El plazo medio de pago a proveedores se redujo el pasado año tanto en el sector público como en el sector privado, hasta los 71 y 77 días, respectivamente, aunque en ambos casos continúa muy por encima de lo que marca la ley.
De acuerdo a los datos del “Informe sobre morosidad: Estudio plazos de pago en España 2016” presentado hoy por la Plataforma Sectorial contra la Morosidad (PMcM), el plazo medio de pago a proveedores en el sector público bajó un 5,3 %, de 75 a 71 días, lejos de los 30 días que marca la ley.
En cuanto al sector privado, redujo sus plazos de pago un 9,4 %, de 85 a 77 días, también muy por encima de los 60 días fijados por ley.
El presidente de la Plataforma, Antonio Cañete, ha precisado que en esta media hay una gran diferencia entre unas empresas y otras, ya que mientras los autónomos pagan a 44 días y las microempresas, a 50 días, las grandes empresas lo hacen a 126 días.
Esto genera una “tensión” para las pymes y autónomos, que abonan sus facturas a un plazo mayor al que cobran de sus clientes, ha considerado Cañete.
El estudio, elaborado con la información recogida en más de 700 encuestas, también revela que el 91 % de los proveedores que sufrieron impagos nunca o casi nunca exigieron a sus deudores intereses de demora y el 96 % de ellos no reclamaron la correspondiente indemnización.
En la mayoría de los casos (71 %) se debe al miedo a perder a los clientes en caso de tomar medidas, aunque todavía hay un 29 % que desconoce sus derechos en este sentido.
Además, el 68 % de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales que le exigían plazos de pago superiores a los legales, que “son nulos de pleno derecho”, como ha recordado Cañete, y que resulta de la actual “posición de dominio” de ciertas empresas.
En cuanto a los impagos, en 2016 bajaron al 2,4 % (desde el 4,4 % del año anterior), una morosidad que es responsable de un tercio de los cierres de empresas desde el inicio de la crisis.
Para combatir la morosidad, un 93 % de los encuestados aboga por imponer un régimen sancionador para los retrasos en el sector privado.
El pasado mes de enero, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, planteó la posibilidad de penalizar fiscalmente a las empresas que demoren los pagos a sus proveedores por encima de lo que establece la ley.
La que la PMcM quiere conocer “la letra pequeña” de esta propuesta y, con este objetivo, prepara una cumbre político-empresarial que se celebrará en los próximos meses.
Pese a esta buena evolución de los datos, Cañete ha alertado de un “riesgo de involución” en caso de que el proyecto de ley de contratación pública, actualmente en trámite parlamentario, se apruebe en sus términos actuales.
Por ello, la PMcM pide que se incluya la exigencia un plazo máximo de aprobación de certificaciones de cinco días, que se elimine la posibilidad de pacto entre partes, que se obligue al licitador a comprobar los pagos a los subcontratistas y que se permitan los pagos directos, unas enmiendas que prevén hacer suyas Ciudadanos, PDCAT y ERC.
Cañete ha cargado contra la CEOE por su reticencia a suscribir estas y otras propuestas para modificar la ley al considerar que no cuentan con consenso dentro de la organización, al considerar que con esta decisión no defiende a una parte del empresariado.