El Gobierno comienza el nuevo curso político con muchos frentes abiertos: presupuestos, mesa de negociación en Catalunya, renovación de los poderes del Estado... y la fusión de Bankia y CaixaBank. Por el momento se conoce únicamente el comienzo de unas negociaciones que podrían culminar con una unión para construir la mayor entidad financiera de España, pero este hecho ya ha supuesto un terremoto, también entre los socios del Ejecutivo. Y entre todas las cuestiones que aparecen sobre la mesa del Estado, máximo accionista de Bankia, se dibuja una pregunta: controlar el 60% del cuarto banco español o poseer un 14% –accionariado que se apunta que retendría el FROB– del mayor grupo financiero español y décimo de Europa.
Es decir, elegir entre controlar una entidad financiera mediana o ser el segundo accionista, por detrás de la Fundación La Caixa, en un banco de gran tamaño. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió este lunes la operación pese a que la participación del Estado quedaría recortada, al entender que mejora la “cohesión territorial”, camina hacia un sector “más saneado” y “maximiza” el valor de las acciones del FROB, presente en la entidad desde el rescate en 2012.
Aunque el valor económico, tomando como referencia la cotización en Bolsa, es el mismo –el 60% de un grupo con capitalización de 4.200 millones o el 14% de una entidad valorada en unos 16.300 millones–, de completarse la operación habría diferentes repercusiones. La primera es que se acaba con el debate de crear una banca pública en España sirviéndose de Bankia, como solicitaba Unidas Podemos, socio del PSOE en el Gobierno. Sánchez volvió a zanjar el asunto limitando la presencia del sector público en la actividad financiera en el Instituto de Crédito Oficial.
El analista Miguel Carrión añade que con esta operación el Estado pierde un poder, el de control de una entidad para poder realizar políticas de banca pública, que nunca llegó a ejercer realmente. “Tener el control del accionariado no ha significado nada”, apunta. Entiende Carrión que aunque ha ido en el programa de Unidas Podemos, nunca se ha llegado a concretar en España el “para qué” de tener un banco público, una propuesta que tampoco estaba en el programa del Gobierno de coalición. La voz del Estado en el nuevo grupo, apunta Carrión, se vería restringida incluso teniendo “uno o dos” representantes en el consejo de administración.
Ignacio Muro, de Economistas frente a la Crisis, considera que se ha gestionado Bankia sin tener en cuenta el “valor social” que podría haber aportado la participación del Estado, puesto que estaba controlada por el FROB, cuyo objetivo es la desinversión y no por la SEPI u otro mecanismo.“No ha habido una lógica pública” en Bankia, subraya el economista. Sin embargo, argumenta que si la negociación para la fusión se hace exigiendo el Estado ciertas “condiciones”, puede mantener un peso político en la toma de decisión de la entidad resultante.
Sin control pero mayor valor de las acciones
Partiendo de que el Estado perdería así un control sobre una de las principales entidades financieras del país, quedaría por abordar si pese a diluirse en una posición secundaria el accionariado de la nueva entidad, el FROB puede revalorizar su participación. Carrión considera que las acciones en Bankia se estaban viendo “lastradas” por ser un banco rescatado y que, por tanto, se podrían revalorizar con esta operación. Además, entiende que si se realizase el acuerdo en base al valor en libros de ambas entidades, su participación podría llegar al 21%, frente al 14% que se da como referencia en base a la capitalización en Bolsa de ambos grupos. “Al Gobierno le interesa que sea lo más alta posible”, señala.
Muro añade que Bankia se ha visto, a su vez, arrastrada por un sector bancario que no consigue captar a inversores. “Los bancos van cayendo en capitalización porque no le ven futuro a este negocio”, apunta. Además, señala que la entidad rescatada ha mostrado peor comportamiento en Bolsa que otros competidores y señala a su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, como el responsable: “No ha estado bien gestionada”.
