Washington, 8 abr (EFE).- La jefa de la Cámara Baja de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, afirmó este jueves que espera tener aprobado el plan de infraestructuras propuesto por el presidente del país, Joe Biden, por valor de 2,25 billones de dólares, antes de agosto.
La líder progresista explicó en su rueda de prensa semanal que espera que esa iniciativa vaya en un propuesta legislativa separada de otra que el Gobierno de Biden quiere presentar en las próximas semanas centrada en gasto social para las familias.
Pelosi dijo que el objetivo es que ambos borradores tengan el apoyo del Partido Demócrata y del Republicano, “especialmente la ley de infraestructuras”.
Ese paquete lanzado por Biden la semana pasada contempla inversiones en carreteras, saneamientos, banda ancha, vivienda y otros ámbitos para impulsar la recuperación del país tras la pandemia.
El mandatario quiere presentar este mes el otro proyecto para destinar fondos al cuidado de los menores y ancianos, además de contemplar créditos fiscales para las familias, entre otros.
Los sectores más de izquierda de los demócratas han solicitado que ambas iniciativas se engloben en un gran paquete ante el temor a que no haya ni tiempo ni capital político suficiente para aprobarlas, después de que en marzo el Congreso diera luz verde a un rescate de 1,9 billones de dólares, impulsado por Biden.
Sin embargo, Pelosi indicó que la Cámara Baja podría aprobar el plan de infraestructuras antes del 4 de julio, con el objetivo de que el Senado pueda votarlo antes de agosto.
Biden quiere sacar adelante la iniciativa pese a que la estrecha mayoría de su partido en la Cámara Alta lo obliga o bien a contar con apoyos republicanos o bien a recurrir a mecanismos legislativos excepcionales.
A diferencia del paquete de estímulo económico de 1,9 billones de dólares aprobado en marzo, cuyo coste se ha añadido a la deuda nacional, la Casa Blanca busca que sean los impuestos a las empresas los que financien el plan de infraestructuras.
Para ello, Biden ha sugerido subir los impuestos a las corporaciones, lo que ha suscitado las críticas de republicanos y demócratas.