El aumento de las desigualdades en términos de ingreso, que están a niveles récord en las últimas tres décadas y se han agravado con la crisis sobre todo en países como España, afectan negativamente de forma negativa al crecimiento a medio plazo del producto interior bruto (PIB), según la OCDE.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó en un informe publicado hoy que los ingresos del 10% de la población más rica en sus países miembros son 9,5 veces superiores a los del 10% más pobre, cuando en los años 1980 eran 7 veces mayores.
Chile es, con 0,503, el país con más desigualdades aplicando el índice Gini (que varía de 0 a 1) con los datos disponibles de 2011, seguido de México (0,482), Turquía (0,412), Estados Unidos (0,389), Israel (0,377), España (0,344) y el Reino Unido (0,344).
España fue el país en el que la reducción de desigualdades entre 1985 y 2005 incrementó más su PIB entre 1990 y 2010, en concreto 6,4 puntos.
La reducción de la fractura de los ingresos tuvo también efectos positivos sobre la actividad en Irlanda (4,4 puntos de PIB en esos 20 años) y en Francia (3,6 puntos).
Por el contrario, la ampliación de esas diferencias de ingresos entre 1985 y 2005 le costó a Nueva Zelanda 15,5 puntos de PIB entre 1990 y 2010, 11,3 puntos a México, 8,6 puntos a Finlandia o 8,5 puntos a Noruega.
Se da la paradoja de que España es el país de la OCDE en el que más han subido las desigualdades con la crisis, entre 2007 y 2011, de acuerdo con un informe publicado en junio pasado: su índice Gini pasó de 0,306 a 0,344 mientras en el conjunto de los 34 miembros pasaba de 0,314 a 0,315.
Es una tendencia que, de confirmarse en España, amputaría el crecimiento en el futuro a medio plazo, en línea con las conclusiones de los autores de este nuevo estudio.
La OCDE considera que “es probable” que las políticas que ponen coto al aumento de la brecha en los ingresos y que invierten el movimiento “harán sociedades más ricas, además de volverlas menos injustas.
Su argumentación es que esas desigualdades, al condicionar las perspectivas de instrucción y de promoción social de los menos favorecidos, limitan su movilidad social y el desarrollo de competencias.
En concreto, precisa que “el capital humano de las personas cuyos padres tienen un débil nivel de instrucción disminuye a medida que las desigualdades de ingresos son más pronunciadas”.
Por eso, insiste en que la redistribución, a través de los impuestos y de las prestaciones sociales, no perjudica al crecimiento, aunque reconoce que, si las políticas no son selectivas o no se concentran en los instrumentos eficaces, pueden dar lugar a un despilfarro de fondos.
La OCDE destaca que no se trata únicamente de actuar a favor de los pobres o del 10 % de la población menos favorecida, sino que hay que preocuparse con carácter general del 40 % de los que tienen los ingresos más reducidos.
Se trata de preocuparse por “las clases medias inferiores vulnerables, que corren el riesgo de no poder beneficiarse de la recuperación y del crecimiento futuro, ni aportar su contribución”.
“El pago de prestaciones (sociales) al contado, pero también el refuerzo del acceso a los servicios públicos -entre otros a la educación, a la formación y a una sanidad de calidad- son inversiones sociales que deben traducirse a largo plazo en más igualdad de oportunidades”, indica el “Club de los países desarrollados”.