El consenso en las pensiones, clave para las reformas de este pilar básico del Estado del Bienestar, vuelve a tambalearse. Apenas un año después de haberse cerrado un acuerdo político y otro social sobre pensiones, que arroparon la primera fase de la reforma de pensiones del Gobierno de coalición, el segundo bloque de cambios se enfrenta ahora a un escenario más adverso. Los partidos de la oposición, especialmente PP y Ciudadanos, llevan meses desmarcándose de la reforma y en las últimas semanas se ha sumado a las voces críticas otro actor clave: los empresarios.
El líder de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ya lanzó un relevante mensaje a finales de abril cuando reclamó un “nuevo factor de sostenibilidad” de las pensiones para evitar la “ruina” del sistema público. Sus palabras suponían un toque de atención al Gobierno porque daban a entender que hacía falta algo más que las medidas aprobadas y previstas en la reforma del Ejecutivo, que lidera el ministro José Luis Escrivá.
En un tema tan delicado como las pensiones, del que dependen tantos millones de personas en el presente y el futuro, las palabras importan. Por ello, que el líder de la patronal hablara de “ruina” del sistema, cuando se intenta reforzar su sostenibilidad para los próximos años, enfureció a CCOO y UGT. Los sindicatos consideraron que la patronal estaba descolgándose del clima de consenso y reabriendo la batalla en pensiones en un momento crítico, cuando queda aún la última pata de la legislación.
Foco en al revalorización con el IPC
En los últimos días se ha reforzado esa idea. El líder de la CEOE ha puesto en cuestión, no solo que haya que tomar otras medidas más allá de las anunciadas, sino también un punto ya cerrado en el consenso político y social del pasado año: la revalorización de las pensiones según el IPC, uno de los puntos más destacado de la primera parte de la reforma.
Ante las preguntas de los periodistas, Antonio Garamendi apuntó que este tema debería abordarse de nuevo en el marco del Pacto de Toledo. La comisión parlamentaria ya debatió este tema y logró cerrar su informe a finales de 2020 después de cinco años de conversaciones infructuosas. Entre sus 22 recomendaciones, la gran mayoría política respaldó la actualización anual de las pensiones “en base al IPC real”, precepto que sirvió de base al Gobierno para negociar con empresarios y sindicatos.
Con este marco de consenso político, y tras meses de negociaciones, la patronal CEOE respaldó el pasado junio un acuerdo social en pensiones con el Gobierno y los sindicatos (el primero en una década). Este incluyó la revalorización anual de las pensiones según la inflación media del año anterior. Por ello, ha sorprendido tanto que ahora el líder empresarial inste a analizar de nuevo este punto en el marco del Pacto de Toledo.
Los empresarios señalan al Banco de España y Bruselas
Fuentes de la CEOE responden a elDiario.es que la patronal no reabre el debate sobre la actualización de las pensiones con el IPC, sino que responde a un debate que ya está sobre la mesa y al que han contribuido dos actores clave para los empresarios: “el Banco de España y Bruselas”. “Están llegando toques de atención”, apuntan en la patronal.
El Banco de España ha recomendado en su reciente informe anual más ajustes en las pensiones, ya que las medidas anunciadas y aplicadas en la actual reforma cree que serán insuficientes para compensar el aumento del gasto. Un análisis del regulador que el ministro José Luis Escrivá rechazó por “poco sofisticado”. Además, en el actual contexto inflacionista, el Banco de España ha recomendado que las pensiones más elevadas no se incrementen con el IPC, algo que sí respalda para las mínimas.
Por otro lado, Bruselas ha recordado a España en su informe del Semestre Europeo que la derogación de la reforma del PP de 2013 y la recuperación de la subida de las pensiones con el IPC supondrán un aumento del gasto. Así, ha emplazado a que el resto de la legislación que debe aprobarse este 2022 “compense” esta situación y sea “cuidadosa” para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
Desde el Ministerio de la Seguridad Social normalizan el mensaje de la Comisión Europea dentro de su habitual atención a las pensiones, la mayor partida de gasto público del Estado. En esta ocasión, la reforma de pensiones además está incluida en el Plan de Recuperación tras la pandemia, por lo que el visto bueno de Bruselas es necesario para el desembolso de millones de fondos para la reconstrucción por la COVID.
Las diferencias políticas son aún mayores
Las declaraciones de los empresarios se suman a las tensiones en el terreno político respecto a este tema, más profundas y crecientes en los últimos meses. La gran mayoría política del Pacto de Toledo sobre pensiones de finales de 2020 se ha ido debilitando. El PP (entonces de Pablo Casado) reabrió muy poco después la batalla en pensiones, cuando Escrivá cerró el acuerdo social, reivindicando la reforma de 2013 derogada y que el propio gobierno de Rajoy dejó en un cajón.
En la tramitación parlamentaria del primer bloque de cambios se evidenció el descuelgue de más partidos de la oposición y sus críticas a lo que consideraron una escasa negociación política de la norma por parte del Ministerio de la Seguridad Social. Sobre todo, del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que Escrivá acabó pactando solo con los sindicatos, ante el rechazo de los empresarios, y que incluyó vía enmienda al final de la tramitación de la norma.
El último reflejo de la dificultad de consenso político se encuentra en el debate de la ley de planes de pensiones de empleo. Los socios de investidura (e, incluso, Unidas Podemos) han rechazado el texto de la Seguridad Social, que está intentando salvar la norma mediante un acuerdo con el PP y Ciudadanos.
Con este marco José Luis Escrivá aborda en el segundo semestre del año un gran reto, cerrar la reforma de pensiones, para la que está en duda que cuente con el mismo espíritu de consenso que con las primeras modificaciones. Las materias a tratar, como el periodo de cómputo de la pensión, son además bastante delicadas, por las tensiones que han generado en el pasado con Unidas Podemos y los sindicatos.