“No vemos esperanza ni futuro y la Seguridad Social está hundiéndose”, dice Martín Lanzas, trabajador de la Seguridad Social y portavoz de UGT. Llevan meses dando la voz de alarma y han decidido pasar a la movilización. Los sindicatos mayoritarios en el empleo público –CCOO, UGT y CSIF– han anunciado el inicio de protestas en la Seguridad Social desde el mes de noviembre debido a la falta de personal y “el deterioro del servicio que prestan a la ciudadanía”. El Ministerio ha anunciado un refuerzo “inmediato” con 1.600 interinos, pero los representantes de la plantilla tachan la medida de insuficiente y llaman a la movilización de los trabajadores.
Las tres organizaciones sindicales emplazan a los trabajadores y trabajadoras del organismo público a secundar las “medidas de presión” que se concretarán en los próximos días, y que pueden incluir “paros y huelga”, indican sus portavoces.
Denuncian las condiciones de la plantilla, ante un aumento de “las cargas de trabajo” y cada vez “menos personal”, pero también reivindican un segundo motivo central de las protestas, que esperan que también pueda movilizar a la ciudadanía e incluso a partidos políticos: la defensa de un buen servicio público en la Seguridad Social, que alertan de que ya se está perdiendo. “Decimos que esto va a colapsar, no sabemos cuándo, pero si no se toman medidas suficientes ocurrirá”, vaticina Ricardo Aguirre, representante de CSIF.
El ministro José Luis Escrivá ha reconocido este lunes que el organismo cuenta con un 20% menos de plantilla que hace una década. “La brecha existe y los primeros que lo hemos reconocido somos nosotros”, ha subrayado el responsable de la Seguridad Social al ser preguntado por las movilizaciones. Escrivá ha destacado que “con este Gobierno” se han empezado a cubrir las vacantes de la entidad y a convocar ofertas de empleo. La “situación de partida era tan difícil” que costará “cierto tiempo” reducir “la brecha de debilidad en el empleo y en la dotación de funcionarios”, ha concluido Escrivá.
Retrasos y sin citas al público
Los trabajadores explican que el deterioro del servicio público se concreta en el cierre de las oficinas al público, la “imposibilidad de conseguir las citas previas” necesarias para la atención y, por último, el retraso de las gestiones y los reconocimientos de prestaciones. Trámites que son fundamentales para la población, como el alta de pensiones y permisos de maternidad y paternidad, por ejemplo.
Un informe sobre el acceso a citas previas en los centros de atención e información de la Seguridad Social (CAISS), realizado los pasados 26 y 27 de septiembre por UGT, da cuenta de la incapacidad para lograr atención telefónica en todas las oficinas contactadas –unas 50– en la Comunidad de Madrid y la provincia de Barcelona. Tampoco lograron ser atendidos en todas las oficinas estudiadas de las provincias de Valencia (17), Sevilla (13), Málaga (11) y Zaragoza (10). Solo hubo éxito en una de las ocho oficinas analizadas de Bizkaia.
“Están aumentando los retrasos. Antes reconocíamos una pensión en siete días y ahora vemos 40 ó 45 días”, dice como ejemplo Ricardo Aguirre (CSIF). En UGT y CCOO también aseguran que “cada vez hay más retrasos”, lo que tiene consecuencias graves para algunos afectados. “Hay interrupción de rentas”, sostiene Martín Lanzas. Es decir, que al retrasarse el reconocimiento de pensiones de jubilación o de invalidez, por ejemplo, hay gente que se queda sin ingresos. La prestación luego se reconoce con carácter retroactivo, “pero la gente no puede comer con efecto retroactivo”, critica Lanzas.
Los representantes de la plantilla explican que esta ineficiencia y los problemas para que la población logre atención generan “una condena social” comprensible, pero que se vuelve contra los trabajadores. “La gente se encara contra el funcionario”, lamenta el representante de UGT. “Con las protestas queremos también concienciar a la población sobre que no nos negamos a trabajar, ni a trabajar más, pero no podemos doblarnos, literalmente”, añade Ricardo Aguirre.
Refuerzo con interinos “muy insuficiente”
El debilitamiento de las oficinas de la Seguridad Social –con un tercio en riesgo de cierre– es un hecho, reconocido incluso por el Ministerio que dirige José Luis Escrivá. El departamento advertía hace unos días del “abandono” de la entidad “desde comienzos de la pasada década” y destacaba sus esfuerzos por reforzar el personal con la entrada de 1.600 interinos para “mejorar la atención al ciudadano” de manera inmediata. “Se está trabajando intensamente para mitigar los problemas de plantilla”, responden a elDiario.es en el Ministerio de la Seguridad Social, con ofertas públicas de empleo y también más medidas para “la eficiencia en la gestión”.
Los sindicatos mayoritarios consideran “insuficiente” el apoyo con interinos, que requieren además de meses de aprendizaje para funcionar de manera autónoma, advierten. Reclaman que la falta de personal se cubra con plazas estables, con ofertas de empleo público más numerosas que cubran los efectivos que se necesitan en estos momentos (hay “más de 5.000 plazas vacantes sin cubrir a día de hoy”, destaca CSIF), y que además se atienda a las previsiones de jubilación cercana de una gran parte de la plantilla. También exigen que se flexibilicen los propios procesos selectivos, con criterios muy restrictivos y lentos en el acceso.
“El 82% de la plantilla ya tenemos más de 50 años”, recuerda Ignacio Galán, portavoz de CCOO. El sindicato publicó en abril varios estudios sobre el estado de la Seguridad Social en los que alertaba de que en cinco años se jubilarán 6.321 empleados públicos, el 28% de la plantilla actual. En diez años las bajas alcanzarán casi a dos tercios del personal: al 64,33% de los trabajadores.
“Si este año se jubilan mil personas, otras mil lo hicieron el pasado, 1.500 más lo harán al que viene... No estamos en contra de que metan 1.600 interinos, que se nos entienda, pero es muy insuficiente ante la situación que vive la Seguridad Social. Necesitamos mucho más personal”, explica Ricardo Aguirre, representante de CSIF.
En la Seguridad Social sostienen que los 1.600 interinos ocuparán con urgencia puestos vacantes, con una cobertura temporal “en tanto se resuelve la convocatoria” de las plazas fijas. Respecto a los interinos del subgrupo A2 (645 trabajadores), la convocatoria “se realizará de forma inminente”, dice el Ministerio, mientras que los interinos del subgrupo C1 (970 personas) dependen del “Ministerio de Hacienda y Función Pública”.