La sociedad de inversión de capital variable (Sicav) de los propietarios del fabricante palentino de aperitivos Pipas Facundo ha abandonado todas sus posiciones en deuda española tras trascender el año pasado que la familia, los Villagrá Blanco, se acogió en 2012 a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro,
Según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a lo largo de este año Rodavi Capital Sicav SA ha reducido a cero su tenencia de bonos del Estado español. Rodavi llegó a tener el año pasado casi un millón de euros en estos bonos, que suponían su principal inversión al representar un 7,21% de su cartera. A cierre de 2016, acumulaba bonos del Tesoro Público emitidos en junio de 2015 y con vencimiento el 30 de julio de 2020 que tenían un valor de mercado de 936.000 euros.
Estos títulos han desaparecido de su abanico de inversiones. A lo largo del año, Rodavi también se ha desprendido de 61 títulos de la empresa semipública Aena adquiridos el año pasado.
La sicav se constituyó el 24 de noviembre de 2014 con un capital similar al aflorado por los patriarcas de la familia dos años antes en la amnistía fiscal, una polémica medida recientemente anulada por el Tribunal Constitucional aunque sin efectos prácticos para sus beneficiarios por mor de la “seguridad jurídica”.
En la amnistía, los Villagrá Blanco legalizaron 11,2 millones, como reveló en junio de 2016 la investigación de Los Papeles de la Castellana. La mayor parte, 10,9 millones, correspondió a una de las hijas de los fundadores de la empresa de aperitivos, Rosa María Blanco; y su marido, Vicente Villagrá, presidente de Facundo Blanco SA y de la Cámara de Comercio de Palencia, afloró otros 262.762 euros. La cuota a pagar por ambos fue de 337.405 euros, el 3% del dinero que ocultaban en varias cuentas de la entidad suiza UBS.
Presidida por Rosa Blanco, Rodavi tiene como consejeros a su marido y a uno de los hijos de ambos, Vicente Facundo Villagrá Blanco. Al cierre del primer semestre de año, su patrimonio había crecido hasta los 13,616 millones de euros, un 4,9% más que un año antes.
En noviembre pasado, unos meses después de salir a la luz su amnistía fiscal, el todavía presidente de la Cámara de Comercio de Palencia reapareció para pedir al Gobierno entonces recién formado “que no se dé ni un solo paso atrás en la reforma laboral” que puso en marcha el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012, el año de la amnistía fiscal.
Villagrá, presidente de ese órgano de representación de los empresarios palentinos desde hace dos décadas, reapareció tras un silencio de más de cinco meses para recuperar su habitual discurso a favor de reducir el gasto público, bajar impuestos, abaratar las cuotas empresariales a la Seguridad Social y profundizar “de verdad” en la reforma laboral. “Hemos vivido un 30% por encima de nuestras posibilidades”, aseguró por ejemplo en 2010, dos años antes de acogerse a la amnistía.