España, la eurozona y el resto del mundo enfrentan un contexto económico excepcional. Terreno desconocido. “Una mezcla de problemas de la crisis del petróleo y de la hiperinflación de los 70-80 con los problemas europeos de la crisis de deuda de 2010-12”, condensa Víctor Gómez Blanco, investigador en la Universidad Complutense y en la Carlos III de Madrid. En esta coyuntura dominada por la incertidumbre que supone la salida de la pandemia de COVID y la invasión rusa de Ucrania, el Gobierno renueva este sábado, en un Consejo de Ministros extraordinario, el Plan de respuesta al impacto de la guerra y de las subidas de precios descontroladas.
Lo que se sabe hasta ahora es que el Ejecutivo incluirá entre las medidas una rebaja del IVA (Impuesto sobre el valor añadido) a la electricidad del ya reducido 10% al 5% y que prorrogará el descuento a los carburantes, hasta el 30 de junio y desde el 1 de abril de 20 céntimos por litro. Pese a los cuestionables resultados en ambos casos respecto a los objetivos de bajar los precios de la factura de la luz o de llenar el tanque de gasolina.
Estas dos partidas supondrán el mayor coste de dinero público del nuevo paquete si se toma como referencia la descomposición del Plan de choque de cerca de 6.000 millones de euros que se extingue a final de mes, al margen de otras medidas como el tope al gas, las facilidades de financiación para empresas a través de los préstamos del ICO o de una subida de impuestos a las eléctricas, aún pendiente de definir. Y ambas encuentran la oposición frontal de los expertos y hasta de la Comisión Europea. “Lo de rebajar impuestos me parece insensato”, lamenta Albert Recio, profesor de economía aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona y miembro del consejo científico de Attac.
“En el fantástico artículo de la National Bureau of Economic Research, organización de Estados Unidos, What goes up may not come down: asymmetric incidence of value-added taxes [Lo que sube puede no bajar: incidencia asimétrica de los impuestos al valor añadido, desde el inglés] queda reflejado que las bajadas y subidas de impuestos se transmiten de manera asimétrica al consumidor final. En concreto, las empresas transmitían las bajadas del IVA en un porcentaje mucho menor (43%) que las subidas equivalentes (86%). Las bajadas del IVA de la electricidad y la gasolina se producen además en mercados con baja competitividad y de productos de primera necesidad, por lo que es previsible que la elasticidad de la demanda sea baja [la demanda no varía con los cambios de precios], mientras que la de la oferta sea alta, pudiendo hacer aún más perjudicial este problema de asimetría de los impuestos/subvenciones”, explica el economista Víctor Gómez Blanco.
El descuento a los carburantes es “la medida más cuestionable por su aplicación a todos los consumidores: tanto turistas con un poder adquisitivo elevado como autónomos con bajo nivel de ingresos que necesitan su vehículo para trabajar. Sería deseable transitar hacia medidas focalizadas”, añade Raymond Torres, director de coyuntura del centro de análisis Funcas. “Se subsidia a rentas altas, es regresivo, aumenta los precios finales, se está financiando la contaminación”, incide Juan Luis Jiménez, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
“En este ámbito quizás sería más útil destinar las subvenciones a los carburantes o las bajadas de impuestos a la electricidad a los colectivos más perjudicados o vulnerables. Por ejemplo, destinando las ayudas de los carburantes a pequeños transportistas. También podría ser interesante aplicar medidas que busquen incrementar la competencia en el sector de las gasolineras y el eléctrico. En ambos sectores, España se ha situado tradicionalmente como uno de los países con mayores precios antes de impuestos, lo que se ha achacado tradicionalmente a la baja competencia. Estas medidas difícilmente podrían tener un efecto instantáneo a corto plazo, pero podría ser un buen momento para iniciar un punto de inflexión en estos mercados”, continúa el investigador Víctor Gómez Blanco.
