevado sus suelos salariales. En muchos casos, con fuertes alzas ante la elevada inflación.
En España, los sindicatos están reclamando subir el SMI del 8,2 al 10%, mientras que los empresarios proponen menos de la mitad, un 4%. En ambos casos, patronal y sindicatos comparten una petición: que el Gobierno de coalición reforme las dos normas del mandato del PP.
Las limitaciones impuestas por ambas legislaciones impiden en general que se revisen al alza los contratos públicos ya licitados. En un momento de políticas de austeridad, el ministro de Guindos acabó con la referencia del IPC con la Ley de Desindexación de la Economía y, de la mano de la posterior Ley de Contratos Públicos, se diseñaron múltiples obstáculos a las actualizaciones de las licitaciones públicas.
Por ejemplo, por modificaciones en los costes de la mano de obra. Un cambio notable en los costes de personal es relevante sobre todo en las licitaciones de servicios intensivos en mano de obra, como son la limpieza, la dependencia, ayuda a domicilio, jardinería o seguridad, donde el factor trabajo es uno de los costes más relevantes. Estos servicios públicos a menudo son externalizados por las Administraciones y los trabajadores acaban dependiendo de empresas subcontratadas.
La actual regulación solo habilita la revisión de estos contratos en excepciones, explican en CCOO, básicamente en situaciones de fuerza mayor o “cuando se derive de nuevas obligaciones impuestas por la administración o por normativa de esta”.
Una nueva obligación impuesta por la Administración podría ser el incremento del salario mínimo, pero no lo ha interpretado así el Gobierno (ya en manos de PSOE y Unidas Podemos). Tras el gran aumento del SMI de 2019, con una subida del 22,3%, la Junta Consultiva de Contratación rechazó que este motivo justificara modificar los contratos.
Ante el nuevo incremento del SMI, que parece que será elevado ante el gran auge de los precios, los empresarios reiteran su petición de que el Ejecutivo reforme la normativa de Rajoy para que las dotaciones públicas se actualicen y las empresas puedan repercutir los aumentos salariales.
CCOO y UGT también se han sumado a esta reclamación, en la que señalan a los ministerios de Hacienda y Economía, porque consideran que el actual marco legal dificulta la mejora de condiciones de miles de empleados. Las dinámicas de las licitaciones públicas, en las que la Administración concede los servicios a las ofertas de precios más bajas y después impide actualizar contratos, dejan a los empleados en una situación de vulnerabilidad, explican los sindicatos.
En ocasiones, alimenta los problemas de impago de salarios y el laberinto que estos suponen para que los empleados vuelvan a cobrar. “También pueden provocar descuelgues de convenios colectivos”, lamentan en los sindicatos, de las empresas que aleguen que no pueden aplicar las mejoras salariales acordadas en los convenios colectivos por no ver actualizadas las asignaciones de los contratos públicos.
Además, se distorsiona la negociación colectiva, indican CCOO y UGT, porque hay empresas con un gran peso de licitaciones públicas (como las de dependencia o ayuda a domicilio) que se resisten a acordar alzas de salarios en los convenios si después es imposible repercutirlas a la Administración.
“Esto hay que romperlo, porque si no se hace, va a ser imposible mejorar los salarios de cientos de miles de personas trabajadoras”, reclamó hace unos días Unai Sordo, secretario general de CCOO. En UGT apuntan que les parece “bien que la patronal pida una cláusula de revisión de sus contratos como nosotros pedimos una cláusula de revisión de los salarios de los contratos de trabajo”.
Por el momento, ni sindicatos ni empresarios tienen respuesta del Gobierno a su petición. En el Ministerio de Hacienda señalan al de Asuntos Económicos. “Lo que ocurra con la Ley de Contratos sería posterior a una modificación de la Ley de Desindexación”, cuyas competencias corresponden al departamento de Nadia Calviño, indican desde el Ministerio de María Jesús Montero. En Economía guardan silencio, sin que hayan respondido a este medio en el momento de publicación de este artículo.
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