La tensión entre el Banco de España y el Gobierno a propósito de las pensiones sigue al alza. El regulador bancario ha planteado que son necesarias más medidas de ajuste del sistema público, además de la reforma que está acometiendo el Ejecutivo y que lidera José Luis Escrivá. Además, ha recomendado que las pensiones formen parte del llamado “pacto de rentas” por la crisis de Ucrania, de manera que no se revaloricen todas ellas con el IPC. Varios miembros del Ejecutivo han reaccionado de manera crítica a los mensajes del Banco de España. El último, el ministro Escrivá este lunes. “Cuando veo esta discusión... Es tan sesgada, tan poco rigurosa, que no deja de sorprenderme”, ha subrayado en un desayuno informativo.
Las críticas al Banco de España, más o menos veladas, no dejan de sucederse en el Ejecutivo. El propio ministro de Seguridad Social ya apuntó el mes pasado que la recomendación del Banco de España de aplicar mecanismos de ajuste “automáticos” a las pensiones le parecía que estaba falto de “sofisticación”. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, a preguntas sobre la posibilidad de no subir las pensiones según los precios, ha insistido en varias ocasiones en que el Gobierno manda un mensaje de “tranquilidad a los pensionistas” y que garantizará “que se cumple la ley”, con subidas según el IPC medio, como recomendó la mayoría política en el Pacto de Toledo. “En estos momentos, es un mensaje social importante que hay que mandar”, ha insistido Nadia Calviño este lunes por la tarde.
Desde Unidas Podemos, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha sido mucho más tajante, tachando de “máxima gravedad” la recomendación del Banco de España para exceptuar la ley sobre la revalorización de las pensiones. “Me preocupan las declaraciones del Banco de España”, reconoció Díaz, que recordó que “la mayor parte de los pensionistas en nuestro país no alcanza una renta de 1.000 euros”.
Afean falta de competencia
El más incisivo a la hora de recriminar al Banco de España ha sido el ministro José Luis Escrivá. El responsable de Seguridad Social y de la reforma de pensiones del Gobierno ha lanzado varios mensajes al organismo regulador dirigido por el gobernador Pablo Hernández de Cos en los últimos días. Este fin de semana, a través de un hilo de Twitter, el ministro señaló la falta de competencia del Banco de España para analizar y hacer recomendaciones en este tema.
“Con la excepción española, los bancos centrales no se pronuncian sobre medidas fiscales y monetarias concretas porque entienden que es responsabilidad de los gobiernos y los parlamentos elegidos abordar cómo se asignan los recursos públicos entre los ciudadanos”, apuntó el ministro.
José Luis Escrivá recordó que, como presidente de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) le pidieron en muchas ocasiones “posición sobre efectos distributivos de políticas económicas”. “Mi contestación siempre fue que eso pertenece al ámbito democrático de decisión y que mi opinión sobre medidas de reasignación de rentas era irrelevante”, destacó como contrapunto al Banco de España.
Análisis “viejunos” y discusión “sesgada”
Este lunes, en un desayuno de Nueva Economía Fórum, el ministro ha reiterado que las llamadas a no subir las pensiones según los precios debido a la alta inflación (como ha hecho el Banco de España, entre otros) son “sesgados” y “poco rigurosos”. José Luis Escrivá ha insistido en que los “temas de sostenibilidad de pensiones” deben abordarse “a largo plazo” y que “no puede discutirse con la inflación de unos meses”. “Pero si se hacen proyecciones a 2050...”, ha enfatizado.
“Es un debate, que se ha instalado desde determinados ángulos en la sociedad española, bastante artificial y singular”, ha apuntado Escrivá. El titular de Seguridad Social ha advertido de que “en todos los países de nuestro entorno” las pensiones suben con un mecanismo de indexación “similar” al español, en función de los precios, “o según los salarios”, lo que en ocasiones puede provocar revalorizaciones mayores que la inflación.
“La singularidad negativa la teníamos nosotros, con la reforma de 2013, que era una verdadera anomalía”, ha insistido José Luis Escrivá. La reforma de 2013, del PP, suponía la cuasi congelación de las pensiones, con subidas solo del 0,25%. El propio Gobierno de Mariano Rajoy dejó de aplicar la legislación que había aprobado, en medio de una constante movilización de pensionistas en la calle y la falta de respaldo político en el Parlamento.
José Luis Escrivá ha afirmado además que en estos momentos el debate en el resto de países de nuestro entorno está más situado en “mantener” las rentas de los pensionistas y “protegerlas frente a la inflación”, por lo que ha llamado a reflexionar por qué en España no está siendo así. “El debate es muy singular y tendríamos que preguntarnos por qué lo estamos teniendo”.
Según el ministro, en España hay una “opinión dominante o publicada” que es “un poco viejuna, anquilosada en las recetas de siempre”. “Falta frescura en la reflexión económica en España en muchos temas”, ha considerado.
Molestia sobre la llamada a un “debate riguroso”
Otro de los mensajes que “sorprende” y “molesta” en el Ejecutivo es que el Banco de España parece invalidar el debate y los acuerdos políticos y sociales en materia de pensiones del último año, tras meses e incluso años de conversaciones.
“El Banco de España ha venido señalando durante los últimos años la conveniencia de reforzar el vínculo entre las contribuciones realizadas y las prestaciones recibidas –asegurando un nivel suficiente para los hogares más vulnerables–, así como de iniciar un debate riguroso que aborde el nivel de prestaciones que el sistema debe proveer y la estrategia de captación de los ingresos necesarios para financiarlas”, recoge su informe anual, publicado hace unas semanas.
Esa mención a “iniciar un debate riguroso” ha molestado en el Gobierno después de alcanzar varios acuerdos tras un largo periodo de negociación. Cuando se cumplían casi cinco años de conversaciones, el Pacto de Toledo logró por fin cerrar las recomendaciones sobre el futuro del sistema público de pensiones a finales de 2020. Estas fueron respaldadas por la gran mayoría del Parlamento y sentaron las bases de la reforma de pensiones del Gobierno de coalición. Esta se ha dividido en dos fases y la primera contó también con un acuerdo en el diálogo social, con el respaldo de patronales y sindicatos tras meses de negociación.
Ahora, cuando aún está pendiente negociar gran parte del segundo bloque de la reforma, el consenso en materia de pensiones se tambalea, con críticas de los empresarios y la derecha. Muchas de ellas se aferran precisamente a las valoraciones del Banco de España, que consideran que ponen en duda la fiabilidad de la reforma del Ejecutivo.