Una de las primeras cuestiones que hay que plantear es cuánto margen fiscal tiene España para poner en marcha un gran paquete de medidas que implique un mayor gasto y menos ingresos, y según se considere se deberían estudiar el enfoque y las prioridades. Nuestro país y muchos otros como Italia o Portugal han salido de la pandemia con un sobreendeudamiento histórico, que ha exigido la crisis sanitaria, social y económica del COVID y que han permitido tanto la extraordinaria política monetaria como fiscal de la Unión Europea (UE), con programas y fondos para ejecutar inversiones y para rebajar a mínimos el coste de la financiación.
El Banco Central Europeo (BCE) ha comenzado ya a desmantelar la era de los préstamos baratos para dejar de alimentar la inflación, según la teoría ortodoxa, acelerando en cambio el riesgo de recesión, en pleno frenazo de la recuperación económica por el incrementos de los costes de las empresas y, sobre todo, por el daño al poder adquisitivo de las familias precisamente por la escalada de los precios, originada en la salida de pandemia y acelerada por el impacto de la guerra en la energía.
La decisión del BCE ha traído del dramático recuerdo de la crisis del euro la preocupación por el déficit estructural [la diferencias entre el gasto público y los ingresos] y por la prima de riesgo sin garantías de eficacia contra las subidas de precios, sobre todo las relacionadas con los oligopolios energéticos o los mercados internacionales de materias primas, y con la amenaza de acabar de asfixiar a las familias. Según un estudio reciente de la consultora Kantar, el 40% de ellas ya ha recortado sus gastos para hacer frente a la inflación y un 17% tira de ahorros.
“La principal variable en juego será que el BCE evite un incremento desproporcionado de los tipos de interés, para lo que hay experiencia y herramientas suficientes. No creo que los niveles actuales de deuda deban ser un problema en el corto plazo, aunque sí se requerirán programas de ajuste aumentando la recaudación y conteniendo el gasto en años posteriores, cuando las principales dificultades: cuellos de botella, incremento del precio de las materias primas y especialmente problemas de suministro de petróleo y gas, se hayan superado”, apunta Víctor Gómez Blanco.
“Un problema paralelo que debemos tener en cuenta es que la mayoría de las herramientas que puede desplegar el BCE para ayudar a los países con problemas de deuda requieren condicionalidad, es decir, realización de políticas (fiscales, laborales, competencia, etc.) que pueden ser muy costosas en términos electorales. Este aspecto cobrará gran relevancia en un contexto de próximas elecciones nacionales en muchos de los países afectados (por ejemplo, España y Grecia en 2023) y puede complicar la aplicación de dichas herramientas”, advierte el economista de la Complutense y la Carlos III.
Las previsiones, entre ellas la de la AIReF (Autoridad independiente de responsabilidad fiscal) apuntan a una reducción del déficit en los próximos años, en parte gracias al crecimiento económico y también por la mayor recaudación, tanto por la propia recuperación de la actividad y del empleo como por los mayores ingresos fiscales como consecuencia “positiva” de la inflación (más precio, más IVA).
“Todo apunta a que pronto tendremos otro ajuste fiscal y la única posibilidad de evitar que sea otro desastre es aumentando impuestos en aquellos donde hay margen, más que de tipos más altos, salvo en algunos casos, seguramente lo que hay que hacer es cortar desgravaciones y rebajas fiscales”, coincide Albert Recio, de Attac.
“Hay que preocuparse a la vez por el margen fiscal y la compensación del efecto de la inflación. Los objetivos parecen contradictorios, pero en el fondo no lo son si se abordan desde una perspectiva de medio plazo. A corto plazo es crucial mitigar el impacto de la inflación en los colectivos vulnerables y las empresas más expuestas a la crisis energética, so pena de desgarrar el tejido productivo y agravar el malestar social. Pero a medio plazo una corrección de los desequilibrios es imprescindible para la sostenibilidad financiera del país”, observa, por su parte, Raymond Torres, de Funcas.
“Para mí, lo esencial es proteger rentas. En los últimos años, los grandes perdedores son el 50% de los hogares con menos ingresos. Y ahora las subidas de los alimentos afectan especialmente a los más pobres”, comenta el profesor Albert Recio. Una realidad económica que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha propuesto atajar con un cheque de 300 euros para las personas “más golpeadas” por la inflación.
