La nueva bajada del IVA de la luz anunciada este miércoles por Pedro Sánchez choca con las recomendaciones de los expertos, va contra las recetas de la Comisión Europea y se alinea con las peticiones del PP. El Ejecutivo, que hasta hace dos semanas la rechazaba, sostiene que “conviene tomar medidas adicionales” para defender una rebaja fiscal que permitirá un pequeño ahorro en la factura mientras la crisis energética amenaza con empeorar.
La anunciada bajada estará vigente en principio tres meses. Forma parte del Real Decreto-Ley que prevé aprobar el Consejo de Ministros extraordinario del próximo sábado para combatir la inflación. El recorte alcanzará el máximo permitido por una directiva del 5 de abril que fija el IVA mínimo para la electricidad en el 5%, frente al 4% del tipo superreducido.
La medida llega tras la rotunda victoria de los populares en las elecciones autonómicas del pasado domingo y después del estreno de la denominada solución ibérica con un ahorro algo menor del esperado. Va a profundizar en la rebaja del tipo actual, fijado hace un año (cuando los precios de la electricidad empezaron a descontrolarse) en el 10%, frente al 21% vigente hasta entonces, para los consumidores con hasta 10 kilovatios contratados.
A la espera de conocer si ese requisito de potencia se mantiene, el consultor y director de Renovables de Menta Energía, Francisco Valverde, calcula que la medida se va a traducir en una reducción de unos 4,5-5 euros en el recibo de un hogar medio, teniendo en cuenta la estimación para este mes de junio.
La medida se suma a la suspensión del impuesto a las generadoras y la reducción al mínimo (0,5%) del Impuesto Especial de Electricidad. El Ministerio de Hacienda estima que tendrá un coste de entre 200 y 400 millones al trimestre. Si se tiene en cuenta el anterior tipo del 21%, la merma para la recaudación se eleva a unos 600 millones al trimestre. El recorte alcanza 1.800 millones al trimestre con el resto de rebajas fiscales de la factura.
Frente a lo que ocurre con los carburantes de automoción, por ejemplo, a escala europea legalmente es posible reducir el IVA de la electricidad, pero muchos países de nuestro entorno mantienen tipos muy por encima del 5%. España se va a situar como el país de la UE que aplica un tipo más bajo junto con Malta. En Francia es del 5,5% pero solo en la parte fija (en la variable, la que depende del consumo, se aplica el 20%). En Grecia, del 6%; en Italia, del 10%; en Portugal, del 13% en la parte variable (y por el consumo de hasta 100 kilovatios hora; al resto se le aplica el tipo general del 23%); y en Alemania, del 19%.
Es un recorte que el PP lleva reclamando meses, aunque los populares han llegado a pedir un tipo del 4%, que no permite la directiva europea. “A la vista de la situación económica y social, la evolución de la inflación, las perspectivas del fin del conflicto y de los precios de la energía, entre otras consideraciones, el Gobierno considera que conviene tomar medidas adicionales, entre ellas esta”, explica el Ejecutivo, que indica que “mide sus tiempos y propuestas en función del desarrollo de la economía”, informa Rodrigo Ponce de León.
Hace dos semanas, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, rechazaba esta rebaja por “cosmética” e “insuficiente”. Pero la responsable de Hacienda, María Jesús Montero, defiende ahora que “sin duda” abaratará el recibo. Antes de esta crisis energética, Montero se negaba a tocar el IVA de la electricidad porque no iba “en línea con lo marcado por Europa”.
Ni entonces ni ahora. En abril, ya tras la invasión de Ucrania, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, remitió una carta a los gobiernos de la UE en la que advertía de que rebajar impuestos indirectos como el IVA “no es necesariamente la solución más eficaz para abordar la asequibilidad de la energía, especialmente si persisten los precios altos”. En esa misiva, critica este tipo de medidas por su escasa efectividad, por ser incoherentes con los objetivos climáticos para 2030 y ser poco equitativas, ya que no focalizan la ayuda en los más necesitados.
El cambio de criterio del Gobierno llega ante un escenario de inflación prolongada, a la vista de que la guerra en Ucrania se alarga y el shock energético derivado del conflicto bélico tiene pocos visos de solución a corto plazo; al contrario. La cotización del gas, que se ha multiplicado por seis en el último año, ha vuelto a dispararse en la última semana y está otra vez en niveles de marzo pasado, tras la invasión rusa.
Este miércoles, el máximo responsable de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, lanzaba un preocupante aviso e instaba a Europa, en declaraciones a Financial Times, a prepararse para un corte inminente de las exportaciones de Rusia.
Según el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, esta rebaja del IVA “es una medida del PSOE que no viene mal, pero ni de lejos es suficiente para proteger a las familias de la subida de la inflación y para que el Ejecutivo recupere la iniciativa política”. Su formación pide “medidas mucho más valientes, como un cheque de 300 euros a las familias y un abono transporte a 10 euros” que “tienen que pagar las grandes eléctricas y las grandes petroleras con más impuestos”.
La medida se ha anunciado mientras se concreta la subida impositiva que el Gobierno ha dicho que quiere aplicar a las energéticas para reducir los llamados beneficios caídos del cielo, como han hecho Italia, Reino Unido, Grecia o Hungría, y han recomendado, entre otras, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión Europea. Una medida que rechazaba este miércoles el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, que proponía como alternativa ajustar las pensiones.
