La pesadilla de la española CAF en Brasil: multa millonaria por amañar contratos y condena por fraude en licitaciones
De maná de contratos millonarios a pesadilla. En eso se ha convertido Brasil para la española Construcción y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF). La multa de 39 millones de euros que acaba de imponerle su Autoridad de la Competencia, el Conselho Administrativo de Defesa Económica (CADE), es un capítulo más de las tribulaciones del fabricante de trenes guipuzcoano en el gigante brasileño desde que, en 2013, la multinacional Siemens destapó la existencia de un cártel multinacional en el suministro de material ferroviario en varios estados del país.
Esa denuncia de Siemens se ha saldado, por ahora, con esa sanción millonaria del CADE para CAF (le ha caído la mayor multa de las impuestas al cártel) y se suma a varias denuncias de la Fiscalía brasileña contra los integrantes de esos acuerdos ilegales aún pendientes de resolución. En noviembre, un directivo del grupo español fue condenado por fraude en licitaciones públicas.
El CADE anunció el 8 de julio 126,5 millones de euros en multas a 11 empresas y 42 personas físicas por formar parte de un cártel que permitió a sus integrantes (empresas y funcionarios públicos) manipular “al menos” 26 licitaciones públicas de trenes y metros en los Estados de São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais y Rio Grande do Sul entre los años 1999 y 2013.
A CAF le correspondió la mayor sanción, los citados 39 millones de euros, y cuatro directivos de la española fueron multados, a título personal, con casi 180.000 euros. Además del evidente daño reputacional, la resolución, ante la que cabe recurso, recomienda que se prohíba al núcleo duro del cártel (formado por la multinacional francesa Alstom, la canadiense Bombardier y la empresa española) acceder a subvenciones públicas en Brasil durante cinco años.
La buena noticia para CAF es que el organismo no ha vetado a la compañía en licitaciones públicas, como le ha ocurrido a Alstom, que estaba presente en todas las licitaciones amañadas. La importancia de Brasil para CAF ha decrecido en los últimos años, pero tradicionalmente ha sido uno de sus principales mercados. En 2018, todavía suponía en torno al 4% de su plantilla y facturación. En 2017, aún representaba más del 9% de sus ventas. En 2016, su peso en el global superaba el 16% y un año antes alcanzaba el 18%.
A preguntas sobre este asunto, CAF señala que no ha cometido ninguna irregularidad y que está a la espera de recibir la notificación de la resolución del CADE. La compañía, que el día en que el Diario Oficial de Brasil publicaba el acta de la resolución del CADE anunció a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que Milán va a comprarle 250 autobuses eléctricos por 192 millones, es parca en explicaciones sobre sus problemas en Brasil.
“No vamos a hacer ninguna declaración o valoración sobre el tema, ni dar ningún detalle”, señala un portavoz, que indica no obstante que “el tema” está “todavía” en vía administrativa y mantiene que la compañía intentará demostrar que ha “cumplido con la legalidad”.
En una estrategia defensiva propia en una empresa que sienta en su consejo de administración desde 1992 al ex portero de la Real Sociedad y la Selección Española de fútbol Luis Miguel Arkonada, la compañía cita muy someramente sus problemas en Brasil en su último informe anual.
En ese documento, explica que, a cierre del ejercicio 2018, la investigación del CADE (entonces todavía pendiente de resolución) podía derivar en “multas administrativas, reembolso de posibles gastos adicionales, una potencial inhabilitación por un período determinado en nuevas ofertas y/o cargos criminales”.
Bloqueo de cuentas y “procedimientos judiciales”
Añadía CAF que “como resultado de la información obtenida en dicho proceso [del CADE], se decretó un bloqueo sobre una cuenta corriente por importe de 203 miles de euros” y “otras autoridades, entre ellas el Ministerio Público Estadual de Sao Paulo-MP/SP, han iniciado procedimientos judiciales”, sin más detalles.
Uno de esos procedimientos fue resuelto en noviembre. Una jueza de lo penal de la metrópoli paulista, Roseane Cristina de Aguiar Almeida, condenó al directivo de CAF Agenor Marinho Contente Filho a dos años de detención (en régimen abierto) y al pago de una sanción pecuniaria equivalente al 2% del valor de un contrato adjudicado a la española por la compañía pública de metro de Sao Paulo.
El directivo, que fue absuelto de las acusaciones de delito fiscal, fue condenado por vulneración del artículo 90 de la ley de Licitaciones brasileña, que prohíbe “defraudar, mediante ajuste, combinación o cualquier otro expediente, el carácter competitivo del procedimiento de licitación, con la intención de obtener, para sí o para un tercero, una ventaja en la adjudicación”. Fue el único condenado en un procedimiento que inicialmente iba dirigido contra siete personas.
Este directivo de CAF ya fue señalado en 2017 por el exgobernador de Mato Grosso Silval Barbosa (encarcelado ese año) en un supuesto soborno de la española a cambio de adjudicaciones. Y su nombre aparecía en otra denuncia de la Fiscalía paulista de febrero de 2017 por supuestos actos de corrupción y blanqueo de capitales en las obras de la línea 5 del metro de esa ciudad.
A través de un “sofisticado esquema de cartel y corrupción internacional, por medio del cual los grupos Alstom, Siemens, DaimlerChrysler, Mitsui, CAF y T Trans habrían defraudado el carácter competitivo del procedimiento de licitación” habrían obtenido “ventajas y beneficios ilegales ” a través del pago de comisiones a funcionarios públicos utilizando sociedades offshore en Uruguay y Brasil y cuentas bancarias en Luxemburgo y Suiza, con contratos ficticios de consultoría con intermediarios de los beneficiarios de esas comisiones para dar “apariencia de legitimidad a los pagos ilegales” y “ocultar el origen ilícito de los fondos”.
El juez federal decretó el archivo de las actuaciones contra Marinho, pero en el marco de ese procedimiento acordó la apertura de una pieza separada para investigar la compra de 12 trenes españoles para el metro paulista en 1995 ante la existencia de “indicios de corrupción y blanqueo de capitales en la prorrogación del contrato estatal con el Consorcio Ferroviario Español-Brasileño (Cofesbra)”, formado por CAF, Alstom y Bombardier.
La denuncia inicial presentada en marzo de 2016 en el procedimiento cerrado en noviembre con condena para ese directivo de CAF apuntaba también a otro directivo de la española y cinco de Alstom. Entre ellos, el español Antonio Oporto, que tras dejar la dirección de la multinacional en España en 2010 recaló en el Círculo de Empresarios. En 2013, Oporto, técnico comercial del Estado, fue colocado por el entonces ministro Luis de Guindos (ambos son compañeros de promoción) como consejero en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD).