“Una posibilidad es extender el Ingreso Mínimo Vital (IMV), permitiendo que más gente accediera y una cantidad más generosa, pero tiene el problema que puede tardar en aplicarse (aunque beneficiaría de golpe a los que ya lo reciben). Otra posibilidad es aplicar una ayuda vía IRPF hasta determinado nivel de renta, o de cuantía decreciente (y cuya percepción se podría adelantar recalculando las retenciones de salarios)”, continúa Albert Recio.
“No me parece mal lo de rebajar el transporte público, que es mucho más utilizado por la gente pobre [propuesta que ha llegado desde la parte del Gobierno vinculada a Unidas Podemos]. Se pueden también pensar medidas de pagos en servicios públicos, por ejemplo comedores escolares”, prosigue. “Sobre las ayudas al transporte público, según la evidencia empírica, el problema no es el precio, sino el tiempo y la calidad. Mejorando estos dos últimos, resolveremos el problema y atraeremos individuos al transporte público. Bajando el precio, será otra medida regresiva”, matiza el profesor Juan Luis Jiménez.
Existen también voces que llaman a intervenir en los mercados. “Sería necesario un organismo que analice, de entrada, todas las cadenas de fijación de precios para detectar dónde hay claros abusos o dónde puede haber cuellos de botella. No veo que la CNMC, con un enfoque muy neoliberal. lo haga. Y a partir de aquí introducir acciones allí donde están los problemas: impuestos, controles de precios, reformas de sectores, etc.”, profundiza el economista de Attac.
Un caso histórico ha sido el mercado de los alquileres. El primer Plan de choque estableció un límite del 2% a la actualización de los contratos ligados al IPC (Índice de precios de consumo). “Que los alquileres tengan cláusulas de revisión anual en función del IPC es un mecanismo de dar dinero a los ricos por el morro, puesto que los propietarios no experimentan alzas de costes (simplemente sacan rentas) y en cambio se benefician del alza general de precios”, critica Albet Recio, quien admite que este tipo de “intervención en los mercados está limitada por la UE y por la cultura económica imperante”.
Entre los socios de la eurozona, existen ejemplos de políticas diferentes a las tomadas en España como respuesta a la inflación. “Las ayudas al transporte público en Alemania y al ahorro energético en Países Bajos son adecuadas ante una crisis energética que va a durar”, señala Raymond Torres.
Por otra parte, Italia está diseñando un sistema de compensaciones a los consumidores vulnerables y empresas, con incentivos al ahorro energético. Mientras, Francia está estudiando una doble tarificación: “una plana para un volumen de consumo básico previamente establecido y una tarifa alineada con los precios del mercado para la parte del consumo que excede ese umbral básico”, detalla el economista de Funcas.
Aunque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apuntaba en una entrevista para elDiario.es en la necesidad de abordar un cambio más profundo del mercado energético: hay “que estudiar una reforma completa del mercado de la electricidad. Hoy, el precio del gas está definiendo el precio de la electricidad”. Von der Leyen plantea “un desacoplamiento, una reforma del mercado de la electricidad, es una de las tareas que hemos asumido como Comisión Europea para, en el medio y largo plazo, abordar los altos precios de la energía”.
Por último, numerosos expertos recuerdan que esta crisis es bastante estructural (sobre todo la parte que tiene que ver escasez de materiales y con lo agrario y ligado a los problemas climáticos), y, por tanto, no se le puede hacer frente con políticas de corto plazo. “Exige un cambio completo de organización económica que no está ni se la espera en las agendas económicas dominantes. Por ejemplo, en los fondos Next Generation que financian el Plan de Recuperación se dedica mucho dinero a promover el coche eléctrico y en cambio no hay ninguna gran línea de inversión en transporte público”, concluye Albert Recio.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Todas las repercusiones de la guerra de Ucrania en la economía mundial, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.