Un “parche”
Rebajar aún más el IVA de la luz tiene pocos apoyos entre los expertos. Xavier Labandeira, catedrático de Economía en la Universidade de Vigo, experto en fiscalidad energética y uno de los miembros del comité de expertos para la reforma fiscal que asesoró recientemente al Gobierno, advierte por correo electrónico de que “bajadas fiscales de esta naturaleza pueden ser difícilmente reversibles y esta situación desbarataría las muy necesarias mejoras de eficiencia energética en el ámbito eléctrico”.
“En general, se mandan señales inadecuadas para la profunda transformación que será necesaria para cumplir con los objetivos energéticos y ambientales de 2030 y 2050”.
Labandeira apunta que “los impactos distributivos de la bajada del IVA de la electricidad son progresivos: benefician proporcionalmente más a los que menos tienen, pero el coste recaudatorio para el sector público se concentra en los grupos de mayor capacidad económica”. E insiste en “la conveniencia de arbitrar compensaciones distributivas dirigidas solo a los grupos vulnerables y sectores económicos acotados, idealmente no vinculadas al precio de la electricidad, para mejorar su efectividad distributiva, fomentar la eficiencia energética y minimizar el uso de recursos públicos”.
Diego Martínez, profesor titular en el Departamento de Economía de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y secretario general de Financiación Autonómica y Local en el Gobierno de Pedro Sánchez desde 2018 hasta 2020, cree que esta medida es un “parche” que puede ser “contraproducente” y “son más los inconvenientes que las ventajas”.
“Si pensamos que es un brote coyuntural y puntual de inflación”, una rebaja “temporal y acotada puede funcionar. Pero hay mucha gente, bancos centrales incluidos, que está pensando que este episodio de inflación va a durar hasta buena parte de 2023”.
“Si retrasamos darnos cuenta de que somos más pobres”, vamos “a retrasar un ajuste, distorsionar las señales de precios” y no se va a incentivar el ahorro de energía, dice Martínez, que advierte del riesgo de “captura” de parte de la rebaja por parte de las empresas.
Opinión que comparte el economista Juan Luis Jiménez, que cree que la medida es “regresiva” y “en un mercado con problemas de competencia” como el eléctrico, hay una “alta probabilidad” de que las eléctricas se apropien de la bajada.
En el caso del IVA de la luz, Diego Martínez estima que “un 50% aproximadamente se puede quedar en márgenes empresariales”, aunque no sea de forma “inmediata”. “Ya hay sospechas más que fundadas” de que eso ha ocurrido con la bonificación a los carburantes, recuerda. Por eso, pide un pacto de rentas para “minimizar los costes”, repartirlos y afrontar esta crisis con “actitud realista”, con transferencias de rentas “focalizadas” a los más vulnerables. No “con un cañonazo de una rebaja fiscal generalizada”.
Rebajar el IVA no estaba tampoco entre las recomendaciones del grupo de expertos al que el Gobierno encargó el año pasado la reforma fiscal, cuyas conclusiones se presentaron justo al inicio del conflicto bélico.
Como explica por correo electrónico Olga Cantó, que formó parte de ese comité y es profesora titular de Teoría Económica de la Universidad de Alcalá, “este tipo de medidas van justo en sentido contrario a las recomendaciones del informe” en cuanto a la fiscalidad para la transición ecológica “y, claramente, son cortoplacistas ya que no atajan el origen del problema”.
Ese grupo de sabios concluyó que España pierde demasiados ingresos por los múltiples productos y servicios asociados a los tipos reducidos y superreducidos de IVA, con una merma que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AirEF) ha cifrado en unos 30.000 millones anuales. El extenso documento de casi 800 páginas planteaba como medida a largo plazo un tipo común del IVA, que podría ser más reducido que el general, con compensaciones a las rentas bajas para evitar que este impuesto sea netamente regresivo.
El informe señalaba que “una reducción permanente del tipo del IVA aplicado sobre la electricidad”, además de ser incompatible con las recomendaciones del Comité, “podría derivar en excesivos costes recaudatorios y sobre-consumo eléctrico”, con las correspondientes implicaciones “de sobre-expansión del parque de generación y de mayores costes medioambientales asociados a mayores emisiones y nuevas instalaciones renovables”.
El impacto del tope al gas
Pero el documento hablaba de una bajada permanente, y situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias. Desde el ámbito de las asociaciones de consumidores, Facua cuestiona “que el PSOE eluda plantear la aplicación de nuevos impuestos a las compañías eléctricas y se limite a anunciar otra bajada del IVA de la luz”, aunque reconoce que “puede provocar otra pequeña disminución en el brutal incremento de la factura de la electricidad”.
Esta nueva rebaja fiscal se suma al tope ibérico al gas que, según explicó este miércoles en el Congreso la vicepresidenta Ribera, ha permitido en una semana un ahorro de entre 25 y 30 euros en el megavatio hora (MWh) por el que se factura la energía a los clientes directamente expuestos al mercado mayorista de electricidad, los de la tarifa regulada del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC).
Según Ribera, el tope ha permitido (contando la compensación a las eléctricas por la cotización de esa materia prima) que el precio medio de la electricidad para los beneficiarios de la medida se haya “quedado” en 249 euros. Sin él, habría alcanzado los 280 euros, frente a los 287 euros/MWh de Francia y los 303 de Italia. “Ha sido una buena medida incluso en las peores circunstancias, con la ola de calor, máxima demanda y mínima producción eólica y fotovoltaica, incluso en esta situación excepcional nos hemos ahorrado un buen pico ”, aseguró.