El Estado rescató con 24.000 millones de euros una entidad, de los que apenas ha recuperado algo más de 3.000 millones. Por tanto, se mira con lupa cuánto pueda captar en un futuro con su participación en el nuevo grupo que surgiera de esta operación. Juan Abellán, profesor de la EAE Business School, considera que el Estado gana con la operación porque “cambia sus acciones en Bankia por las de un grupo mayor y con mayores rentabilidades”, que se vería impulsado si mejorase la tendencia del sector financiero. “Es más ventajoso eso que intentar seguir en Bankia”, argumenta.
Carrión entiende que dependiendo de cómo se gestione la negociación, el Estado podría recuperar “una parte” de las ayudas que inyectó el Estado en Bankia. Muro, de Economistas frente a la Crisis, tiene más dudas y considera que “si la nueva sociedad está más saneada”, el Estado puede tener “plusvalías” por su participación, pero que eso dependerá del futuro del sector, al que todavía le falta por afrontar turbulencias ocasionadas por el coronavirus.
A día de hoy los expertos no contemplan una recuperación del 100%, con unos bancos lastrados en Bolsa desde antes incluso de la pandemia. “Se puede recuperar una parte, pero el todo es muy complicado”, subraya Fernando Rojas, consultor de banca de Analistas Financieros Internacionales (AFI). Rojas argumenta que la operación es “positiva” y mejora el valor de la participación del Estado al pasar a participar en una entidad “más solvente y rentable”. “La operación hace prever que su participación puede tener más valor”, señala. “El mercado ha entendido que valen más juntas Bankia y CaixaBank que por separado, lo ve con muy buenos ojos”, asegura en referencia a la respuesta que ha dado la Bolsa al anuncio de las negociaciones, con fuertes subidas de ambos bancos.
Moody's no ve una institución más fuerte “inmediatamente”
En esta idea coinciden los expertos, aunque este lunes la agencia de calificación Moody's enfrió esta expectativa: “el acuerdo podría no crear inmediatamente una institución más fuerte”. En concreto, apunta que las ganancias de eficiencia y los costes de la reestructuración (cierres de sucursales y despidos de trabajadores) harían que los beneficios de la operación no fueran inmediatos.
Una vez asumida la pérdida de poder, que nunca se ejerció, pero la mejora de la valoración en Bolsa de la participación, la siguiente derivada que ven los expertos es que se allana el camino para el Estado si decidiera vender su participación en el futuro. Al tratarse de una entidad, según apuntan los analistas, más saneada y rentable, el valor de la acción se verá impulsado. Además, se considera que al no ser una posición de control en el accionariado, el Gobierno pueda ver más facilidades e interesados por comprar, aunque fuera por partes, su participación. “Es más fácil colocar el 14% de un banco que el 60% de otro”, considera el analista Miguel Carrión, una idea que comparten los otros expertos.
Sin embargo, coinciden en que “será una desinversión igualmente lenta”, como apunta Carrión y que por el momento seguirá formando parte del capital de la nueva entidad, si la operación llega a buen puerto. El Estado está comprometido con Europa desde el rescate de Bankia a salir de su accionariado. Sin embargo, la complicación para poder vender sin pérdidas millonarias ha ido retrasando la fecha final de su salida. “Va a ser políticamente comprometido”, reconoce el economista. “Vender ahora estaría mal visto”, enfatiza el profesor de EAE, Juan Abellán. Sin embargo, entiende que el modelo del nuevo banco, donde el Estado ya no sería accionista principal, incomodaría menos al BCE y daría una “posición más fuerte” al Gobierno para poder negociar prórrogas futuras de su desinversión.
De confirmarse la operación, el Estado va a protagonizar lo que será “el pistoletazo de salida” de un nuevo proceso de concentraciones bancarias en España, según apunta Rojas, de AFI. “El supervisor (BCE) ya ha puesto de relieve que para ser rentables, hay que unirse”, concluye.