Brasil deja en evidencia a España: desmonta un cártel ferroviario y prohíbe a su líder contratar con la Administración
La Autoridad de la Competencia de Brasil, el Conselho Administrativo de Defesa Económica (CADE), ha anunciado esta semana sanciones millonarias a un cártel por el amaño de licitaciones en el sector ferroviario y ha decretado la prohibición de contratar durante cinco años con cualquier Administración brasileña para una de las implicadas, la francesa Alstom.
Tal y como advierten expertos en Competencia consultados, la contundencia del regulador brasileño en el conocido como cártel del metro de Sao Paulo, en el que ha tenido un papel muy relevante el fabricante español de trenes CAF (el grupo vasco se ha llevado la mayor sanción económica), contrasta con la lentitud que está caracterizando a la Administración española en un procedimiento similar que afecta también al sector ferroviario y que implica a algunas de las mayores constructoras del país.
El CADE anunció el lunes la imposición de multas por importe de 535,1 millones de reales (unos 126,5 millones de euros) a 11 empresas (515,6 millones de reales en sanciones) y 42 personas físicas (19,5 millones de reales en multas) por formar parte de ese cártel, que permitió a sus integrantes (empresas y funcionarios públicos) manipular “al menos” 26 licitaciones públicas de trenes y metros en los Estados de São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais y Rio Grande do Sul entre los años 1999 y 2013. El proceso discurre en paralelo a varios procedimientos por la vía penal en los que todavía no hay sentencia firme.
En el caso de Alstom, la multinacional francesa formaba parte de los ocho proyectos en los que participaban los miembros de estos acuerdos ilegales. El CADE ha resuelto aplicar durante cinco años a su filial Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda la “prohibición de participar, directa o indirectamente”, en licitaciones de material ferroviario lanzadas por la Administración Pública brasileña de cualquier ámbito (federal, estatal, municipal…).
La resolución, que es recurrible, impone al grupo francés una sanción económica de 128,6 millones de reales, muy inferior a la que había propuesto el instructor del expediente, que ascendía a más de 530 millones de reales (unos 125 millones de euros).
El acta de la resolución del CADE publicada el pasado miércoles refleja que la mayor sanción económica (167 millones de reais, casi 40 millones de euros), no ha recaído en Alstom, sino en la española CAF.
El organismo brasileño también ha multado a al menos cuatro directivos de la española y ha recomendado que se le prohíba el acceso a subvenciones públicas en Brasil durante un periodo de cinco años. Esta recomendación afecta a la compañía guipuzcoana, a Alstom y a Bombardier. Las tres conformaban el núcleo duro de esos acuerdos ilegales y han recibido las mayores sanciones.
Preguntada por este asunto, CAF se limita a señalar que está “a la espera de toda la documentación”. “Mantenemos que hemos cumplido con la legalidad”, dice un portavoz.
Denuncia de Siemens
Los hechos fueron denunciados en 2013 por una de las integrantes del cártel, la alemana Siemens, la misma que, junto a Alstom, reveló la existencia de las prácticas prohibidas en España que sancionó en marzo pasado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Hace cuatro meses, el súperregulador impuso más de 118 millones de euros en multas a 15 empresas por crear tres cárteles con los que sus integrantes se repartieron durante más de una década más de 1.000 millones de euros en licitaciones de Adif en el mercado de instalaciones ferroviarias, la mayoría (por importe de unos 900 millones) relacionadas con el AVE.
La CNMC pidió por primera vez en España que se vete como contratistas de la Administración a la mayoría de las integrantes de ese cártel (entre ellas, grandes constructoras como ACS, OHL o Sacyr), sin que hasta el momento el Ministerio de Hacienda (del que depende la decisión final) haya movido ficha.
Las empresas han tratado de bloquear la prohibición en la Audiencia Nacional y, como el veto no ha llegado a aplicarse, han seguido adjudicándose contratos. Hasta mediados de junio, acumulaban más de 130 millones de euros en adjudicaciones desde que se anunció la multa de la CNMC, lo que supera el importe de las sanciones impuestas.
En España, CAF está siendo investigada desde hace un año por la CNMC ante la posible existencia de “prácticas restrictivas de la competencia en la prestación de los servicios de suministro, instalación, puesta en servicio y mantenimiento de los sistemas de seguridad, de control y gestión del tráfico, de comunicaciones y de protección ferroviaria para la red de ferrocarril convencional y de alta velocidad ferroviaria en España”. Ese expediente sancionador fue incoado en el marco de la investigación del denominado cártel del AVE.
